La reciente firma del convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid y el acuerdo sectorial de funcionarios ha encendido las alarmas entre las bases sindicales y el conjunto de trabajadores afectados. Dos artículos y una disposición adicional en el texto del convenio han sido calificados por CCOO de Madrid como una amenaza a derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de huelga. Además, señalan que estas cláusulas discriminan al personal según su temporalidad o fijeza, algo que consideran inaceptable.
Restricciones al derecho de protesta
Uno de los puntos más controvertidos del convenio es el artículo 10, que establece que los sindicatos firmantes no podrán promover huelgas, manifestaciones u otras medidas de protesta para modificar lo acordado. Además, penaliza estas acciones permitiendo a la Administración suspender beneficios como la carrera profesional horizontal y sus efectos retributivos si se incumple esta cláusula. Para CCOO y otros sectores críticos, esto representa un ataque directo a derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Según Laura Martínez, secretaria general del sindicato de Trabajadoras de Administración Pública de CGT Madrid, “la imposición de estas restricciones es una práctica alarmante y poco habitual en convenios colectivos similares de otras comunidades autónomas”. Martínez también denuncia que este tipo de medidas mina el derecho a la negociación colectiva y limita la capacidad de respuesta de los trabajadores ante posibles abusos.
La respuesta de CCOO
Ante la gravedad de la situación, el Consejo Regional de CCOO de Madrid aprobó por amplia mayoría instar a la retirada de los artículos conflictivos del convenio. En caso de no lograrse este objetivo, el sindicato no descarta retirar su firma del documento. Según un portavoz de CCOO, “no podemos permitir que un convenio de esta trascendencia se convierta en un instrumento que recorte derechos fundamentales y debilite las libertades sindicales”.
El sindicato también subraya que ha trabajado históricamente por la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias y de defensa de derechos fundamentales en los procesos de negociación colectiva. Por ello, consideran que las medidas aprobadas en este convenio representan un retroceso inadmisible que socava la confianza en las instituciones laborales.
Críticas a la gestión de la Comunidad de Madrid
El convenio se produce en un contexto tenso para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. A mediados de noviembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso amenazó con despedir a 4.500 trabajadores del sector educativo como parte del plan de estabilización exigido por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE). Aunque el proceso fue aplazado hasta junio de 2025 debido a la presión sindical y de colectivos sociales, la amenaza de precarización laboral sigue latente.
Además, el convenio introduce otras medidas problemáticas, como la eliminación del plus de peligrosidad para trabajadores de sectores de alto riesgo. Según CGT, esta disposición es especialmente preocupante para el personal sanitario y asistencial, quienes ya enfrentan condiciones laborales adversas.
Falta de transparencia en la negociación
Otro aspecto que ha generado malestar es la falta de transparencia durante el proceso de negociación. Según denuncia Laura Martínez, los sindicatos que participaron en la mesa paritaria no informaron adecuadamente a la sociedad civil ni a los trabajadores sobre los avances en las negociaciones. Esto contraviene el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a activar un periodo de consultas abierto durante el proceso de negociación.
“Nos hemos encontrado el convenio firmado sin que se nos diera oportunidad de presentar alegaciones”, lamenta Martínez. Para ella, esta falta de inclusión es un reflejo de cómo se ha apartado a otros actores sociales del debate, dejando a muchos trabajadores sin voz en decisiones que afectan directamente sus condiciones laborales.
El papel de los sindicatos firmantes
La firma del convenio por parte de los sindicatos mayoritarios ha sido recibida con críticas tanto desde dentro como fuera de estas organizaciones. CCOO de Madrid ha aclarado que las áreas de educación y servicios públicos no respaldaron el acuerdo, subrayando su oposición a los artículos que consideran lesivos. Sin embargo, la firma global del sindicato ha generado tensiones internas y cuestionamientos sobre su papel en la defensa de los derechos laborales.
Por su parte, CGT y otros sindicatos minoritarios han manifestado su preocupación por el precedente que podría sentar este convenio. Según afirman, aceptar restricciones al derecho de protesta podría allanar el camino para medidas similares en futuros acuerdos laborales, debilitando aún más el tejido sindical.
Lo que está en juego
La aplicación de este convenio afectará a miles de trabajadores no funcionarios de la Administración pública madrileña, desde técnicos judiciales hasta educadores y auxiliares administrativos. Según fuentes sindicales, el impacto podría ser especialmente severo para el personal con contratos temporales, quienes ya enfrentan condiciones laborales menos favorables.
Con la fecha de aplicación del convenio prevista para el 1 de enero de 2025, el futuro de estos trabajadores está lleno de incertidumbre. Para muchos, la posibilidad de perder derechos adquiridos y enfrentar mayores dificultades para organizarse sindicalmente representa un golpe aún más duro en un contexto de precariedad laboral creciente.
Desde CCOO de Madrid han hecho un llamado a sus bases y a la sociedad civil para movilizarse en defensa de los derechos laborales. Aunque la organización reconoce los logros obtenidos en otros aspectos del convenio, insisten en que no permanecerán impasibles ante lo que consideran un atropello a las libertades fundamentales.
“Es nuestra responsabilidad luchar por condiciones laborales dignas y justas para todos los trabajadores, sin importar su situación contractual”, señaló un portavoz del sindicato. La batalla por la retirada de los artículos lesivos apenas comienza, y las Comisiones Obreras parecen dispuestas a darla hasta el final.