El peor delito que puede cometer un juez es la prevaricación, es decir, la adopción de decisiones a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Esto es lo que, presuntamente, pudiera estar sucediendo en el Caso Popular, sobre todo después de la presentación del último informe de los peritos del Banco de España.
Este documento, al que Diario16 ha tenido acceso, muestra cómo los inspectores del supervisor español se niegan a hacer lo que les había pedido el juez José Luis Calama Teixeira, esto es, realizar una simulación de las cuentas del banco en base a una regulación que no estaba en vigor. Eso es ilegal y, en consecuencia, la orden del instructor rozaría presunta y peligrosamente la prevaricación.
Los peritos son claros y explícitos: «No se puede hacer ese ejercicio de simulación por no tener base regulatoria». Eso sí, el juez se puede tomar cumplida venganza contra los inspectores acusándolos de perjurio por el contenido de anteriores informes. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que Calama pretendía obligarles a hacer un informe que no se podía hacer porque es ilegal, algo que ya denunciamos en este medio hace meses.
Por otro lado, y esto es muy importante, lo que deja claro también el documento de los peritos del Banco de España es que Banco Popular no debió ser resuelto y que las cuentas de la entidad eran correctas. En la fecha de la resolución el Popular era solvente y viable con un valor patrimonial de 11.000 millones de euros. Entonces, lo que debe investigar Calama es las razones por las que se generó la crisis de liquidez que fue la única causa de la resolución y eso se produjo a partir del segundo trimestre de 2017.
El juez Calama Teixeira, un hombre cuyos vínculos familiares le acercan a Banco Santander, dio un inexplicable volantazo de 180 grados en su instrucción a partir de octubre de 2021. ¿Qué razones externas pudieron provocar que se dedicara a investigar cosas que nada tuvieron que ver con la resolución? Haberlas, las debería haber, si no sería inexplicable.
Lo realmente cruel de la Justicia en España es que ya es habitual, y nunca pasa nada, que los jueces vivan con absoluta impunidad, y más en la Audiencia Nacional, donde los magistrados, de manera recurrente, presuntamente violan la legalidad a diario dictando resoluciones que podrían ser ilegales. Existen procedimientos en los que el instructor ha resuelto de facto cuestiones propias del órgano decisor, y no pasa nada.
La instrucción del Caso Popular termina el 30 de abril, salvo que Calama pida una nueva prórroga. Falta mucho por investigar porque de lo ocurrido desde el 1 de mayo al 6 de junio de 2017 no se ha investigado nada.
No se han reclamado al despacho Uría y Menéndez las comunicaciones con el equipo de Emilio Saracho para verificar lo que sucedió antes de la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017 o en las semanas previas a la reexpresión de las cuentas. Diario16 ha publicado algunas y son escalofriantes. No se han pedido las actas notariales en las que se traspasaba la propiedad al Santander.
No se ha interrogado a los responsables de los diferentes organismos públicos que retiraron depósitos para verificar si hubo intercambio de información privilegiada. Tampoco se ha reclamado al Santander las razones por las que no se redactó el acta definitiva del Consejo en el que se declaró la inviabilidad. En este punto, en Diario16 publicamos los correos electrónicos remitidos por los consejeros a Joaquín Hervada tras la resolución.
Falta mucho por hacer y Calama ha perdido casi dos años en investigar y rebuscar en elementos en los que no existe causalidad alguna con la resolución. Él sabrá por qué lo ha hecho pero, a veces, el sol no es bueno para la piel ni para la salud.