El 20% de los hogares en España dependen económicamente de un pensiones de un familiar, según el nuevo informe del Observatorio Social de las Personas Mayores, realizado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “hay que garantizar que los pensionistas del futuro van a recibir una pensión similar a la que contribuyen a sufragar. Para esto hay que derogar las reforma de pensiones de 2013”.
“Este trabajo tiene que servir para hacer un recordatorio a todas las personas mayores, en un año tan terrible como el que hemos pasado con una pandemia que se ha cebado en las generaciones, que dieron todo por este país”, ha señalado Unai Sordo.
El sindicato apoya el ‘destope’ de las bases máximas de cotización. Y, además, “hay que hacerlo cuanto antes. Es una manera de mejorar los ingresos del sistema público. ¿Debería llevar aparejada subida de pensiones máximas? Habrá que verlo”, ha señalado el líder de CCOO.
“Estamos en desacuerdo con incrementar el período de cotización de las pensiones a 35 años. No apoyamos el aumento del cómputo de tiempo para calcular la base de cotización. Los salarios de la gente joven no alcanzan velocidad de crucero hasta los 40 años”, ha afirmado el secretario de CCOO.
El sindicato ha presentado el nuevo informe del Observatorio Social de las Personas Mayores, que realiza un recorrido por los principales indicadores existentes en materias que afectan directamente en las condiciones de vida, salud y recursos de estas personas en España.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo ha puesto en valor la relevancia de este estudio anual sobre el envejecimiento poblacional y el alcance que esto tiene en los Estados de Bienestar que han de asegurar que los derechos de nuestros mayores se hacen efectivos.
En 2020, en España hay 9,2 millones de personas mayores de 65 años. Esto implica que cerca del 20% (19,58%) de la población en España era mayor de 65 años. 3 puntos más que diez años antes.
La población mayor de 75 años ha sido la más azotada por el virus y en mayor grado en el caso de los varones. No cabe duda de que la sobremortalidad derivada de la pandemia incidirá en los datos del año 2021.
La existencia de un elevado número de hogares unipersonales en la población mayor, especialmente entre las mujeres y la presencia de población mayor viviendo en establecimientos colectivos plantean importantes retos al sistema de atención a la dependencia.
La atención a la dependencia en tiempos de covid-19
A 31 de diciembre de 2020, los solicitantes para acceder a prestaciones del Sistema de Dependencia mayores de 65 años eran 1.374.966 personas. El número de beneficiarios mayores de 65 años era de 806.963 personas.
La capacidad de respuesta del sistema de atención a la dependencia ante la crisis sanitaria ha resultado manifiestamente débil. Desde 2012, el desarrollo del sistema se ha ido asentando sobre una fragilidad que se ha hecho patente en estos meses. Potenciar el sistema sobre el eje crucial de la calidad es clave para afrontar los meses que están por venir.
En este sentido, desde Comisiones Obreras ya incidió al comienzo de la crisis sanitaria en la urgencia de potenciar los mecanismos de coordinación entre el Sistema Público de Salud y quienes proveen los servicios de atención a la dependencia, así como el establecimiento de protocolos de prevención de riesgos para los y las profesionales.
Gasto público sanitario
Ante la pandemia, las carencias de los sistemas autonómicos de salud pública se ha hecho evidentes.
Progresivamente, se consolida la privatización del sistema sanitario, en buena medida, como consecuencia de la reducción del gasto público en sanidad, obligando, como ya se ha mencionado, a los hogares a destinar mayor parte de sus presupuestos a dicha materia. Estos cambios asientan las bases para una mayor desigualdad, especialmente entre las personas mayores.
Este crecimiento de la sanidad privada se materializa a través de la actividad propia de las empresas privadas y de los conciertos realizados entre éstas y la administración pública. El gasto sanitario de media en España destinado a conciertos con entidades privadas supone un 7,32% del gasto de las comunidades autónomas.
Gasto público en salud
Estar por detrás de la mayor parte de los países de la antigua UE 15 en porcentaje de PIB dedicado a la salud y estar a la cola de la UE27 en camas hospitalarias por habitantes han pasado factura.
En el caso español, el principio de universalidad es el que rige el sistema sanitario, aunque se contemplan determinadas restricciones. La estructura básica del sistema se conforma de atención primaria, especializada y hospitalaria, dejando fuera de cobertura, a diferencia de otros países, especialidades como ortopedia, óptica, audioprótesis y odontología. En lo que se refiere a la gestión, esta queda descentralizada a nivel autonómico, si bien con ciertas competencias reservadas a nivel estatal.
Comparando a nivel europeo, España ocupa un lugar intermedio en lo que se refiere a gasto público en sanidad, superado por países como Alemania, Francia o Suecia, y seguido por países del sur y este de Europa como Portugal, Grecia, Estonia o Hungría, entre otros.
España dedicaba en 2018 (último dato disponible) el 8,99% del PIB al sistema sanitario, casi un punto por detrás de la inversión pública de la media de la UE27.
Para el secretario de CCOO, Unai Sordo, “el sistema público de pensiones constituye un pilar crucial del Estado de Bienestar”. Por eso considera que “Afianzar los mecanismos que permitan su sostenibilidad al tiempo que se aseguran las condiciones de suficiencia de las prestaciones se sitúan como ejes centrales de las políticas públicas de empleo y bienestar”
Brecha de género
La desigualdad laboral a lo largo de la vida se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. La pensión media de las personas mayores de 80 años no alcanza los 1.000 euros.
La brecha de género en las pensiones va reduciéndose paulatinamente. Es el resultado de la progresiva mitigación de las diferencias de acceso al mercado laboral de las últimas generaciones que están accediendo a las pensiones.
El sindicato ha constatado que la brecha de género se hace patente tanto en el menor acceso a la pensión central del sistema, la de jubilación, debido a que a menudo no reúnen las condiciones de cotización, en el tipo de prestación que perciben y en la cuantía de las mismas.
Una de las mayores brechas de género en las condiciones de trabajo se encuentra en la tasa de parcialidad. El 19,6% de las mujeres de 55 a 65 años trabajan a tiempo parcial, frente al 4,7% en el caso de los hombres.
Esto se traduce en que el 77% de los contratos a tiempo parcial de la población de 55 a 65 años, está siendo realizado por mujeres,
