España es uno de los países de la UE que menos invierte en vivienda pública

La falta de un plan estatal que proteja, fomente y desarrolle la construcción de vivienda de protección oficial y garantice un derecho básico de los ciudadanos ante los abusos del mercado se ha convertido en una de las asignaturas pendientes de la democracia española. Llevamos décadas sin un programa de vivienda pública impulsado por el Estado y esa es una de las causas principales de que millones de españoles no puedan comprarse una casa ni alquilar. Ello ha tenido una consecuencia: Españaes uno de los países europeos que menos invierte en vivienda pública.Vivimos en un país donde la compra de un piso es una quimera para buena parte de la población, ya que solo las clases acomodadas pueden permitirse afrontar una hipoteca. Al mismo tiempo, el mercado de alquiler sigue inflando una nueva burbuja inmobiliaria y conseguir una vivienda en arrendamiento, sobre todo en las grandes ciudades, se está poniendo cada día más difícil, ya que los precios aumentan hasta niveles desorbitados. Las inmobiliarias y los portales virtuales del sector se han convertido en auténticos escaparates del hogar precarizado y abundan los anuncios de mini pisos, ratoneras o zulos lóbregos que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad y que pretenden pasar por chollos cuando son verdaderas estafas. Los alquileres de habitáculos con 20, 15 o incluso menos metros cuadrados (a precios de oro) se han convertido en la única salida para muchos españoles que ya no pueden aspirar a una vivienda digna.El mercado inmobiliario se ha convertido en un espacio sin control ni regulación mientras en nuestro país solo un 2% de los inmuebles pertenecen al parque de vivienda pública (en total hay unos 25,5 millones de casas registradas). Según el informe El parque público y protegido de viviendas en España, elaborado por la Fundación Alternativas, nuestro país figura entre los Estados de la UE con un menor nivel de protección social y con los mayores índices de exclusión residencial. Tal como consta en este estudio, España necesita al menos 1,5 millones de viviendas de protección oficial para garantizar el actual mercado del alquiler.La vivienda pública fue una de las primeras víctimas de los recortes presupuestarios durante los años de la crisis. Sin embargo, pese a que todos los indicadores apuntan a que España ha entrado en la senda de la recuperación económica siguen sin construirse pisos promocionados y tutelados por el Estado. El año pasado se vendieron 4.938 pisos sociales en toda España, según el Ministerio de Fomento. Esa cifra supone apenas un 9,2% de todas las viviendas terminadas. Es como sin ningún gobierno se atreviera a invertir en vivienda de protección oficial, cuando se trata de un sector que no solo puede crear puestos de trabajo en el ámbito de la construcción sino que garantiza un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda.El Gobierno ha preparado un paquete de medidas para pinchar la burbuja inmobiliaria, pero Podemos ya ha advertido a Pedro Sánchez de que no apoyará su política de vivienda si no fija un límite máximo al precio de los alquileres. Pese a todo, numerosos expertos creen que poner un tope al mercado no será la solución, ya que arrendador y arrendatario seguirán fijando sus propios precios “bajo manga”, alimentando así la economía sumergida.El Ejecutivo socialista, en un intento por planificar el sector, aprobó recientemente el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el período 2018-2021. El plan tiene dos grandes objetivos: contribuir al incremento del parque de viviendas en alquiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.El Plan fue publicado en el BOE de 10 de marzo de 2018, mediante el Real Decreto 106/2018 y pretende, entre otras medidas, contribuir a que los deudores hipotecarios, como consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida, puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios; reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión; mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental; contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años; facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler; contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño tamaño, entendiendo por tales aquellos de menos de 5.000 habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso a la adquisición o rehabilitación de una vivienda en dichos municipios; facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados; facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad y contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario en municipios de menos de 5.000 habitantes. Un plan que quedará, como otros muchos, en papel mojado si no se dota del presupuesto suficiente para llevarlo a cabo.