Diario16 lo anunció en pleno confinamiento. Empresas y autónomos denunciaban a nuestro medio condiciones abusivas en la concesión por parte de algunos bancos de los préstamos ICO Covid. Ahora desde la Comisión Nacional del Mercado de Competencia se analiza si hubo abusos y se expedienta al Santander, Sabadell, Bankia y CaixaBank.
Unos créditos ICO que lanzó el Gobierno de España, a través de las entidades financieras pero con dinero público, para ayudar a superar la crisis de la pandemia.
Así, ahora, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) investiga la vinculación a distintos productos financieros, como seguros, que los bancos habrían exigido a los clientes para concederles dicha financiación. La organización también analiza el uso de esos créditos para reestructurar deudas financieras preexistentes.
Los prestamos ICO Covid nunca se lanzaron desde el Gobierno para que los bancos hicieran negocios con paquetes de seguros o para recuperar parte la deuda de los clientes con esas mismas entidades. Pero hay indicios de que pudieron hacerlo así desde estas cuatro entidades.
Denuncia de Diario16
Diario16 ya anunció en abril, en pleno confinamiento, de lo que estaba ocurriendo. Según publicó entonces,empresarios, autónomos y desde las patronales sectoriales denunciaban el abuso en las condiciones que exigían a los clientes de líneas ICO. Unos créditos lanzados por el Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid19.
Las entidades financieras, según pudo saber nuestro medio, se condicionaba desde algunos bancos a la contratación de ciertos productos, principalmente seguros.
Investigación sobre los Préstamos ICO Covid
La investigación tienen su origen en información recibida por la CNMC a través del buzón Covid. Se trata de un canal que activó durante el estado de alarma del año pasado para que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas anticompetitivas que se estuvieran produciendo en los mercados.
Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los cuatro bancos podría suponer un falseamiento de la libre competencia. Además, esa actitudhabría afectado al interés público.
Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.