La SEPI se pone dura con el rescate de Duro Felguera. No porque tenga una animadversión hacia la compañía asturiana, sino porque no puede poner en juego 120 millones de euros de dinero público sin contar con que todas las partes implicadas cumplan con lo estipulado en las condiciones de ese rescate.
Y es normal que lo haga, porque no es la primera vez que el pool bancario, liderado por Banco Santander, como principal acreedor de la empresa de ingeniería, no cumpla con lo estipulado. Ya vimos lo que la entidad cántabra hizo con Abengoa y la SEPI no quiere que se repita y que el Estado se vea como principal accionista de una compañía que lleva años prometiendo muchas cosas pero que, finalmente, no ejecuta gran parte de esas promesas.
Las condiciones del rescate indican que se suscribirá una ampliación de capital de 30 millones, un préstamo participativo de 70 millones y un préstamo ordinario convertible en participativo por 20 millones. Esto hace que el Estado entre en el Consejo de Administración y que forme parte del accionariado, lo que le deja en una situación límite, tal y como está la compañía, dado que le convertirá en socio preferente y, en consecuencia, deberá hacer frente a las obligaciones que ello implica, con inyecciones de dinero incluidas, responsabilidades legales de cara a un posible concurso de acreedores o una quiebra. Eso es lo que pretende evitar la SEPI, que la ciudadanía española vuelva a pagar los graves errores de gestión en Duro Felguera, que no son de ahora, sino que arrastra desde hace años.
Otro de los aspectos en los que se centra la modificación de los criterios del holding estatal es en el de la entrada de nuevos inversores. Duro Felguera comunicó a la CNMV unas semanas antes de la aprobación del rescate que había abierto un proceso de captación de inversores privados, habiéndose recibido ofertas no vinculantes de potenciales inversores. Duro Felguera lleva años buscando un inversor privado y nadie ha querido entrar en la compañía.
Importantes empresas y fortunas de este país que apostaron en un momento determinado por invertir en la compañía e, incluso, hallarse entre los máximos accionistas, salieron huyendo y asumieron importantes pérdidas sobre su inversión inicial. Importantes empresarios consultados por Diario16, además, han sido rotundos al dar su calificación sobre lo que es Duro Felguera en la actualidad: «un pozo sin fondo». Y en este pozo sin fondo ha entrado el Estado.
Recordemos cómo en octubre de 2017 diferentes grandes empresas, como China State Construction Engineering (CSCEC), la mayor constructora del mundo con una cifra de negocio de más de 115.000 millones de dólares, con la que Duro Felguera estuvo negociando una alianza estratégica, lógicamente, puso como condición que el pool de bancos acreedores dejara de presionar a la compañía, además de desbloquear los avales para poder seguir ejecutando la cartera contratada y presentarse a nuevas licitaciones. ¿Por qué se desechó una oferta así?
Para proteger el dinero público, la SEPI ha decidido que un 60% del rescate se entregará a Duro Felguera cuando entre ese «potencial inversor» externo que ni está ni se le espera.
Remoción del CEO y de los consejeros de las puertas giratorias
Otro de los problemas que ha tenido Duro Felguera en los últimos años y que explican en buena parte la situación actual es la composición de su Consejo de Administración. En concreto, la actuación del actual CEO, José Luis Orihuela, está muy en entredicho por varias razones.
En primer lugar, el exdirectivo de Sacyr, realizó una especie de purga de los directivos que se oponían a su modelo de gestión, y que ha terminado con condenas que obligarán a Duro Felguera a pagar importantes indemnizaciones. Este es el caso de Juan José Herrero, que fue despedido en octubre de 2020, acusado por Orihuela de haber filtrado información confidencial. El Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón condenó a la compañía de ingeniería a indemnizar a Herrero con más de 355.000 euros tras demostrarse en el juicio que las filtraciones no procedieron del directivo.
Los directivos purgados por Orihuela habían firmado una carta enviada al Consejo de Administración en contra de la gestión del CEO.
Por otro lado, Orihuela ha estado maniobrando de espaldas a la SEPI para evitar perder el control de Duro Felguera a través de la colocación en la filial Felguera Tecnologías de la Información de dos directivos de su confianza. Esta filial está presidida, precisamente, por Juan José Herrero.
Un comportamiento así no lo podía permitir la SEPI y podría ser otra de las causas del endurecimiento de las condiciones.
Por otro lado, el holding estatal también está obligado, por respeto a la ciudadanía, a acelerar la salida de los dos exministros socialistas, muy cercanos a determinados lobbies, porque la regeneración de Duro Felguera no puede pasar sólo por los aspectos económicos, sino también por los éticos.
Banco Santander y el pool bancario
Banco Santander, a través de su posicionamiento oculto a través de las relaciones con diferentes dirigentes socialistas, tanto de Ferraz como de Moncloa o del Congreso de los Diputados, no puede esperar que se le dé un trato preferencial en un asunto en el que se están jugando más de 100 millones de dinero público.
Del mismo modo, la pretensión del pool, liderado por la entidad cántabra, de mantener negociaciones paralelas directamente con la SEPI no es más que un movimiento que pretenderá frenar los 80 millones de avales que el acuerdo de rescate aprobado por el Gobierno para Duro Felguera. Si aceptaron las condiciones, ahora les toca acatar lo que determine quien va a poner el dinero, es decir, el Estado y, si tanto interés tienen en que la empresa asturiana salga de la situación actual, no tendrán más remedio que aceptar avalar esos 80 millones de euros. Cualquier otro movimiento, no sería más que un nuevo ejemplo de la deslealtad del sector financiero, en este caso liderado por la segunda entidad española, para con España y su pueblo.