No hubo delito alguno en la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular. Así lo ha determinado la Audiencia Nacional en el auto de archivo de dicha causa.
El juez Santiago Juan Pedraz abrió diligencias para investigar si el Popular había cometido «omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener». De haberse cometido estas supuestas irregularidades, entonces se habría vulnerado la obligación de transparencia hacia el mercado de valores. Sin embargo, no hubo nada, sólo, tal vez, el ansia de un despacho de abogados al que la Justicia europea ya le había truncado su estrategia respecto a la ampliación de 2016. Este bufete, incluso, llegó a publicitarse para captar afectados del Popular con un eslogan muy pegadizo: «Aún hay mucho partido por jugar».
Primero fue el informe de los peritos del Banco de España los que afirmaron que no existió regularidad de ningún tipo en la ampliación de 2012, que se cumplió la normativa, que en el folleto se reflejaba la situación real del Popular y que, además, quienes compraron acciones en dicha operación corporativa obtuvieron una importante rentabilidad.
Esta semana fue la Fiscalía la que, a través de un escrito, solicitaba a Pedraz el archivo de la causa haciéndose eco de los argumentos del Banco de España.
Finalmente, no había partido que jugar, sino que esa querella era otra cosa. No todo vale y, por supuesto, el fin no justifica los medios.
Los afectados de Banco Popular, como venimos defendiendo en Diario16 desde antes de la resolución, deben recuperar el dinero que les fue arrebatado con nocturnidad y alevosía por una operación del gobierno del Partido Popular, el Banco Central Europeo y Banco Santander.
A lo largo de estos años, este medio ha publicado documentación suficiente como para entender que no se debió resolver al Popular, ni mucho menos regalárselo al Santander por un euro a costa de los ahorros de 1,2 millones de personas.
Es lógico que los afectados quieran recuperar su dinero por la vía que haga falta. Hay familias a las que se las arruinó. Sin embargo, no todo vale y, en muchos casos, ha habido despachos desaprensivos que han mantenido una estrategia legal que estaba abocada al fracaso. En Diario16 ya advertimos en agosto de 2017 que la vía civil no era la adecuada. Se cumplió y miles de afectados por la resolución del Popular no han recuperado el dinero. Ahora se les están reclamando gastos legales como, por ejemplo, los honorarios de los procuradores.
Es traumático ver la lentitud de la vía penal en la Audiencia Nacional y los afectados están desesperados después de cerca de 7 años sin que los tribunales hagan justicia justa. No obstante, en temas judiciales lo único que sirve es una sentencia firme, no lograr victorias parciales para, finalmente, perder la guerra. Por eso, como dice el refrán, «quien deja el camino real por la vereda, piensa atajar y rodea». Eso es lo que han pretendido algunos aprovechándose de la desesperación de los afectados, eso, ha sido cruel porque no hay nada más dañino que generar falsas esperanzas.