El día 7 de junio de 2017 se produjo, presuntamente, la mayor estafa bancaria de la historia de España y eso es mucho decir por el país en el que vivimos en el que el sector financiero actúa de manera casi impune por la permisividad que recibe de los diferentes poderes de la democracia. Nadie hace nada hasta que los tribunales europeos, donde no tienen tanta influencia los lobbies de abogados que defienden los intereses de los bancos, actúan. Es entonces cuando comienzan a buscarse modos de retorcer lo indicado por Europa para que el golpe sea menor. Lo estamos viendo con el IRPH, lo vimos con las cláusulas suelo o, directamente, en la sentencia de los gastos hipotecarios. La democracia española parece haberse tatuado la máxima «todo para la banca y, lo que sobre, para el pueblo».
Esto es lo que ha ocurrido con el Banco Popular. 1,2 millones de personas arruinadas por la necesidad del sistema de salvar al Santander…, una vez más. Sin embargo, a pesar de la lentitud de los diferentes procesos judiciales que realmente tienen visos de hacer justicia y de que los afectados recuperen su dinero sin arriesgarse a ser condenados al pago de costas, parece que las evidencias son tan claras que esta presunta estafa puede ser destapada y sus responsables pagar por ello.
El informe pericial del Banco de España supuso una revolución en el Caso Popular-Santander. Según sus conclusiones y los estados reales de las cuentas de la sexta entidad financiera, sumado a los beneficios que está obteniendo el Santander, auditores independientes han determinado que el valor actual del banco estaría en el orden de los 37.710 millones de euros, según se indica en un análisis contable independiente obra en poder la Fiscalía y al que ha tenido acceso Diario16.
Este estudio de valoración del Banco Popular comienza con las conclusiones de los peritos del Banco de España que, sin ningún género de dudas, indican que la sexta entidad financiera de España era viable, puesto que tenía capacidad de generar beneficios recurrentes por valor de 1.500 millones de euros, era capaz de pagar sus propias deudas y obligaciones a corto y largo plazo y que, además, disponía de un patrimonio neto de 9.389 millones de euros. El Popular, además, era solvente y sólo la crisis de liquidez provocada durante el segundo trimestre de 2017 fue la causa real de la resolución y venta al Santander por un euro.
El documento realiza un análisis de la normativa y de su cumplimiento por parte del Popular. «El Banco Popular va asimilando las pérdidas y provisionándolas. Por tanto, cumplió la normativa en cuanto a capitalizar las provisiones, ahora no con la velocidad y premura que se le exige». Además, se incide en el hecho de que, según los datos del informe de los peritos, no hubo falsedad contable.
La situación contable del Popular indicaba que, en referencia al patrimonio, disponía de 10.777 millones de euros a los que hay que sumar los 5.692 millones disponibles en créditos fiscales diferidos que, «legalmente podría haber monetizado, ante la situación en la que se encontraba o haberle servido como garantía para solicitar más liquidez», afirma el documento.
Además, los datos ofrecidos por Quasar, la sociedad conjunta creada por BlackStone con el Santander para la venta de los activos inmobiliarios del Popular, indican que la tendencia alcista del mercado habría permitido a la sexta entidad española obtener 5.115 millones de no haber sido resuelto y vendido al Santander por un euro.
Otro punto importante del análisis de las cuentas del Popular es el referente a la liberalización de provisiones. El Santander tenía contabilizadas un importe de 4.600 millones de euros. Sin embargo, a 31 de mayo de 2017 las contabilizadas por el Banco Popular eran de 16.967 millones de euros. Las estimaciones de pérdidas que se presentan en el plan de negocio de esa misma fecha incrementan en 2.090 millones de euros el capítulo de provisiones, más las necesidades de alcanzar el objetivo del 50%, por lo que serían necesarios 1.331 millones de euros más. Por tanto, se contabilizaron en el capítulo de provisiones la cantidad de 19.057 millones de euros. Hay que recordar que aquéllas se cubrieron con dos ampliaciones de capital por importe de 5.000 millones y por la reducción de los dividendos a los accionistas durante la generación de dichas provisiones, así como la reducción del patrimonio neto del banco o del valor del banco que corresponde a los accionistas. Por tanto, con las provisiones contempladas por el Banco Santander en dicho capitulo, se liberalizaron 15.246 millones de euros en provisiones.
Si hiciéramos un cálculo del valor de 37.710 millones de euros, el dinero que deberían recuperar los afectados estaría del orden de 6,67 euros la acción. Este es el patrimonio de los afectados del Popular que el Santander se llevó por un euro. ¿No les suena a la versión de guante blanco del tradicional tocomocho?
Sin embargo, y tras tres años, con las evidencias probatorias existentes y que ha publicado Diario16, aún quedan muchas preguntas sin responder y que, durante los próximos interrogatorios en la Audiencia Nacional, podría conocerse la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que los próximos testigos —Ana Patricia Botín, Sebastián Albella, Rodrigo Echenique y Luis de Guindos— no pueden mentir puesto que corren en riesgo de ser imputados por un delito de falso testimonio que está penado con hasta 3 años de cárcel.
Aún se desconoce lo que realmente ha puesto el Santander para llevarse al Popular. El Santander pagó un euro, es cierto, pero después, ¿qué? Hizo una ampliación de capital de 7.000 millones que, tal y como han demostrado determinados documentos publicados por este medio y como reflejan sus propias cuentas de 2017, esa operación de refuerzo de capital se utilizó para tapar un agujero de 8.000 millones de euros.
Insistimos, además de esto, ¿qué ha puesto el Santander? Nada, porque, por ejemplo, los bonos de fidelización con los que pretendió comprar el silencio de algunos afectados, los cargó al Popular, igual que hizo con los costes de litigio.
El Santander se ha llevado al Popular, realmente, por el euro. No ha puesto nada más y, ¿cómo es posible que la sexta entidad financiera de España cueste un euro? ¿Cómo es posible que se amortizaran todas las acciones y bonos para que el Santander no tuviera que hacerse cargo de las obligaciones para con los accionistas del Popular? Nunca un euro tuvo tanta rentabilidad.
El banco presidido por Ana Patricia Botín no ha explicado aún la razón por la que ya estaba negociando con diferentes fondos la venta de activos del Popular dos semanas antes de la resolución. Esta es una de las claves de toda la operación: ¿tan seguro estaba de que se iba a quedar «gratis» con el banco como para empezar a negociar con bienes ajenos?
Por otro lado, y eso aún no lo ha sabido responder nadie: ¿dónde estaba el pasivo del Popular? Los activos los conocemos bien, pero…, ¿y el pasivo? A la sexta entidad financiera de España se la resolvió con un mecanismo pensado para bancos quebrados que, tal y como han reconocido diferentes organismos internacionales y nacionales, no era el adecuado para la situación del Popular que era solvente. Entonces, ¿por qué?
Han pasado 3 años ya y 1,2 millones de personas se han visto arruinadas para salvar al Santander con la connivencia de todos los poderes democráticos y de la Unión Europea. Nuevamente preguntamos, ¿por qué siguen anteponiéndose los intereses de las élites del capital deshumanizado al bienestar de las personas? No hay mayor crueldad pero, téngalo en cuenta, todavía se puede hacer justicia.