El cómplice silencio del Banco de España arruinó a los accionistas del Banco Popular
12
de Octubre
de
2018
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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El juez Fernando Andreu ha dado el golpe de gracia al Santander y a las instituciones económicas europeas y españolas. Al desclasificar los documentos del Banco Central Europeo que ni este organismo ni el Santander querían que se pusieran en manos de los afectados o de las partes que están personadas en las diferentes causas que se están instruyendo en la Audiencia Nacional. Poco a poco se va sabiendo el porqué de esta oposición de la entidad presidida por Ana Patricia Botín: muestra elementos que podrían constituir una nueva causa de anulación de la operación.Según ha publicado el diario digital VozPópuli, un documento del Banco de España (BdE) demuestra que el Banco Popular disponía de suficiente liquidez para poder abrir al día siguiente, hecho que desmiente de manera absoluta la versión oficial de la JUR, del Santander, e, incluso, del (BdE) por la cual el Popular no tenía líquido ni siquiera para abrir las oficinas al día siguiente. Según el documento, fechado dos semanas después de la resolución y elaborado por la Dirección de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, la entidad disponía de «un saldo positivo de algo menos de 600 millones de euros, que permitía al menos disponer de un colchón para comenzar el nuevo día mientras se iban formalizando garantías adicionales».Esta información acredita que el Banco Popular fue resuelto y vendido por un euro sin ningún argumento que sostuviera esa decisión ya que era solvente, cumplía los mínimos regulatorios, disponía de liquidez y el Banco de España le hubiera dado más si no se hubiese producido la resolución que, por cierto, se había decidido cuatro días antes. ¿Se refería a esto Emilio Saracho cuando dijo que se trató de un bail in acordado? La realidad es que el ex presidente del Popular siguió al pie de la letra las instrucciones de Uría para declarar la inviabilidad.El Banco de España reafirma en ese documento lo que Diario16 lleva diciendo desde hace más de un año y medio (a pesar de que fueron muchos los que trataron de hablar de teorías conspirativas o, como Saracho, de guiones cinematográficos): no hubo razones objetivas para que el Popular fuera resuelto. Por un lado, los propios organismos implicados en el proceso reconocieron que la sexta entidad española no había quebrado puesto que el banco era solvente. En otro orden de cosas, esta documentación del BdE demuestra que tampoco existían problemas de liquidez. Por tanto, el Popular fue la culminación de una operación perfectamente coordinada desde España y Europa que tenía como único fin el rescate del Banco de Santander.Por otro lado, esa capacidad para abrir las oficinas el día 7 de junio hubiera permitido la ampliación de la línea de liquidez de emergencia en unos 4.600 millones gracias a garantías como WiZink, Metrovacesa y Cevasa. ¿Por qué no se permitió esto?Diario16 ya ha publicado documentación en la que se muestran los movimientos realizados por Emilio Saracho, sus directivos más cercanos y organismos como la JUR o el FROB, todo ello con el asesoramiento inestimable del despacho Uría y Menéndez (bufete de cabecera del Santander), en los que se estuvo frenando cualquier posibilidad de recuperar al Banco Popular: no se pusieron en marcha las operaciones de ampliación capital de, entre otros, Barclays, Credit Suisse o Deutsche Bank, se presentaron colaterales insuficientes para obtener la ELA, tal y como se demuestra en el informe del Banco de España, no se ejecutaron las ventas de activos no estratégicos como WiZink o TotalBank por las que había ofertas que hubieran dado liquidez y mejorado las ratios de capital. ¿Por qué Saracho no hizo nada de esto? No había intención de salvar al Popular.Por otro lado, la propia cronología de los hechos demuestra cómo se produjeron los movimientos orientados a que la resolución se ejecutara cuanto antes. El día 2 de junio por la mañana, cuando aún no se habían producido las grandes salidas de depósitos que provocaron la crisis de liquidez, Uría