Caso Popular: las incongruencias del FROB y el contraataque de las élites

El informe de los peritos del Banco de España sobre el Banco Popular ha hecho mucho daño entre las élites financieras y, sobre todo, entre aquellas instituciones y organismos, tanto españoles como europeos que estuvieron implicados en la operación.En los últimos días, coincidiendo con la presentación ante el TJUE de los escritos del Santander y del Estado en defensa de la JUR, multitud de personajes relacionados con todo lo que ocurrió han llenado las palestras del país para defender la operación y que todo se hizo bien cuando, tanto en las conclusiones del informe pericial del Banco de España como en la documentación publicada por Diario16, queda claro que la resolución del Banco Popular se hizo ignorando los criterios básicos que rigen un Estado de Derecho, con los daños que está generando en más de 305.000 familias afectadas.Por un lado, tenemos las incongruencias proferidas por Jaime Ponce, presidente del FROB, quien, por un lado, ha reconocido que la resolución se realizó de manera precipitada y con muy poco tiempo y, por otro, ha defendido que se hiciera así. ¿Cómo se puede defender la improvisación y la resolución de un banco sistémico, viable y solvente? Ponce es capaz de esto y de más, tal y como ha demostrado en su trayectoria.El presidente del FROB se olvida de que la resolución del Banco Popular se inició, oficialmente el día 2 de mayo, tras una reunión del Banco Central Europeo, fecha en la que la sexta entidad financiera de España disponía de una liquidez de 73.000 millones de euros.El día 23 de mayo de 2.017, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) finalizó el diseño y publicó un borrador para normalizar las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, en concreto, los documentos EBA/RTS/2017/05 y EBA/RTS/2017/06. Ese mismo día se realiza de modo urgente la primera valoración del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). ¿Por qué ese día y no otro? La respuesta es sencilla: no se podía realizar dicha valoración sin que hubiera un documento normativo sobre el que apoyar las conclusiones de tal informe. La normativa sobre la que se apoya la Valoración 1 de la JUR es, precisamente, los dos documentos de la Autoridad Bancaria Europea publicados ese mismo día.Casualmente, ese mismo día 23 de mayo se produjeron las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, en Bloomberg que provocaron un pánico entre los depositantes y los mercados, unas palabras en las que, al nombrarse explícitamente al Banco Popular, se incumplió claramente el secreto profesional establecido en los artículos 84 y 96 de la Directiva 2014/57/UE de resolución de bancos.Paralelamente a la Valoración 1, la JUR realiza el encargo a Deloitte para que realice su valoración, un documento que la propia auditora califica como provisional teniendo en cuenta la carencia de datos y el poco tiempo que se les dio para realizarlo (16 días) cuando lo habitual para confeccionar un documento de este tipo es, como mínimo, 60 días.Al día siguiente, 24 de mayo de 2.017, la JUR requiere a Saracho toda la información necesaria para realizar la valoración, información que, tal y como indicó Deloitte, fue claramente insuficiente para poder confeccionar el informe.La maquinaria para intervenir al Popular, rescatar al Santander y arruinar a más de 305.000 familias ya no paró. Tal y como hemos publicado en Diario16, el día 2 de junio por la noche Elke König envió por correo electrónico un documento encriptado a Jaime Ponce, presidente del FROB, y se convocó una reunión para el 3 por la mañana en la que se decidió iniciar el Proyecto Hipócrates, por el que la JUR autorizaba al FROB el comienzo del proceso de resolución del Banco Popular y la llamada a las cinco principales entidades bancarias españolas para que realizaran ofertas de compra una vez que el banco fuera resuelto, documento que hemos publicado en estas páginas.La primera valoración de la JUR finaliza el día 5 y el 6 Deloitte presenta su informe, paralelamente a que Saracho cumpliera su trabajo y declarara la situación FOLTF (fail or likely to fail) en la reunión del Consejo de Administración del Popular.Por su parte, el FROB envió a BBVA y Santander una carta que modificaba las condiciones de compra ya que solicitaba ofertas por el 100% de las acciones del Popular, es decir, que el organismo español cambió las condiciones que él mismo incluyó el día 4 cuando, a través de Arcano y Jeffries, remitió las misivas a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Desde cuándo en un proceso de resolución se cambian las normas mientras las entidades están estudiando las condiciones por las que presentar sus ofertas? ¿Había miedo a que el BBVA presentara una oferta mejor que la del Santander?Por tanto, los hechos hacen incongruente la explicación de Jaime Ponce por la que la resolución del Banco Popular se hizo de manera precipitada y con muy poco tiempo.Por otro lado, otros representantes de las élites o de los organismos que participaron en la operación han salido a la palestra para defender lo ocurrido el 7 de junio de 2017. Por un lado, el actual vicepresidente del BCE y ex ministro de Economía, ha afirmado que «la resolución de Banco Popular y su posterior venta a Banco Santander por el simbólico precio de un euro permitió preservar los intereses de los depositantes y la estabilidad financiera».A esto hay que añadir el cambio de estrategia que, según ha publicado el digital Hispanidad, ha implementado el Banco Santander a la hora de empezar a discutir la ampliación de capital de 2016, intentando, de este modo, acogerse a la estrategia de equiparar al Popular con Bankia, lo que, como afirman el informe pericial del Banco de España, no se sostiene porque las cuentas de la sexta entidad financiera de España eran correctas, por lo que la ampliación fue, por tanto, correcta.En consecuencia, el informe de los peritos ha hecho mucho daño a quienes pretendían no asumir sus responsabilidades para con los afectados. Esta es la razón por la cual se ha iniciado esta nueva ofensiva en las fechas anteriores al cierre de las administraciones de Justicia en el mes de agosto y a la declaración de Emilio Saracho del mes de octubre. Lo que parecía atado y bien atado, tal vez no lo esté tanto, para beneficio de las 305.000 familias arruinadas por esta operación.