Diario16 fue el primer medio que, en el mes de julio de 2019, comenzó a hablar de las hipotecas REDAL. Es importante saber que la expresión REDAL es el acrónimo de Redito Ad Libitum (devolución a voluntad). Esto significa que, en caso de dificultades económicas, el cliente tiene derecho a devolver un importe mucho menor del que marca la cuota mensual que le está cargando el banco.
Esta situación no pasaría de anecdótica si no fuera porque un grupo de matemáticos y abogados descubrió que las hipotecas REDAL son más de la mitad de las firmadas en el período 2000-2018. Es decir, que con un poco de suerte, si un deudor pasa por un mal momento, tendría una defensa jurídica fuerte ante el banco porque su propia escritura le protege.
Años después, con una pandemia de por medio, la Dirección General de Consumo de Baleares publicó el estudio financiero más completo sobre las hipotecas REDAL.
Ahora, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha presentado una batería de preguntas dirigidas al gobierno sobre este tipo de préstamos hipotecarios.
El documento dirigido a la Mesa del Congreso, al que Diario16 ha tenido acceso, señala que el «número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 11.556 en 2022, una cifra que representa un 5% menos de las que se produjeron en 2021, cuando se registraron 12.166, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra del año pasado, pese a que supera a la que se registró durante el periodo 2019-2020 (cuando no se alcanzaban las 10.000 ejecuciones hipotecarias anuales), está muy lejos de los peores números del periodo 2014-2016, cuando todavía se estaban sufriendo las graves consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers».
Sin embargo, tal y como señala el documento, la política monetaria del Banco Central Europeo de subidas indiscriminadas de los tipos de interés, unido a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, puede provocar un nuevo incremento de los lanzamientos por parte de los bancos.
Ante esta situación, «el informe financiero sobre el sistema ‘redito ad libitum’ (REDAL) en los contratos hipotecarios, encargado por la Dirección General de Consumo del Govern balear al matemático Guillem Bou, permite evitar el desahucio y flexibilizar el pago de la deuda en determinadas hipotecas firmadas antes del 2011 ya que, según demuestra, se rubricaron pese a contener graves errores, cláusulas abusivas, falta de transparencia financiera y otro tipo de irregularidades», señala el documento.
Tal y como publicó Diario16, el propio Banco de España confirmó la falta de transparencia de las hipotecas REDAL. Las preguntas presentadas por Sumar señalan, además, que si el supervisor español ya era consciente del REDAL en 2002 hubiera podido hacer algo durante la crisis de 2008, sobre todo haber pedido al poder legislativo el desarrollo de normas que habrían protegido a los consumidores de la avalancha de desahucios de la banca.
«Debido a los problemas que suscitaron las hipotecas REDAL, y pese a que el Banco de España, organismo supervisor, era conocedor de la situación al menos desde el 2002, no actuó hasta finales de 2011. En una orden del 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, indica que ‘si el tipo de interés aplicable fuera variable o variable limitado, la entidad incluirá ejemplos numéricos que indiquen claramente de qué modo los cambios en el pertinente tipo de interés de referencia afectarán al importe de las cuotas’. El Banco de España añade que estos ejemplos de variación del tipo de interés ‘serán realistas y simétricos, y ofrecerán siempre información sobre los efectos de supuestos desfavorables’, señala el documento de Sumar.
Por todo ello, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder sobre su posición en relación con la falta de transparencia y la falta de pacto en algunos contratos hipotecarios que ocultan al consumidor la carga económica y las obligaciones financieras.
Una de las preguntas más importantes es la que se refiere a la importancia que el gobierno le da a evitar la imposición de una amortización no pactada en los contratos hipotecarios y cómo planea garantizar que se respeten los derechos de los consumidores en este aspecto. Además se le cuestiona al Ejecutivo cuáles son las medidas que va a adoptar para abordar la imposición de una amortización no pactada por parte de los bancos para aquellos contratos hipotecarios que no se ajustan a una buena práctica legal.
Otra de las cuestiones que choca contra la política de una parte del gobierno de Pedro Sánchez respecto a las entidades financieras: «¿Cómo planea el Gobierno abordar los casos en que los consumidores se enfrentan a una quiebra debido a la imposición unilateral de una amortización no pactada por parte de las entidades financieras en los contratos hipotecarios, y cuáles son las medidas de apoyo financiero que se pueden ofrecer?», cuestiona el documento de Sumar.
Además, no se centra sólo en las actuaciones de la parte socialista del Ejecutivo, sino que también se centra en la actuación del actual Ministerio de Consumo, al preguntar sobre los pasos dados por ese departamento en su investigación de los contratos REDAL y cuáles son las sanciones o medidas correctivas que se están considerando para las entidades financieras que han incumplido las normativas de transparencia en estos contratos hipotecarios.