y Menéndez envió a Joaquín Hervada las instrucciones para la declaración de la inviabilidad —documento que obra en poder de la Audiencia Nacional y que reconoce que el banco no incumplía con los requisitos regulatorios— y con el plan de acción para el día siguiente a la resolución, el «Día R»: Extracto documento instrucciones Uría y Menéndez declaración inviabilidad. Documento en poder de la Audiencia Nacional Extracto Protocolo DIA R Uría y Menéndez. Documento en poder de la Audiencia NacionalEn la noche de ese mismo día, Elke König convocó una reunión para el día siguiente con un documento encriptado y en la que estarían, entre otros, Saracho y Jaime Ponce, presidente del FROB.En ese encuentro se decidió iniciar el proceso de resolución, tal y como se puede comprobar en el acta de la misma. En concreto, la JUR decidió aprobar «el inicio inmediato de la comercialización del Banco por parte del FROB». El mismo 3 de junio el organismo presidido por Jaime Ponce remitió a Arcano y Jeffreis la orden de comunicar a las entidades financieras españolas la convocatoria al proceso de subasta, hecho que se produjo al día siguiente: Extracto Documento FROB intervención Banco Popular 3 días antes de la resolución. Documento en poder de la Audiencia NacionalEl 5 de junio, lunes, se produjeron las salidas masivas de depósitos por parte de instituciones y empresas públicas que provocaron la crisis de liquidez en esos dos días: Documento en poder de la Audiencia Nacional de la salidas de depósitos de instituciones y empresas públicasEn esas mismas fechas, Emilio Saracho, por un lado, recibía ofertas de ampliación de capital o de compra de activos no estratégicos, como WiZink, y por otro las iba rechazando o guardando en un cajón, hecho que no comunicó en el Consejo de Administración en el que se decidió declarar la inviabilidad: Respuesta Saracho oferta ampliación de capital Deutsche Bank. Documento en poder de la Audiencia NacionalTodo estaba decidido. Uría ya había planteado la estrategia a seguir para que el Santander se quedara con el Popular. Los organismos económicos, tanto españoles como europeos, tenían preparado todo el esquema, tal y como se reconoce en dos hechos. En primer lugar, en el propio cronograma que el FROB, según indicaciones de la JUR, remitió a los bancos:En segundo término, por la modificación unilateral de las condiciones de la subasta que sólo se aplicó al BBVA quien, ante la falta de datos y estos cambios de última hora, decidió a última hora del día 6 de junio retirarse del proceso: Carta BBVA solicitando más tiempo de análisis para realizar oferta por Banco Popular. Documento en poder de la Audiencia NacionalAnte todas estas evidencias, ¿no tiene ya suficientes pruebas el juez Fernando Andreu para tomar medidas cautelares para frenar el enriquecimiento por parte del Santander a costa de la ruina de más de 305.000 familias? ¿A qué espera Andreu a hacer algo sabiéndose que disponía desde hace tiempo de ese documento secreto del Banco de España? Desde Diario16 llevamos meses solicitando, precisamente, que actúe. Sin embargo, no se está haciendo nada. Hace unos días, el juez Elpidio Silva lo dejó muy claro en su entrevista: «La instrucción no va ni muy lenta ni muy rápida, es que no va, no existe […] en los elementos de prueba que podríamos utilizar para hacer una investigación, que yo sepa, que no se ha hecho nada. Las diligencias son secretas, no se han llevado a cabo intervenciones de fuentes de datos de la entidad respecto de las comunicaciones de los ejecutivos antes de que se produjera la intervención».Ante todas estas evidencias de que la operación estaba dirigida, sostenida e implementada por los organismos dependientes del gobierno del Partido Popular y del ministerio de Luis de Guindos, ¿habrá o no habrá justicia? Queda en manos del juez Andreu que adopte las medidas cautelares correspondientes antes de que abandone el Juzgado de Instrucción para incorporarse a la Sala de lo Penal o sea elegido vocal del CGPJ. El más de medio millón de personas afectadas por el Caso Banco Popular no se merecen seguir sufriendo por una cuestión procesal.
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