El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, es decir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda la operación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundo término, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron los servicios de un bufete que es cliente del abogado de Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara.Al día siguiente, el 31 de mayo, se produjo la filtración a Reuters a la que Saracho no le dio mucha importancia —«es sólo un refrito de unas declaraciones anteriores», dijo en un correo electrónico que respondía al presidente de la Bolsa de México— que generó una importante fuga de depósitos y una bajada del valor de la acción.El día 2 de mayo Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez de cara a la declaración de inviabilidad y el plan de comunicación del «Día R», es decir, el día posterior a la resolución. Esa misma noche la JUR convocó una reunión para el 3 de junio que fue donde se inició todo el proceso de resolución del Popular, el Proyecto Hipócrates.El 4 de junio, Jefferies envió las cartas a las cinco entidades financieras españolas anunciándoles que el Popular iba a ser resuelto y que se iba a vender a través de un proceso de subasta. Es decir, que el asesor contratado por el FROB apenas tardó 4 días, con un fin de semana por medio, en preparar y asesorar la resolución de la sexta entidad financiera del país.Casualmente, al día siguiente, los organismos, administraciones y empresas públicas comenzaron a retirar sus depósitos de forma masiva, tal y como demuestran los documentos publicados en este medio.En consecuencia, el FROB contrató a dos importantes empresas para asesorar y preparar la resolución, casi al mismo tiempo que Saracho recibía ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que hubiesen salvado al Popular y que hubieran evitado la ruina de más de 305.000 familias. Pero, como dijo aquel, todo estaba «atado y bien atado».
El FROB preparó la resolución del Popular en el mes de mayo de 2017
16
de Julio
de
2019
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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Tal y como hemos venido informando en Diario16 desde hace meses, la resolución del Banco Popular fue preparada minuciosamente por todos los actores presuntamente implicados desde hacía mucho tiempo. Ya indicamos cómo el día 2 de mayo, en una reunión del BCE, se comenzaron los trabajos y cómo a partir del 23 de ese mes la JUR contrató a Deloitte para que hiciera su informe basado en un borrador de reglamento de la AEB, borrador que no fue aprobado hasta mucho tiempo después.El FROB contrató a sus asesores externos el día 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos que fueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible y llevara al Popular a ser resuelto. En concreto, el organismo presidido por Jaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid, tal y como se reconoce en un documento al que Diario16 ha tenido acceso:El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, es decir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda la operación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundo término, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron los servicios de un bufete que es cliente del abogado de Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara.Al día siguiente, el 31 de mayo, se produjo la filtración a Reuters a la que Saracho no le dio mucha importancia —«es sólo un refrito de unas declaraciones anteriores», dijo en un correo electrónico que respondía al presidente de la Bolsa de México— que generó una importante fuga de depósitos y una bajada del valor de la acción.El día 2 de mayo Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez de cara a la declaración de inviabilidad y el plan de comunicación del «Día R», es decir, el día posterior a la resolución. Esa misma noche la JUR convocó una reunión para el 3 de junio que fue donde se inició todo el proceso de resolución del Popular, el Proyecto Hipócrates.El 4 de junio, Jefferies envió las cartas a las cinco entidades financieras españolas anunciándoles que el Popular iba a ser resuelto y que se iba a vender a través de un proceso de subasta. Es decir, que el asesor contratado por el FROB apenas tardó 4 días, con un fin de semana por medio, en preparar y asesorar la resolución de la sexta entidad financiera del país.Casualmente, al día siguiente, los organismos, administraciones y empresas públicas comenzaron a retirar sus depósitos de forma masiva, tal y como demuestran los documentos publicados en este medio.En consecuencia, el FROB contrató a dos importantes empresas para asesorar y preparar la resolución, casi al mismo tiempo que Saracho recibía ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que hubiesen salvado al Popular y que hubieran evitado la ruina de más de 305.000 familias. Pero, como dijo aquel, todo estaba «atado y bien atado».
El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, es decir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda la operación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundo término, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron los servicios de un bufete que es cliente del abogado de Emilio Saracho, Carlos Gómez-Jara.Al día siguiente, el 31 de mayo, se produjo la filtración a Reuters a la que Saracho no le dio mucha importancia —«es sólo un refrito de unas declaraciones anteriores», dijo en un correo electrónico que respondía al presidente de la Bolsa de México— que generó una importante fuga de depósitos y una bajada del valor de la acción.El día 2 de mayo Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez de cara a la declaración de inviabilidad y el plan de comunicación del «Día R», es decir, el día posterior a la resolución. Esa misma noche la JUR convocó una reunión para el 3 de junio que fue donde se inició todo el proceso de resolución del Popular, el Proyecto Hipócrates.El 4 de junio, Jefferies envió las cartas a las cinco entidades financieras españolas anunciándoles que el Popular iba a ser resuelto y que se iba a vender a través de un proceso de subasta. Es decir, que el asesor contratado por el FROB apenas tardó 4 días, con un fin de semana por medio, en preparar y asesorar la resolución de la sexta entidad financiera del país.Casualmente, al día siguiente, los organismos, administraciones y empresas públicas comenzaron a retirar sus depósitos de forma masiva, tal y como demuestran los documentos publicados en este medio.En consecuencia, el FROB contrató a dos importantes empresas para asesorar y preparar la resolución, casi al mismo tiempo que Saracho recibía ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que hubiesen salvado al Popular y que hubieran evitado la ruina de más de 305.000 familias. Pero, como dijo aquel, todo estaba «atado y bien atado».
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