La Ciudad Financiera de Banco Santander, situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, es una de las infraestructuras con las que Emilio Botín quiso hacer visible al mundo el poderío de la entidad bancaria. Fue una demostración de fuerza, de poder, pero siempre ha estado rodeada de la polémica, prácticamente, desde el principio de proyecto.
Según ha señalado el Santander estos días, la Ciudad Financiera es «un espacio emblemático que cumple estos días su vigésimo aniversario y cuya construcción marcó un antes y un después en cuanto a conceptualización de lo que debía ser una sede corporativa de una gran empresa. Literalmente, una “ciudad” que fue –y continúa siendo– un hito en cuanto a innovación e integración de elementos de sostenibilidad, digitalización, eficiencia operativa y desarrollo y cuidado de las personas.
» Las obras se iniciaron en 2002 y tan solo dos años después, en abril de 2004, comenzó el traslado de los primeros empleados, que se completó en julio. En total, la que fue la segunda mayor obra ejecutada en Europa durante el año cuenta con una superficie de 250 hectáreas y nueve edificios de oficinas.
» En su construcción se conjugaron grandes innovaciones arquitectónicas, como la cúpula del edificio principal, el lucernario de este tipo más grande de España, unos vidrios de fachada que ofrecen un 68% más de luminosidad, un 34% menos de radiación solar y mayor ahorro energético. Así como un innovador sistema de gestión de residuos y reciclado integral para todo el complejo».
En el año 2019 se produjo una lucha judicial encarnizada por la Ciudad Financiera, que ha estado rodeada de escándalos desde la adquisición de los 2,3 millones de metros cuadrados de terrenos en la que el Santander, presuntamente, podría haber defraudado 500 millones de euros a los vendedores al comprar a precio de rústicos de 24€/m2 cuando tenía valoraciones que fijaban el precio en más de 270€/m2 sabiendo que serían recalificados a urbanizables para uso comercial por el Ayuntamiento de Boadilla.
Otro de los escándalos surgió por la subasta de la Ciudad Financiera en el concurso de la sociedad Marme Inversiones 2007 SL y del intento del Santander de manejar a su antojo al juzgado y al administrador concursal, la sociedad Lexaudit, tras la que, presuntamente, se encontraba encuentra el exmagistrado del Tribunal Supremo Rafael Gimeno-Bayón Cobos relacionado con el Santander por sociedades como Corsan Corvian o Inversión Hogar.
En el año 2008 el Santander vendió la Ciudad Financiera a la sociedad Marme Inversiones 2007, propiedad de los financieros Glenn Maud y Derek Quintan, por 1.900 millones de euros. No obstante, la compradora no pudo hacer frente a los préstamos suscritos para la compra y solicitó el concurso de acreedores a comienzos de 2014 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
La compra de la Ciudad Financiera por Glenn Maud al Santander se articuló mediante financiación bancaria del 98,6% del precio, ya que 1.875 de los 1.900 millones de euros por los que se vendió fueron desembolsados mediante tres préstamos de 1.600, 200 y 75 millones de euros concedidos por un grupo de bancos, capitaneados por el Royal Bank of Scotland, con el que el Santander mantuvo durante 15 años, desde 1988, una fuerte alianza con participaciones cruzadas e intercambio de consejeros. Solamente los restantes 25 millones de euros fueron desembolsados por Glenn Maud y su socio irlandés Derek Quintan.
La operación de venta a Marme Group presuntamente fue articulada a través de un entramado de las famosas sociedades instrumentales neerlandesas «Besloten Vennootschap» (BV), conocidas como el sándwich holandés, utilizadas para la elusión del pago de impuestos y transferencia de rendimientos a sociedades offshore de paraísos fiscales como las Antillas Holandesas.
La compra de la Ciudad Financiera del Santander se realizó por Glenn Maud a través de las sociedades holandesas Ramblas Investments BV y Delma Projectontwikkeling BV propietarias de Marme Inversiones 2007 SL.
Además, a raíz de los conflictos judiciales de Glenn Maud fueron descubiertas las sociedades de su propiedad como Propinvest Group Limited, Propinvest Holding Limited, Eagle Holding Limited y Navarro Ventures SARL del paraíso fiscal de Luxemburgo en la que aparece como administrador fiduciario Alain Heinz, del despacho de agentes fiduciarios Hoche Partners, un entramado de sociedades a las que se sumaba el “trust” familiar de Glenn Maud.
En el seno del expediente concursal se procedió en noviembre de 2018 a la subasta de la Ciudad Financiera, de la que resultó adjudicataria la sociedad Sorlinda Investments SL con una oferta de 3.000 millones de euros. La empresa era propiedad de los hermanos David y Simon Reuben, millonarios británicos que en el año 2016 ocuparon el primer puesto y en 2018 el cuarto lugar en la lista de los más ricos del Reino Unido del Sunday Times Rich List y aparecieron en la lista de la revista Forbes en el puesto 60 y 88 de las mayores fortunas del mundo en los mismos años, valorándose su patrimonio en más de 15.000 millones de libras esterlinas.
Al no resultar ganador, el Santander esgrimió todo tipo de argumentos para la anulación de la adjudicación a los hermanos Reuben como, por ejemplo, la utilización de sociedades radicadas en paraísos fiscales o las normas o requisitos de ética y blanqueo de capitales.
Lo que es evidente es que el que erró al elegir a Glenn Maud como comprador de su ciudad financiera fue el Santander que se la vendió al conglomerado de sociedades del inversor inmobiliario conocido como Marme Group que entonces ya tenía judiciales en Inglaterra y Holanda relacionadas con el fondo soberano libio Libyan Investment Authority (LIA) que podría haber invertido 12,5 millones de euros en la compra de la sede del Santander.
El Santander tuvo el desparpajo de solicitar a la jueza del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, y al administrador concursal que anulara la adjudicación a Sorlinda Investments, alegando que la oferta se formuló a través de diversas sociedades radicadas en paraísos fiscales y que no había fiscalizado debidamente el cumplimiento de las normas de ética, reputación o blanqueo de capitales. Todo ello cuando, tanto el Santander como los Botín han sido relacionados en infinidad de ocasiones con la utilización de sociedades de paraísos fiscales y se han visto involucrados en constantes escándalos por operaciones dudosas.