Caso Popular: ¿quién ganó 400 millones a costa de la ruina de 1,2 millones de personas?

Antonio González Adalid, consejero del Banco Popular traído por Emilio Saracho, dejó una confesión que debería hacer remover los cimientos del Estado, sobre todo en los responsables de la lucha contra la corrupción y en la administración de Justicia. Según fuentes cercanas a la declaración, González Adalid afirmó que la causa de la resolución de la sexta entidad financiera fue el ataque de los cortos (posiciones bajistas) y que «algunos ganaron 400 millones de euros». ¿Quiénes son esos «algunos»? ¿Quién o quiénes llevaron la ignominia hasta el punto de aprovecharse de la ruina de 305.000 familias para ganar 400 millones?Lo afirmado por el ex consejero del Popular es muy grave y debería movilizar a todos los organismos implicados porque, de confirmarse que la persona, personas, empresas, bancos o instituciones que presuntamente especularon con el Popular estaban implicadas directamente en la operación que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, estaríamos hablando de la comisión de delitos muy graves con penas de cárcel elevadas: estafa, manipulación de los mercados, organización criminal, y, sobre todo, en el caso del silencio connivente de los organismos públicos, presunta prevaricación y malversación de fondos.En este punto hay que recordar cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo en su mano frenar toda la operación bajista desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la ampliación de capital post resolución del Popular) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.Tras la confesión de González Adalid, el organismo presidido por Sebastián Albella está en la obligación de iniciar una investigación de quién o quiénes especularon para ganar esos 400 millones de euros. El regulador de los mercados tiene la capacidad de recursos suficientes para llegar al origen de esos movimientos especulativos que tumbaron el precio de la acción mientras 305.000 familias erar arruinadas de manera indigna. No hacerlo, sería una dejación de funciones muy grave, sobre todo cuando la CNMV no está al servicio de las élites financieras y económicas, sino al del pueblo español.Sin embargo, no es sólo la CNMV, sino que el propio Ministerio de Economía quien tiene la responsabilidad de iniciar otra investigación para aclarar lo sucedido. Por mucho que el gabinete de Nadia Calviño haya confesado que será continuista con las políticas aplicadas por su antecesor, Luis de Guindos, el abandono de sus responsabilidades para con el pueblo sería muy grave y estaría al mismo nivel que un atentado contra los principios mínimos que sostienen a una democracia. Mantenerse al margen de una situación en la que un ex consejero de un banco cotizado confiesa que hubo «algunos» que ganaron 400 millones de euros con la ruina de más de 1,2 millones de ciudadanas y ciudadanos, es un modo de cómplice silencio, la peor de las connivencias. Por tanto, ¿qué va a hacer el Ejecutivo que se forme tras las negociaciones? ¿Se mantendrá al margen como ha hecho Nadia Calviño desde que está en el Ministerio de Economía u ordenará a las fuerzas de seguridad del Estado el inicio de una investigación sobre ello? ¿Asumirá Calviño la misma responsabilidad que presuntamente deberá asumir Luis de Guindos en esta causa tras no haber frenado el ataque de los bajistas que propició que hubiera «algunos» que se llevaran 400 millones de euros?Los propios partidos políticos también tienen mucho que decir. De PP y Ciudadanos no se espera ya nada, ni mucho menos de Vox. Los primeros estaban en el Gobierno cuando se ejecutó la operación diabólica y callaron; Ciudadanos también calló y en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados demostró que su prioridad era preservar a las élites en vez de defender a los afectados por la operación diabólica. Por su parte, los ultras de Vox no van a hacer nada porque sólo pueden ofrecer palabras.¿Y los partidos de izquierdas? ¿Qué hará Podemos si finalmente se forma Gobierno? ¿Permitirá que una revelación por la que «algunos» ganaron 400 millones de euros a costa de la ruina de 1,2 millones de trabajadores, pensionistas y pequeños empresarios quede en el olvido? ¿Y Esquerra Republicana de Catalunya? ¿Se quedarán callados cuando fueron la vanguardia de la defensa de los afectados del Popular?Una confesión como la que se produjo ayer en la Audiencia Nacional debiera obligar de inmediato a la Fiscalía, que tanto hincapié está haciendo en buscar las causas de la resolución donde no se encuentran —a diferencia del juez Calama que se centra en los hechos que realmente son claves en el Caso Popular—, a iniciar una investigación de oficio reclamando la información necesaria a la CNMV, al Banco de España y al Ministerio de Economía sobre quiénes fueron esos «algunos» porque se podría dar la paradoja que esos «algunos» hubieran tenido un papel fundamental en el caso o que, incluso, pudieran estar dentro del Consejo de Administración del banco.Envolverse en la máscara del cómplice silencio para obviar el hecho revelado por Antonio González Adalid es una incoherencia y una irresponsabilidad de tal calibre que pondría en peligro el propio sistema democrático puesto que sería la confirmación de que el Estado está al servicio de las élites y de la corrupción sistémica que esta declaración revela, en vez de al del pueblo, que es lo que indica la Constitución.