Caso Popular: Saracho encargó a Uría el hecho relevante de la reexpresión

El juez Calama ha interrogado en el día de hoy a Francisco Aparicio Valls, ex secretario del Consejo de Administración de Banco Popular hasta el mes de mayo de 2017, justo después de que publicara un hecho relevante en el que se negaba la información sobre que la entidad estaba en quiebra, una noticia que provocó una importante fuga de depósitos y una fuerte bajada de la valoración en bolsa del banco.Aparicio Valls ha sido contundente en referencia al hecho relevante del día 3 de abril sobre la reexpresión de las cuentas de 2016 ya que lo ha calificado como de consumado y que la redacción del mismo fue encargada por Saracho al despacho de cabecera del Banco Santander, Uría y Menéndez. Además, ha ratificado que fue la publicación de este hecho relevante se hizo de espaldas al Consejo de Administración que, por tanto, no pudo intervenir en la redacción del mismo.También ha sido muy claro a la hora de valorar las discrepancias existentes entre Emilio Saracho y Pedro Larena, dado que el primero pretendía que Miguel Escrig dependiese directamente de él y no del ex CEO, algo que coincide con lo declarado por Larena la pasada semana ante el juez Calama. Aparicio Valls también ha confirmado que la filtración de la salida del ex CEO sólo pudo salir de Saracho, puesto que Larena sólo se lo había comunicado al ex presidente.En relación a la ampliación de capital de 2016, el ex secretario del Consejo ha afirmado que los consejeros dispusieron de la documentación con la antelación necesaria, especialmente los dominicales como Allianz o Credit Mutuel que necesitan autorización expresa de los órganos internos correspondientes, que lo analizaron todo y tomaron la decisión de apoyarla. Por otro lado, Aparicio Valls ha asegurado que el aseguramiento de la ampliación de capital estaba pagado de antemano independientemente del resultado, dado que se pagaron más de 70 millones de euros para asegurarla por lo que, según el ex secretario, es absurdo pensar que se diesen instrucciones veladas para colocar acciones en la red comercial financiándolas. Además, ha contado que él mismo recurrió a la financiación para la compra de acciones en la ampliación y que tuvo que acudir a otra entidad que se las financió, porque el Popular no se las financiaba, puesto que estaba prohibido internamente.Respecto a las tasaciones Aparicio Valls ha afirmado que eran correctas y, según ha indicado en la Audiencia Nacional, la mejor muestra de que las tasaciones eran adecuadas es que el Popular vendía más de 2.000 millones de euros en activos inmobiliarios todos los años y con un beneficio del 3%. No se vendía sólo lo mejor, sino que el Banco informaba de las ventas y se podía comprobar que lo vendido era una muestra heterogénea.La cobertura de los activos inmobiliarios ha sido otro tema por el que ha sido preguntado Francisco Aparicio. En este sentido, ha insistido en que las menores coberturas respecto del promedio del sector no tenían nada que ver con la existencia de déficit regulatorio alguno, sino con que el Popular había decidido no acceder a ayudas públicas de ninguna manera, ni directas, ni indirectas.En referencia a la llegada de Emilio Saracho a la Presidencia del Popular, Aparicio ha manifestado que se opuso y que, durante el proceso de sucesión de Ángel Ron, el Consejo recibió una llamada del Banco de España en la que se les indicaba que fueran generosos. Aquella misma noche, según el ex secretario, Sebastián Albella llamó también para indicar que el Popular tenía que publicar un hecho relevante sí o sí.Finalmente, Aparicio Valls ha confirmado que en una reunión del Consejo celebrada el 17 de enero de 2017, Ron manifestó que las opciones disponibles del Popular eran varias y que, de no seguirse el plan de negocio que posteriormente bloqueó Saracho, la capacidad de maniobra de la entidad se reduciría y que, en ese caso, aconsejaba una operación corporativa que podía ser, entre otras cosas, la compra de una antigua Caja.