Tal y como publicamos en Diario16, tras el informe sobre el IRPH que ha revolucionado la acción social y judicial, llegando incluso a ser base para el asunto que se celebra en la actualidad en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el departamento liderado por Félix Alonso Cantorné ha publicado un documento informe sobre las hipotecas REDAL
Los autores del informe publicado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares señalan a Diario16 que, en realidad, no han descubierto nada. Se han limitado a dar nombre a algo que existía: las hipotecas REDAL era un secreto a voces.
La prueba de ello es que tanto la Asociación Hipotecaria Española (AHE) como el Banco de España publicaron documentos en los que se habla de los contratos sin fórmula (un tipo de los REDAL existentes).
Ya en el año 2002 la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España incluye el caso de una entidad que, no teniendo una fórmula de cálculo de los recibos, impuso el sistema francés, lo cual “sin el conocimiento ni el consentimiento de su cliente” se calificó de “contrario a las buenas prácticas bancarias”. El informe del Gobierno Balear localizó la referencia a dicho expediente.
A partir de esta información surge, inevitablemente, la siguiente pregunta: ¿Qué hizo el Banco de España al inicio de la grave crisis de desahucios, iniciada en 2006 y que todavía arrastramos?
Una crisis de vivienda que el Banco de España hubiera podido haber evitado
Así como el Banco de España ha realizado advertencias a las entidades, al gobierno o a los ciudadanos en general, llama la atención que permaneció callado durante la crisis de desahucios por ejecuciones hipotecarias.
Si el Banco de España hubiera advertido que hay un grueso de contratos cuya liquidación era impuesta y no pactada, la consecuencia inmediata conllevaba el sobreseimiento de muchas ejecuciones hipotecarias. Como se explica en el informe, una de las consecuencias de los contratos REDAL es que la liquidación de saldo presentada por la entidad no emana del contrato, ya que es impuesta unilateralmente por el banco, y debe sobreseerse el procedimiento judicial. Precisamente, quien habla de imponer una amortización no pactada es el propio Banco de España en sus resoluciones.
Si los ejecutados con contratos REDAL, cuya cantidad es tan grande que no podemos estimar, hubieran sabido de su situación, se habrían acogido al pago de cuotas más reducidas para sortear la crisis económica. Las entidades hubieran tenido que negociar y, globalmente, la salida de la crisis financiera se hubiera producido de manera negociada, no a golpe de desahucio.
Todo esto no sucedió porque el Banco de España se guardó de hacer público el problema de los contratos REDAL, que conocía como mínimo desde el año 2002.
El Banco de España: camino a la opacidad
Es de destacar el trabajo de investigación para localizar las resoluciones del Banco de España. Sin embargo, también es destacable, como señalan los autores del informe, que ya no será posible otra investigación de este estilo.
La razón es que la memoria de reclamaciones del Banco de España, hasta 2007, incluye el detalle de las reclamaciones favorables al cliente, una por una, donde se pueden apreciar las que tienen que ver con los contratos REDAL.
Pero a partir de la memoria de 2008 el Banco de España privó a todo el mundo de dicho detalle, sustituyéndolo por unos recuentos estadísticos de ninguna utilidad para conocer qué se discutía en cada reclamación.
Llama la atención, como señala el informe, que en la década del 2000 muchas organizaciones tomaran conciencia del estudio de casos y, a partir de ellos, elaboraran la gestión del conocimiento de la organización. Sin ir más lejos, todas las “preguntas frecuentes” que aparecen en los sitios web de la administración provienen del análisis de casos.
Por el contrario, el Banco de España, lejos de seguir el camino de las organizaciones, optó por la opacidad y retiró los casos de la memoria de reclamaciones. Es imposible averiguar nada desde 2008 hasta la actualidad.
Resulta chocante que la entidad que vela por la transparencia prive de la información a los ciudadanos. Y más chocante que ninguna administración de consumo, ningún partido o el propio gobierno, no haya exigido al Banco de España tomar el camino de la información accesible, pública y transparente.