El pasado día 13 de junio, Diario16 anunció que había tenido acceso a una serie de documentos clave para la instrucción y resolución del Caso Banco Popular. Hoy, en mi nombre, han sido presentados más de 400 archivos en la Audiencia Nacional.
¿Por qué hemos presentado estos documentos?
El compromiso con la democracia y con la Justicia justa de este medio, el mío propio y el de todo el equipo de investigación que lleva durante más de 4 años trabajando en el Caso Banco Popular, nos llevó a la decisión de entregar estos documentos al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Desde hace meses vemos cómo determinados organismos públicos, tanto españoles como europeos, no hacen caso a los oficios y le niegan al juez Calama determinada documentación clave para la resolución de la causa y para llevar al banquillo a los verdaderos responsables.
Por otro lado, tal y como se indica en el escrito que acompaña a toda la documentación, la actividad periodística te lleva a adquirir la condición de denunciante de corrupción. En el mes de febrero de 2019, tal y como publicamos en estas páginas, tuve el honor de presentar en el Parlamento Europeo, ante decenas de eurodiputados, el Caso Banco Popular y las conclusiones de la investigación que inicié en primera persona en las últimas semanas del verano de 2016.
El escenario fue propicio, dado que se trataba de unas jornadas dedicadas a los denunciantes de corrupción. Unos meses después se aprobó y entró en vigor la Directiva Europea que nos protege a todos los denunciantes de las represalias que los organismos públicos o privados pretendan aplicar a causa de las denuncias.
La documentación entregada
En las próximas semanas, publicaremos los análisis que ya estamos realizando de los más de 400 archivos presentados en la Audiencia Nacional. Lo más importante es que la gran mayoría de estos documentos aportarán a la Audiencia Nacional pruebas fehacientes y algunos de los aspectos más importantes de la operación del Banco Popular que, hasta ahora, estaban ocultos, ya sea por la opacidad de los organismos europeos, ya sea porque los intereses particulares de quienes participaron en la operación les interesaba que esa documentación hubiera «desaparecido».
Para el juez Calama será muy importante tener ya acceso a los correos del FROB, los mismos que el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos afirma que «han desaparecido». Bueno, pues la Audiencia Nacional ya los tiene.
Por otro lado, es muy grave el hecho de que existan administraciones u organismos públicos, dependientes tanto de Nadia Calviño como del presidente del Gobierno, que nieguen a un magistrado de la Audiencia Nacional documentación o que afirmen que esos documentos han desaparecido.
En consecuencia, la responsabilidad ya no sólo es exclusiva de un organismo concreto, sino que se eleva, en primer lugar, a Nadia Calviño, la responsable directa, y, por extensión, a Pedro Sánchez por no indicar a la ministra de Asuntos Económicos que su obligación como miembro del Gobierno es colaborar con la Justicia.