La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado una dura crítica contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a la que acusa de ejercer una “persecución fiscal”contra quienes sostienen gran parte del tejido económico del país: los autónomos y pequeños negocios. La organización denuncia un incremento sistemático de la presión fiscal, el recorte arbitrario de deducciones históricas y una política de vigilancia desigual que castiga a los más vulnerables y permite respirar tranquilos a los gigantes empresariales.
La lupa solo apunta hacia abajo
Según UPTA, en los últimos meses se ha intensificado una tendencia preocupante: Hacienda ha comenzado a revisar con lupa conceptos tradicionalmente aceptados como deducibles. El uso del vehículo para la actividad profesional, por ejemplo, está siendo rechazado incluso en sectores donde resulta esencial para el trabajo diario. Lo mismo ocurre con los gastos por manutención, el trabajo desde el domicilio y los llamados “gastos de difícil justificación”, cuyo porcentaje deducible se ha reducido sin explicación técnica de un 7% a un 5%.
“Se está instaurando una política de sospecha generalizada hacia los autónomos. Todo gasto se cuestiona, todo movimiento se escruta, como si fuéramos defraudadores en potencia”, señala con indignación Eduardo Abad, presidente de UPTA España. “Mientras tanto, las grandes sociedades cuentan con un ejército de asesores que les permiten sortear con facilidad cualquier obstáculo fiscal”, añade.
Incumplimientos y ruptura del diálogo
La situación ha llegado a tal extremo que UPTA ha decidido suspender su participación en la mesa de trabajo con la AEAT. El motivo: los reiterados incumplimientos por parte de la administración de los acuerdos alcanzados en dicho espacio. Entre las promesas rotas están la implementación de la facturación digital, la transposición de la Directiva Europea para el régimen especial de IVA de franquicia y la aplicación de criterios de simplificación fiscal para sectores concretos.
“Nos sentamos a dialogar con voluntad constructiva, pero lo único que hemos recibido es desprecio institucional. La AEAT ignora los compromisos firmados, desoye nuestras demandas y continúa aplicando medidas que nos dejan cada vez más indefensos”, denuncia Abad.
Para UPTA, el trato fiscal que reciben actualmente los trabajadores por cuenta propia es “desproporcionado y discriminatorio”. Representando más del 90% del tejido empresarial español, el colectivo se siente cada vez más excluido de un sistema que, en teoría, debería proteger la iniciativa y el emprendimiento.
Un sistema que castiga al débil
La crítica va más allá del simple desencuentro con la Agencia Tributaria. La organización advierte que la estrategia recaudatoria del Estado parece orientarse a exprimir a quienes tienen menos capacidad de defensa. “Es mucho más fácil sancionar a un autónomo que no puede pagar un abogado que enfrentarse a una gran compañía con equipos legales a su servicio. El desequilibrio de poder es brutal”, subraya Abad.
Además, las consecuencias van más allá del plano económico. La sensación de inseguridad jurídica, el estrés continuo y la falta de garantías están provocando un clima de desmotivación que amenaza con erosionar el compromiso de miles de personas que levantan sus negocios cada día en condiciones cada vez más precarias.
“La administración debería actuar como un aliado del tejido productivo, no como un enemigo. Sin embargo, la realidad es que muchos autónomos sienten que Hacienda está al acecho de cualquier excusa para sancionarles o recortarles derechos”, advierten desde la organización.
Exigencias claras y medidas urgentes
Ante esta situación, UPTA exige un cambio urgente de rumbo. Entre sus principales demandas se encuentran:
Revisión de los criterios de deducción fiscal, con normas claras, homogéneas y respetuosas con la realidad del trabajo autónomo.
Reactivación inmediata de los compromisos firmados, especialmente aquellos relacionados con la simplificación de trámites y el uso de herramientas digitales.
Control efectivo de las grandes empresas, que hoy operan con estructuras jurídicas opacas y con una fiscalidad mucho más laxa.
Una política fiscal equilibrada y justa, que no utilice a los pequeños como chivos expiatorios de los fallos estructurales del sistema.
“Nos tratan como delincuentes por defecto”
El mensaje que lanza UPTA es claro y contundente. “No vamos a seguir participando en un juego amañado, en un espacio de diálogo que no sirve para nada. Se ha perdido toda confianza en la AEAT”, sentencia Eduardo Abad. “Lo que pedimos no es trato de favor, sino justicia fiscal. Que se aplique la ley con proporcionalidad, que se respeten los acuerdos y que se deje de castigar al eslabón más débil de la economía”.
El hartazgo es evidente. La organización denuncia que se ha cruzado una línea roja y que, si no hay cambios reales y urgentes, el conflicto entre Hacienda y los autónomos seguirá creciendo. Porque, como recuerda Abad, “no somos evasores, somos trabajadores. Y estamos hartos de que nos miren con lupa mientras otros se esconden tras las cortinas del poder económico”.