IRPH, Cláusulas Suelo, Valores Santander o las Cesiones deCrédito son algunos de los productos por los que el banco cántabro tiene abiertosmúltiples frentes judiciales abiertos por la comercialización o la aplicaciónde cláusulas abusivas. Todo ello, por no hablar del Caso Banco Popular.
El último frente judicial corresponde a la HipotecaTranquilidad, un producto comercializado por Banesto durante la etapa en la queAna Patricia Botín presidió la entidad, en plena burbuja inmobiliaria. Bajo elreclamo de ser un préstamo hipotecario ideal para parejas jóvenes,Banesto colocó un crédito hipotecario con consecuencias perniciosas para losclientes que lo contrataron: un elevado tipo fijo durante 10 años, unaamortización de capital mínima en los primeros años, la posibilidad de que elcapital pueda elevarse sobre el inicial y de que la duración del préstamo noesté determinada son sólo algunas de las características que fueron ocultadaspor la entidad. La Hipoteca Tranquilidad, por tanto, estaba diseñada paraque en los 10 primeros años el cliente sólo pagara intereses sin casiamortizar capital. Banesto promocionaba este producto con un claroatractivo: la cuota predeterminada. Esto hacía que la duración del préstamopudiese variar, ya que contaba con un tipo fijo cercano al 5% los primeros 10años y luego pasaba a contar con tipo variable.
El Euribor bajó considerablemente durante la crisisfinanciera, algo que no benefició a las personas que contaban con una hipotecatranquilidad.
El Grupo Santander recibió un verdadero alud dereclamaciones, por lo que Banesto ofreció novaciones que tampoco suponían unamejora sustancial del contrato ya que, si bien retiraba el tipo fijo, nuncadevolvió las cantidades abonadas de más y, en muchas ocasiones, incrementó eldiferencial aplicado. Unas condiciones que, además, obligó a firmar conexpresa renuncia a posteriores acciones legales en muchos de los casos.Numerosos afectados, ante la imposibilidad de seguir pagando las altas cuotasde la hipoteca, aceptaron la oferta.
La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), después de que sus servicios jurídicos estudiaran decenas de casos, presentó una demanda colectiva en nombre de 250 afectados que ganó en primera instancia en septiembre de 2018. También se han presentado demandas individuales tanto desde la propia asociación como por el trabajo de otros despachos. Una de ellas, bajo la dirección letrada de Aranzazu Jurado, ha llegado hasta el Tribunal Supremo que la ha admitido a trámite, lo cual abre un precedente importante para el resto de reclamaciones que están en diferentes instancias.
Para hacerse una idea de lo que significa este nuevoproducto con condiciones abusivas, en una hipoteca firmada en el 2007 por200.000 euros, el perjuicio generado podría superar los 60.000 euros, según loscálculos realizados por los peritos financieros de ASUFIN.