Esquerra sí que se preocupa del pueblo español

Desde hace años, antes del «procés», se ha pretendido demonizar a Esquerra Republicana de Catalunya por, precisamente, ser un partido coherente con su ideología (con la que legítimamente se puede o no estar de acuerdo) y con la acusación constante de que su única pretensión es la de «romper España». Sin embargo, ERC ha demostrado en las últimas fechas que sí que se preocupa por todo el pueblo español con hechos y no con palabras. Los hechos permanecen, las palabras se las lleva el viento.El diputado de Esquerra Joan Capdevila ha solicitado al Gobierno que exponga por escrito la valoración que hace de la operación que terminó con la ruina de más de 305.000 familias afectadas por la resolución del Banco Popular. Además, Capdevila ha criticado que el Gobierno siga apoyando al Santander y a la Junta Única de Resolución.Por otro lado, el diputado de ERC ha solicitado al Ejecutivo socialista una respuesta sobre si va a mantener la personación de la Abogacía del Estado en apoyo de la JUR para defender la tesis de que la resolución se realizó en base a la legalidad, algo que, cada día que pasa y con las pruebas que está publicando Diario16, junto al informe de los peritos del Banco de España, está más en duda. Por esta razón, Capdevila ha planteado en su escrito que la operación sea declarada nula. La resolución del Popular fue «injusta y se ejecutó de manera irregular», ha afirmado el diputado catalán.Con esta acción ERC está demostrando que las ideologías y el servicio al pueblo se demuestran con hechos, no con palabras. Tal y como ya publicamos en este medio, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y de Luis de Guindos quien personó a la Abogacía del Estado a defender a la JUR ante los tribunales europeos y, sorprende que, estando estos abogados adscritos al Ministerio de Exteriores, Josep Borrell no haya retirado motu proprio a estos letrados porque, siendo socialista, el apoyo a los intereses de la banca suena, cuando menos, "irritante".Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, tuvo acceso a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicita «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR».La solicitud para que el Reino de España fuese uno de los defensores de la JUR en contra de los afectados del Popular fue admitida por el TGUE el pasado día 5 de julio de 2018, por lo que el Estado español, desde el Jefe del Estado hasta el Gobierno, se colocó en contra de los afectados del Banco Popular.Ya hay antecedentes en los que el Gobierno defendió a la banca en vez de a los ciudadanos y ciudadanas víctimas de sus abusos: en la vista del IRPH la abogada del Estado, María José García Valdecasas-Dorrego, realizó una intervención que bien podría haber hecho cualquier abogado defensor de la banca. Lo más notorio de la defensa del Estado a los intereses de la banca vino cuando la letrada solicitó al TJUE que, en caso de que el Tribunal determinase la nulidad del IRPH, no se aplicase ningún tipo de retroactividad puesto se provocaría un grave perjuicio económico. ¿A quién? Evidentemente, a la banca, no al Estado. Por tanto, lo que la representante del Reino de España pidió es que no se devolviera el dinero cobrado de más a los afectados.¿En estos dos casos, el gobierno está defendiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas? No, defiende los intereses de entidades financieras privadas que, tanto en el Caso Popular como en el IRPH, han cometido abusos. ¿Han salido a defender a los españoles y españolas los partidos que todos los días utilizan la Constitución de manera patrimonialista y como un arma de destrucción masiva? Por supuesto que no. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular se mantienen callados ante una de las presuntas estafas más grandes de la historia España.Entonces, ¿quién se ha puesto a la vanguardia de todos y todas las afectadas del Banco Popular sin distinguir si viven en Cataluña, en Cáceres, en Sevilla o en Tenerife? Ha sido ERC y, por tanto, el partido catalán sí que está defendiendo a todo el pueblo, sin distinción alguna, porque es lo justo.El gobierno de Pedro Sánchez no debería caer en el error moral e ideológico que cometió al no retirar la Abogacía del Estado en la vista del IRPH y enfrentar, por tanto, al Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas. El socialismo real y verdadero prioriza los problemas del pueblo a los de las élites. Perdió una oportunidad, ahora es el momento de ser, junto a ERC, vanguardia de lealtad a quienes tiene la soberanía del Reino de España.