Caso Popular: la protección mutua entre España y Europa contra los afectados

El Mecanismo Único de Resolución (MUR) no funciona. Esta confesión da a entender que se aplicó en el Banco Popular un sistema imperfecto que provocó evidentes irregularidades en su aplicación. La primera de ellas, y fundamental, es que un mecanismo pensado para bancos insolventes o quebrados se aplicó en una entidad que era solvente y viable. Este hecho, por sí mismo, ya es causa de la nulidad absoluta de la operación. Sin embargo, ni la Justicia ni los organismos políticos españoles y europeos han tomado esa decisión aún cuando es evidente. ¿Por qué? ¿Quién está protegiendo a quién?Hay que recordar cómo, en una comparecencia ante la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo, Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha reconocido que «el marco de resolución puede que no esté dando los resultados que se esperaban». Es decir, que se utilizó al Popular y, por ende, a sus accionistas y bonistas como conejillos de Indias y valorar así cómo funcionaba el Mecanismo Único de Resolución (MUR) que, tras varios años, no había podido ser puesto en funcionamiento.La presunta connivencia del gobierno y, sobre todo, del Ministerio de Economía de Luis de Guindos y sus organismos dependientes, con la operación diabólica que terminó con la ruina de más de 1,2 millones de personas, incrementa su gravedad con la revelación del BCE.¿Por qué se llevó adelante la resolución si el mecanismo no se sabía si era el adecuado? El BCE tendría sus dudas, todo el mundo económico no las tenía todas consigo y, salvo Saracho, la resolución del Banco Popular se aplicó sin tener ningún tipo de garantía de que iba a ser efectivo y que iba a salvar al sistema financiero de la Eurozona. Eso sí, 1,2 millones de personas se convirtieron en víctimas de uno de los mayores errores cometidos por los organismos económicos de Europa.Europa tenía dudas de un mecanismo de resolución pensado para bancos en quiebra o insolventes y, a pesar de esto, no dudó en aplicarlo contra una entidad solvente, viable y capaz de generar 3.000 millones de capital por sus propios medios.Sin embargo, todo empezó antes y, ahí, la responsabilidad está en el Estado español y, sobre todo, en las actuaciones que tuvieron todas las instituciones económicas dependientes de Luis de Guindos y su Ministerio.En primer lugar, existe la sospecha de utilización de información privilegiada en la retirada de depósitos masiva por parte de las administraciones públicas.  El día 4 de enero de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió desestimar los autos de desestimación de Fernando Andreu sobre el uso de esta información privilegiada. El juez José Luis Calama Teixeira, en un auto fechado el día 14 de enero, trasladó esta querella al Decanato de la Audiencia Nacional para se iniciara la investigación sobre el presunto uso de información privilegiada por parte de las instituciones públicas a la hora de retirar depósitos del Banco Popular.La cronología de los hechos da pie para pensar que sí pudo huber filtraciones de información. El día 3 de junio de 2017 la JUR y el FROB decidieron que el Popular tenía que ser resuelto y enviaron cartas para las principales entidades financieras españolas para informarles del asunto y para que informaran si estaban en condiciones de presentar ofertas en un proceso de subasta que tendría lugar el día 7 de junio. El primer día laborable comenzó una retirada de depósitos que llegó a alcanzar los 7.000 millones de euros.Sin embargo, son más las instituciones las que tuvieron una incidencia directa o indirecta en la caída de la sexta entidad financiera de España. El Ministerio de Economía frenó la aplicación del plan de negocio aprobado por el Popular y en el que se hallaban medidas que hubieran tenido un impacto positivo en sus cuentas como, por ejemplo, el Proyecto Sunrise.El propio Luis de Guindos ya intentó que el Popular fuera comprado por otra entidad financiera y fracasó. Visto con perspectiva, parece que las compras de algunas cajas por otros bancos, con regalos de miles de millones de euros en capital, fueron mejores que la compra a pulmón del Banco Pastor por el Popular, a quien nunca se le ofrecieron las mismas condiciones.Por otro lado, tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas, sobre todo BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución y accionista del Popular) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho).Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.¿Qué habría pasado si la CNMV hubiese prohibido las operaciones a corto como sí hizo con Liberbank? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación.El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro.Por otro lado, el papel del Banco de España dejó mucho que desear a la hora de conceder más liquidez, puesto que, a sabiendas de que las garantías presentadas por Saracho no eran de las que disponía el Popular, tal y como reconoció el ex subgobernador Javier Alonso; que existían defectos de forma que podían ser resueltos en pocas horas, no debió aceptar la comunicación del FROB de la resolución puesto que aún existían valores importantes que daban viabilidad al banco y, además, conceder la totalidad de la línea de liquidez de urgencia a la que tenía acceso el Popular y que había recibido el visto bueno del Banco Central Europeo.Lo mismo podríamos decir del FROB, quien, junto a la JUR, inició los procesos de la resolución el día 3 de junio cuando aún existían soluciones suficientes como para haber evitado la resolución.Si a todo esto sumamos todas las irregularidades cometidas por la JUR, dependiente del BCE, todas las causas de nulidad de toda la operación, ¿por qué las administraciones de Justicia que están instruyendo el Caso Popular, a través de diferentes vías legales, no adoptan una decisión inmediata ante las evidencias existentes y las responsabilidades claramente asumidas?Imagínense que un médico operase a corazón abierto con un sistema pensado para quitar piedras de un riñón. Evidentemente, el paciente moriría. Si, además, a esa persona se la estuvo alimentando en el hospital con altos contenidos grasos y elevadas cantidades de sal, estaríamos ante una situación en la que se produjo una grave negligencia que tendría serias consecuencias tanto para el médico como para el hospital y los tribunales no dudarían en actuar de inmediato. No obstante, en el Caso Popular todas las evidencias muestras múltiples irregularidades, pero nadie adopta ninguna decisión que devuelva su dinero a los 1,2 millones de personas arruinadas. ¿A quién o a qué se está pretendiendo proteger?