Los trabajadores públicos de laAdministración Pública del Estado (AGE) vuelven a la oficina, y da por finiquitado el acuerdo con los sindicatos por el que se fijaban tres días de teletrabajo y dos presenciales. Los sindicatos se han negado a firmar la orden del Ministerio de Hacienda que otorga solo un día a la semana para el trabajo a distancia.
Teletrabajo
La incidencia de la pandemia ha vuelto a bajar esta semana, situándose en niveles de hace un año. El fin de las restricciones sanitarias en las comunidades autónomas ha provocado que los funcionarios y trabajadores públicos sean los principales afectados en lo referido al teletrabajo.
Este viernes ha entrado en vigor la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que reduce a un solo día máximo el trabajo a distancia de los 230.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE).
Los sindicatos en contra
Los principales sindicatos han mostrado su rechazo y desde CCOO, UGT y CSIF se recuerda que no firmaron esta orden. Además denuncian que la orden que ha entrado en vigor y que se aprobó el pasado mes, se “les dio como hechos consumados, sin posibilidad de negociar”. Por eso reclaman que se cumpla con el acuerdo del pasado mes de abril, cuando era ministro de Función Pública, Miquel Iceta.
La nueva normativa no regulación el teletrabajo, sino que retrotrae a una situación similar a la que había antes de la crisis de la Covid-19.
Solo un día de teletrabajo
Los trabajadores que regresan hoy a su puesto de trabajo en la AGE deberán cumplir cuatro días presenciales y solo uno a distancia.
En total serán 229.348 trabajadores y trabajadoras de los distintos ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales, entre otros. Hasta ayer, estaban trabajando cuatro días en casa y uno presencial.
El acuerdo con Sanidad
El pasado 17 de junio de 2020, tras el confinamiento, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entonces dirigido por Carolina Darias, antes de acceder al ministerio de Sanidad y los sindicatos firmaron un acuerdo para el teletrabajo del personal público.
En el mismo se contemplaba, siempre que las condiciones lo permitieran, trabajar cuatro días desde casa y uno en su puesto de trabajo, justo lo contrario que en la actualidad.
El acuerdo modificó el Estatuto Básico del Empleado Público para poder incluir la modalidad del teletrabajo en la función pública, que hasta esa fecha no se contemplaba.
Únicamente quedan fuera de cumplir las nuevas normas que entran en vigor este viernes, aquellos trabajadores y trabajadoras inmunodeprimidos, en tratamiento por cáncer, en cuarentena o en determinados territorios en el exterior.
El teletrabajo se diluye en España
El 17 de junio se acordó regular el teletrabajo en la AGE. El entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta suscribió con los representantes sindicales un documento que recogía los principios generales para el desarrollo del teletrabajo en la AGE. Este fomentaba la presencia de la Administración del Estado en el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico, modernizar la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del rendimiento, contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo.
Todo se ha quedado en aguas de borraja y se ha vuelto a lo que había entes de la pandemia. Por desgracia, el teletrabajo se aleja de la realidad española y, se vuelve a la realidad de los atascos, la contaminación, los bares y la presencialidad en la oficina.
Mucho enfado
Los sindicatos afirman que entre los trabajadores y trabajadoras públicos hay “enfado, molestia e incluso desconocimiento”. Reclaman a la Secretaría de Estado de Función Pública que “retome la negociación para convertir el acuerdo que se firmó con Iceta en una realidad normativa y que el teletrabajo se convierta en una herramienta permanente en la administración”.
UGT denuncia “el desconcierto por la Administración, que cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio”. Además afirman que es un inconveniente para muchos empleados y empleadas que pasan de trabajar solo un día presencial, a hacerlo cuatro y, en los próximos meses, volver a un sistema intermedio, puesto que "complica la organización”.
Subida salarial
Desde CCOO, el sindicato mayoritario en la función pública informaron que habían enviado una carta al Ministerio para que se convocase la reunión. “Insistimos en la necesidad de la convocatoria urgente de la mesa para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para que las empleadas y empleados públicos, y también los trabajadores y trabajadoras del sector público empresarial, vean reconocido su esfuerzo más allá de las buenas palabras, los aplausos o los reconocimientos”.
El objetivo de los sindicatos en esta negociación es “el de continuar recuperando poder adquisitivo”. Además solicitan una negociación conjunta para el próximo año y el siguiente, hasta el final de la legislatura.
Los sindicatos quieren que se elimine la tasa de reposición que fija cuántos de los funcionarios jubilados deben ser sustituidos, y que aumenten la plantilla en organismos como el SEPE o la Agencia Tributaria.