El IBEX domestica a Podemos

Victoria de Nadia Calviño y, por tanto, de las grandes empresas y de la banca, precisamente, los grandes triunfadores de la crisis económica. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias habrían decidido ejecutar una política económica continuista para calmar a los mercados y paliar el miedo generado por, precisamente, los grandes perjudicados por las políticas orientadas a la justicia social y a devolver la economía al pueblo español.El hecho de que Pablo Iglesias haya aceptado aplicar una continuidad en las políticas económicas es una derrota para el pueblo que tanto esperaba de Podemos. La domesticación de los morados no es más que una nueva victoria de las castas sobre la ciudadanía porque todos los votantes de izquierda de este país están esperando que se aplique una política fiscal justa en base al nivel de renta sin ningún tipo de prebenda ni exención que haga, como ocurre hasta ahora, que las grandes empresas y las grandes fortunas apenas paguen impuestos en España. Retirar esas exenciones era lo menos esperable para todos los hombres y mujeres de este país que han sufrido las consecuencias de una crisis terrible mientras veían cómo esas élites aumentaban sus patrimonios o sus beneficios.La domesticación de Podemos no es más que una nueva deslealtad hacia los votantes en base a eso que se ha dado en llamar «razón de Estado» que no es otra cosa que la coartada para que las clases dominantes sigan sometiendo a las clases medias trabajadoras de este país.El continuismo económico es una de esas victorias que pueden tener como consecuencia el gran fracaso de un gobierno de coalición que aún no ha sido investido. Mal comienzo si lo que se pretendía era poner los poderes del Estado al servicio de la ciudadanía y, sobre todo, que las élites económicas, empresariales y financieras devuelvan al pueblo una parte de los grandes beneficios que han obtenido con la crisis y que son la causa del crecimiento de los índices de desigualdad y pobreza. No se trata de que las nuevas reformas se planteen como un método de confiscación, como se está alentando desde los organismos gubernamentales que deberían supervisar lo que hacen esas élites, sino de que que esas clases dominantes aporten lo que les corresponde de la misma manera en que lo hacen las clases medias trabajadoras.Las presiones a las que se está sometiendo a la sociedad son intolerables. Los empresarios, directamente, han afirmado que no quieren a Podemos en el gobierno. Los empresarios están preocupados de que la legislación laboral cambie y se haga una contrarreforma que acabe con los abusos de la ley aprobada por Mariano Rajoy en 2012 que legalizaba la precariedad laboral, los bajos salarios y que daba libertad a los empresarios a ejecutar expedientes de regulación de empleo, aunque la sociedad estuviera generando beneficios. El sector financiero, en general, y el Banco Santander en particular son un ejemplo de ello.Hay que recordar que la reforma laboral de 2012 se aprobó y se implementó sin contar con los sindicatos, algo que va en contra de la Constitución, texto que en su artículo 37 afirma que «La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios».Mientras que la Carta Magna se utiliza como arma arrojadiza por la situación en Cataluña, no ha problema en aprobar leyes que la incumplan siempre que benefician a la clase dominante. Otro de los aspectos en los que la reforma laboral incumplió la Constitución fue en lo referido al artículo 35, que dice muy claramente que «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Precarización en el empleo, salarios ínfimos, condiciones laborales que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la ONU y la OIT, son las consecuencias de esa reforma laboral que ahora, con el pacto de PSOE y Podemos, está en serio peligro de extinción por una razón principal: la justicia social en la que debe basarse cualquier gobierno que se precie de llamarse progresista.Por otro lado, tenemos a la banca y a las grandes fortunas. En relación a los primeros, desde diferentes foros ya se empezó a implementar el miedo en los mercados al afirmar que la presencia de Podemos en el Gobierno de España supondría una reducción de un 33% de sus beneficios. Las propuestas del partido de Pablo Iglesias para que el poder financiero no abuse de la ciudadanía a través de cláusulas, índices o de operaciones de rescate encubierto, ha provocado pánico entre la banca. Por esta razón, el poder financiero ha lanzado toda su capacidad de influencia social, política y mediática para torpedear la formación de un gobierno progresista.Respecto a las grandes fortunas, ocurre otro tanto. Ya se están preparando para, una vez investido Pedro Sánchez, ejecutar una fuga de capitales a otros países de la Unión Europea. Estos grandes patrimonios, además, están lanzando el bulo del «hachazo fiscal» en referencia a las reformas que se intuye que realizarán el PSOE y Podemos para que la recaudación del Estado no esté focalizada en las clases medias trabajadoras. La realidad es que lo que se pretende imponer desde el gobierno que se forme tras la investidura es realizar una serie de reformas en las que se aplique la justicia fiscal y que esas grandes fortunas y esas grandes empresas paguen lo que le corresponde en base a lo que indica la ley. No se van a subir los impuestos, simplemente se va a hacer que los que más tienen paguen lo que tienen que pagar, sin exenciones que provocan que haya casos en los que familias que ganan al año cientos de millones de euros o empresas que tienen miles de millones de beneficio tengan una declaración negativa, es decir, que el Estado les devuelve dinero.