Tal y como publicó en exclusiva Diario16, un ciudadano presentó una denuncia contra el Estado español por vulneración de derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión. Un caso más de cómo España se encuentra en boca de toda la UE por la situación crítica en que se hallan tanto la Justicia como los órganos que sustentan el Estado de Derecho.
Según un documento al que ha tenido acceso este medio, la Comisión Europea ha admitido a trámite esta denuncia e iniciará una investigación contra España en la que se decidirán las medidas a adoptar. «Si la Comisión considera que puede existir una infracción del Derecho de la Unión Europea que justifique la apertura de un procedimiento de infracción, enviará una "carta de emplazamiento" al Estado miembro en cuestión, solicitándole que presente sus observaciones en una fecha determinada. A la luz de la respuesta o la ausencia de respuesta del Estado miembro en cuestión, la Comisión puede decidir enviar un "dictamen motivado" al Estado miembro, pidiéndole que cumpla la legislación de la Unión Europea en un plazo determinado», afirma el documento.
«Los derechos fundamentales son vulnerados en España a diario con absoluta impunidad»
La denuncia de este ciudadano, a la que Diario16 ha tenido acceso, indica su condición de accionista de la empresa francesa de tecnología Alcatel-Lucent cuando Nokia Corporation lanzó una OPA irrevocable por el 100% de la compañía. Como resultado, el ciudadano hizo una orden válida de compra online en la que aceptaba la oferta pública de adquisición, que, según la denuncia, Bankinter ignoró y no ejecutó. Esta acción evitó que se convirtiera en accionista de la multinacional Nokia.
Estos hechos fueron denunciados ante la CNMV y se abrió un expediente. «En este punto todas las evidencias muestran que tanto la CNMV como el Banco acordaron llevar a cabo una estrategia conjunta con el objetivo de suavizar la multa por las infracciones cometidas por el Banco, convirtiendo una infracción muy grave en una infracción menor, ahorrándole al Banco un importante cantidad de dinero, pero a expensas de violar los derechos fundamentales del denunciante», indica la denuncia, a lo que añade que « El procedimiento que siguen para lograr tal delito, fue diseñado en dos etapas: A) Privar al denunciante de su derecho fundamental a ser oído. B) Falsificar un documento con la intención de hacer creer que era la orden online realizada por el denunciante aceptando la OPA».
Cuando este ciudadano recibió la resolución del expediente y tuvo conocimiento de los presuntos delitos que pudieron haber cometido tanto la CNMV como Bankinter, se comunicó con la CNMV para hacerles saber que a raíz de la forma en que tramitaron el asunto, le habían privado de su derecho fundamental a ser escuchado y que el documento proporcionado por el Banco era una falsificación.
«Les rogué que enmendaran el asunto, pero se negaron a hacerlo. Por lo anterior solicité al Banco copia del documento de la orden de aceptación de la OPA que el Banco se negó a entregar, por lo que presenté una nueva denuncia ante la CNMV la cual se negó a aceptar para su trámite. con el objetivo de no lesionar los intereses del Banco, pero una vez más a expensas de los derechos fundamentales del denunciante», afirma la denuncia.
Como la CNMV es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, sus altos cargos son nombrados por el ministro o ministra, y, en consecuencia, depende del Gobierno, el ciudadano denunció los hechos al presidente Pedro Sánchez y a diferentes miembros del Ejecutivo sin que recibiera respuesta alguna.
«En lo que respecta a los ciudadanos de a pie, los derechos fundamentales y la corrupción imperante dentro de la Administración Pública Española, que el ciudadano sufre en carne propia, no les importan. Los derechos fundamentales son vulnerados por las instituciones públicas españolas a diario en absoluta impunidad, donde el Estado de Derecho es una broma», concluye la denuncia.