El sábado 9 de junio de 2012 el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba públicamente que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate ‘solo’ bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del FROB.
El 31 de agosto de 2012 finalmente se creó la SAREB. De esta forma, el Gobierno de España aprobaba por Real Decreto-ley la creación de un “banco malo” que recibiría de las entidades financieras estos “activos tóxicos” que serían dados de baja de sus balances, y los bancos y cajas de ahorro se desprendían de bienes sin valor a cambio de liberarse también de un pasivo mucho mayor.
¿Fue una buena idea crear la SAREB?
En principio sí que lo fue. No había otra solución. El ‘banco malo’ era imprescindible para que el círculo se convirtiera en virtuoso. Se trataba de que los bienes volvieran al mercado libres de hipotecas y a precios bajos para que sirvieran a la concesión de nuevos créditos, reactivando el mercado financiero y favoreciendo al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna.
Esto ya lo hicieron Irlanda, creando la NAMA (su Agencia Nacional de Gestión de Activos), y Portugal, con el Banco Espirito Santo, pero les costó ser intervenidas por la Unión Europea. En el caso de Irlanda, su ‘banco malo’ compró en el año 2010 los 82,5 mil millones de euros a que ascendía el importe de los activos tóxicos, por 54 mil millones de euros, lo que representaba un 35% de descuento en su valor nominal, pero todavía el 15% por encima del valor de mercado.
La NAMA tenía como objetivo esencial la reactivación económica del país, ayudando a recuperar el mercado financiero y las transacciones inmobiliarias, todo ello desde una perspectiva de solidaridad facilitando la refinanciación para la compra de inmuebles a precios más asequibles.
El importe del rescate en Irlanda fue de 85 mil millones de euros
España en cambio no fue intervenida, a pesar de que su rescate bancario fue por importe muy superior al de Irlanda, 100 mil millones de euros. La argucia del entonces ministro de Economía, Luis De Guindos, consistió en invertir los términos del rescate haciendo que el destinatario de la ayuda fuera el sistema financiero, y no el Estado español.
Esta artimaña, que en principio beneficiaba al crédito del Estado en la colocación de deuda pública en el mercado internacional, se convirtió en una trampa en el medio plazo. Por de pronto, Irlanda y Portugal han salido de la crisis económica. España todavía no.