Los organismos de la Unión Europea pensaron desde el principio que la resolución del Banco Popular se iba a quedar en una mera anécdota y que los más de 1,2 millones de afectados se resignarían ante la pérdida de sus ahorros. Sin embargo, no está siendo así y el Caso Popular se ha convertido ya en la mayor lucha legal que ha conocido Europa puesto que se está desarrollando en diferentes jurisdicciones y está contando con documentación suficiente como para demostrar que todo fue una operación de rescate al Banco Santander.
Los últimos documentos que la Junta Única de Resolución se ha visto obligado a hacer públicos tras una decisión judicial han sido los relacionados con la supuesta investigación iniciada para determinar las filtraciones que se recibieron en la Agencia Reuters y que provocaron el pánico tanto en los mercados como en los clientes.
El día 31 de mayo de 2017 Reuters publicó lo siguiente: «Uno de los principales organismos de vigilancia de la banca en Europa ha advertido a altos cargos de la Unión Europea que el Banco Popular podría necesitar una resolución ordenada si no logra encontrar un comprador, dijo un alto cargo comunitario a Reuters». Posteriormente, en la noticia se indicaba que «“König ha dicho (...) que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) está siguiendo la situación (del Banco Popular) con particular atención con vistas a una posible intervención”, dijo el alto cargo, añadiendo que los intentos de fusión de la entidad “podrían ser infructuosos”. “Los preparativos generales están en marcha, aunque no se ha tomado ninguna medida concreta”», se puede leer en Reuters.
Unas filtraciones con unas consecuencias tan graves hubiesen puesto en marcha una investigación para determinar los responsables de las mismas, si es que no se trató de la propia presidenta de la JUR, algo que aún está en duda, sobre todo teniendo en cuenta sus declaraciones en Bloomberg ocho días antes en las que afirmó prácticamente lo mismo que lo publicado por Reuters.
Hay que recordar un hecho: tras la publicación de la noticia en la agencia británica, salieron del Popular 5.000 millones de liquidez. El tercer duro golpe que recibía el banco tras la publicación del hecho relevante sobre la reexpresión de las cuentas y el discurso de Saracho en la Junta de Accionistas.
A pesar de ello, la JUR sólo le dedicó dos correos electrónicos para resolver el asunto de las filtraciones. Según ha publicado Invertia, la investigación se inició dos meses después de la resolución y, según el abogado Bernardo M. Cremades Román, demostraría que, más que una investigación, se trató de una operación para protegerse de sus responsabilidades en base a las reclamaciones que ya se habían presentado ante la justicia europea. La JUR, llega a indicar en uno de esos correos, que, al no lograr identificar, consideran que sus controles de confidencialidad fueron correctos.
Las filtraciones y el Popular
La JUR llega a indicar en uno de esos correos que tenía serias sospechas respecto a que pudiera haber alguien interesado en enviar información errónea a los medios para crear confusión respecto a la situación del Banco Popular. ¿A quién le podría interesar más generar ese escenario de incertidumbre que a los directamente implicados en la operación de rescate al Santander? De estos había muchos, como se ha podido comprobar en las publicaciones de Diario16, tanto en Europa como en España y, lo que es peor, al más alto nivel.
Las filtraciones fueron uno de los elementos clave para crear la crisis de liquidez. Así lo reconocieron, entre otros, los peritos del Banco de España en su informe al demostrar cómo la estrategia de comunicación de Saracho puso al Popular en riesgo de fuga de depósitos: «La falta de comunicación por el Banco Popular de una estrategia clara para cumplir con el aumento de requerimientos de capital en el año 2018 acentuó la inestabilidad de la valoración del Banco. En este sentido, fue premonitorio el comentario de un inversor que decía que estaban poniendo al Banco en riesgo de una fuga de depósitos y que por qué no se había comunicado algún aspecto positivo». Hay que recordar cómo esa estrategia de comunicación estuvo controlada desde el mes de febrero por el bufete de abogados de cabecera del Santander, tal y como afirmó en sede judicial Carlos Balado, exdirector general de Comunicación del Popular.
El propio exdirectivo reconoció también que fue Emilio Saracho quien filtró la noticia de la supuesta quiebra del Popular a El Confidencial, algo que a estas alturas no debería sorprender a nadie. Respecto al hecho relevante en el que se desmintió la noticia, afirmó lo siguiente: «Yo hable al día siguiente, porque ese mismo día habló el Presidente con ellos [El Confidencial], yo no hablé con ellos, hable al día siguiente, porque publicaron una, a partir de la conversación del Presidente con ellos, ellos publican una entrevista o una noticia, a modo de entrevista, con el Presidente del banco, entonces, él se siente traicionado por lo que aparece, me pide que hable con ellos, yo hablo con ellos y les hago ver, que ese tipo de cuestiones no se pueden hacer, que la conversación no era para publicar, ellos me dicen, que no habían sido advertidos de que la conversación no era para publicar y ellos la publican y se quejan de que el banco hubiera hecho un hecho relevante, habiendo partido la información del Presidente del banco y de la conversación que habían tenido con el banco».
Estas revelaciones son una demostración más de que Saracho tenía sólo un papel: debilitar al Popular al máximo para realizar una venta o llevarlo a la resolución, como así sucedió y como él mismo anunció en el Banco Central Europeo apenas fue nombrado presidente.