- se aprobó la ampliación de capital por la CNMV y el BdE,
- la auditora PriceWaterhouse no había expuesto salvedad alguna a las cuentas y
- el banco americano JP Morgan se había comprometido a suscribir la ampliación de capital a través de su fondo Corsair.
La escalofriante similitud del modus operandi del Santander en Banesto y Popular
17
de Octubre
de
2018
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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El 7 de julio de 1.993 el Banco Español de Crédito (Banesto) lanzó una ampliación de capital de, aproximadamente 600 millones de euros en dos tramos que fue suscrita en su integridad y había sido autorizada en los meses anteriores por la CNMV y el Banco de España (BdE). La auditora Price Waterhouse (PwC) no puso inconveniente a la misma; lo que garantizaba la veracidad de las cuentas de Banesto.El 28 de diciembre de 1993, día de los santos inocentes, el BdE, dirigido por el gobernador Luis Ángel Rojo Duque y el subgobernador Miguel Martín Fernández, intervino Banesto por un supuesto agujero de créditos “dañados” de 3.636 millones de euros.Como consecuencia de la intervención y del supuesto agujero, el Estado, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), inyectó en la entidad a fondo perdido 1.712 millones de euros de fondos públicos.El 25 de abril de 1.994, el Banco Santander se adjudicó Banesto por 1.881 millones de euros en la subasta organizada por el BdE con una oferta que, por cierto, no llevaba la preceptiva firma de Emilio Botín.Gracias a esta operación, el Santander se convirtió en el líder de la banca española. Emilio Botín mantuvo al frente de Banesto a Alfredo Sáenz Abad (por entonces vicepresidente del BBV) y al resto del equipo, entre ellos David Arce Torres, jefe de auditoría interna del Santander, a quien el BdE puso al frente de la entidad intervenida y le sirvieron de ayuda para hacerse con el banco, razón por la que percibieron 6,5 millones de acciones de Banesto, regalo que daría lugar a una querella por fraude fiscal.Años más tarde el ex secretario del consejo de administración de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, en declaraciones ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcobendas y ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guecho, reconoció que, entre 1994 y 1998, se habían recuperado 4.507 millones de euros de los supuestos créditos dañados.De esta manera se demuestra que no existía el agujero de 3.636 millones de euros, que fue creado “ad hoc” para justificar la intervención, máxime cuando en 1993:
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