Precipitada e incoherente. Estas dos palabras definen a laperfección, y siempre a priori, la decisión adoptada por el Gobierno depermitir a partir del lunes la vuelta a la actividad de los trabajadores de lasactividades consideradas no esenciales en el estado de alarma. Los números y laevolución, tanto de contagiados como de fallecidos no son aún losuficientemente estables para que se permita el tránsito de cientos de miles depersonas en todas las localidades de España. Es cierto que el decreto delGobierno de la suspensión de actividad y del permiso retribuido tenía unavigencia, pero la evolución del virus y de los contagios indicaba que lo másnecesario para proteger la salud de la ciudadanía pasaba por el mantenimientode la medida, al menos, otros 15 días más.
Sin embargo, desde el primer día en que el Gobierno tomóesta decisión, los representantes empresariales, con el apoyo de la oposicióndesleal de derechas y de sus foros mediáticos, se han opuesto a la misma y hanhecho patente su presión para que la actividad no esencial volviera lo antesposible. Esta es la deshumanización del capital que tanto daño está haciendo ala humanidad: la anteposición del dinero a todo lo demás, incluso a la vida o ala salud.
En la situación que se está viviendo por culpa de lapandemia, en la que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar unas decisionesmuy duras para la ciudadanía, no es comprensible que se relajen las medidas deprotección sólo porque la presión del empresariado y de los representantes delcapital deshumanizado se haya hecho insostenible.
Los expertos sanitarios, la propia Organización Mundial dela Salud, han determinado ya como certeza que el gran peligro que tiene elCovid19 está en la transmisión a través de las personas que no tienen síntomas.Hay que recordar que ese peligro ya existió en los años 80 con el SIDA, cuandolos seropositivos, que no desarrollaban la enfermedad, contagiaban en silencio.Esto es lo que se pretende evitar, precisamente, con el confinamiento personaly laboral.
Cientos de miles de personas acudirán el lunes a sus empresasutilizando el transporte público porque no pueden hacerlo en su vehículoprivado. En los metros, los cercanías o los autobuses será imposible guardarlas distancias de seguridad y, por tanto, la presión empresarial será la únicaculpable de la generación de nuevos focos. No son todos los empresarios,evidentemente, sólo aquellos que anteponen el dinero a la salud de lacomunidad, sólo los que priorizan su propio egoísmo al bien común.
Hay que tener en cuenta que los contagios que se produzcan apartir del lunes, que se producirán gracias a la inconsciencia y la inhumanidadempresarial, no tendrán un reflejo estadístico hasta dentro de 10 o 15 días.Entonces el Gobierno se verá obligado a volver a paralizar esa actividad noesencial y, con 28.000 sanitarios contagiados, morirá gente pero, al menos,habrá quienes se regocijen de haber facturado 30 monedas de plata a costa de lavida y la salud de la ciudadanía.
Cuando esto se produzca, ¿quién será el responsable? ¿Aquién se culpará? Los mismos que han presionado para que se retomen esasactividades no esenciales, ¿tendrán la desfachatez de culpar al Gobierno?
Respecto al Ejecutivo, ¿no tiene un criterio firme paraseguir adoptando medidas duras que antepongan la salud al dinero? ¿Se hanrecibido presiones internas de quienes, a pesar de tener acceso a los datos y alos análisis de los expertos, se pueden haber posicionado del lado de losempresarios y de los representantes del capital inhumano? Son preguntas que, deproducirse el repunte de contagios, alguien tendrá que responder y, porsupuesto, asumir sus responsabilidades políticas y humanas.
España sigue reportando, a día de hoy, más de 500 fallecidosdiarios y casi 5.000 contagios —precisamente con un ligero ascenso en el día dehoy—, cifras que no son suficientemente bajas como para reabrir la actividad yponer en peligro la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras de estepaís. El daño que va a causar esta precipitación puede ser irreparable y, desdeluego, a nivel económico, será mortal para quienes han antepuesto sus cuentasde explotación al bien común.
Francisco Ayala decía que «la incompetencia es tanto másdañina cuanto mayor sea el poder del incompetente». En este caso, las presionesal Gobierno son el efecto de una serie de incompetentes, de sociópatas, cuyavoluntad está anulada por las cifras de las cuentas de explotación, que puedentener el mismo final empresarial y económico que, precisamente, aquel que cobrólas 30 monedas de plata.
A las dictaduras privadas, a los representantes del capitaldeshumanizado, no les importan las vidas de las personas ni la salud del puebloy, sobre todo, serían más felices sometiendo a la humanidad y acabando con lasdemocracias. Por eso, los representantes democráticos del pueblo no puedenpermitir que los regímenes de libertades y derechos sean sometidos por quienes,en realidad, no tienen alma, sólo dinero.