El peor delito que puede cometer un juez, un fiscal o cualquier representante político es el de prevaricación, un delito que solo puede ser cometido por una autoridad o por un funcionario público y que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
En el Caso Popular se produjo una acción que podría encuadrarse, presuntamente, en los límites del delito de prevaricación: la aprobación por parte de Nadia Calviño de la fusión por absorción del Popular por el Santander, a sabiendas de que existían múltiples acciones y procedimientos judiciales, en que se pedía la nulidad de su resolución, achacando la responsabilidad a algunos organismos, autoridades e instituciones, dependientes de su ministerio, que supuestamente favorecieron, bien por acción, bien por omisión, al beneficiario de la resolución, Banco Santander, entregándole el Popular por 1 euro.
Es del dominio público y, por ello no puede alegar ignorancia la señora Calviño, que además tiene acceso a los expedientes, que se está investigando en distintos tribunales y jurisdicciones, españoles y extranjeros, la extraña e incoherente valoración realizada por Deloitte, que permitió vender el banco por 1 euro; también conoce que se investiga en los tribunales el porqué la CNMV, dependiente del ministerio de la señora Calviño, no investigó las posiciones cortas contra el Banco Popular, que llegaron a alcanzar un 12 % del capital, algo desconocido en la historia financiera europea, cuando ya desde abril y mayo de 2017 tenía la propia CNMV denuncias de minoritarios, alertando de lo que estaba sucediendo.
Del mismo modo, Nadia Calviño sabe que se ha puesto ante los tribunales la incoherencia que hay entre los resultados comunicados al mercado por el Banco Santander en el ejercicio 2017 y las pérdidas patrimoniales, que sus cuentas, auditadas y depositadas en la CNMV, reflejan en las páginas 24 y 25 de las mismas. Calviño también conoce, porque incluso existen expedientes sobre ello en la CNMV, que se está investigando la incidencia de las noticias falsas y de las comunicaciones sesgadas en la pérdida de liquidez, determinante de la resolución del Banco Popular o, en fin, la ministra conoce, que la declaración de inviabilidad por el Consejo del Banco Popular comunicada al FROB (otro organismo dependiente del Ministerio de economía), como requisito previo para su resolución, se hizo al parecer, sin acreditar con un acta completa la realidad de lo aprobado por el Consejo, que puso en duda el consejero y accionista mejicano Jaime Ruiz Sacristán en unas actas notariales, aportadas a la Audiencia Nacional y que, presuntamente, varios consejeros disponen de actas similares, que pondrían en duda dicha declaración y, en consecuencia, podrían ser causa de nulidad de la resolución del banco.
No obstante, a pesar de conocer todo esto, que fue realizado bajo el mandato de su antecesor, Luis de Guindos, ha sido Nadia Calviño, conocedora por razón de su cargo de todas estas cuestiones, la que más ha favorecido al Banco Santander, al permitirle, mediante la autorización de la fusión, diluir, alterar y silenciar las pruebas de unos hechos, cuando menos, necesitados de investigación y que, aún hoy, están “sub iudice”.
Siendo más de 400.000 los españoles afectados por esta operación, la Sra. Calviño, una de las de las componentes de la facción neoliberal radical del Gobierno, podría ser acusada por presunto ilícito penal por cualquiera de estos afectados, debido a la prematura, urgente y difícilmente explicable ante la opinión pública, autorización de la fusión.
Banco Santander hizo una confesión asombrosa que, en realidad, es un dardo envenenado para Nadia Calviño, puesto que da un indicio sólido, a quienes sospechan, que en el Ministerio de Economía hay secretos inconfesables, en relación con el asunto de la resolución del Banco Popular. Ya lo hizo al reconocer que en la subasta presentó su oferta fuera de plazo, lo que dejó en una situación crítica al FROB y a la JUR. El banco presidido por Ana Patricia Botín está utilizando los recursos presentados ante la Justicia europea como su plataforma para dirigir la responsabilidad de la operación diabólica hacia los organismos públicos, tanto españoles como de la UE y evitar así, el tener que pagar a los afectados, intentando dirigir dicha responsabilidad hacia el Estado o hacia los organismos europeos. A ello contribuyen estos organismos, que lejos de poner encima de la mesa los presuntos desmanes de Saracho y, en su caso, sus presuntos contactos con el Santander y Luis de Guindos, se dedican a dar evasivas o, como ha hecho la ministra, autorizarles lo que pidan, facilitándoles el camino y dificultando la reclamación a los afectados.
La entidad cántabra reconoció ante la Justicia Europea el elevado volumen de litigios que tiene abiertos, más de 16.000, lo que ha colocado a Nadia Calviño con su actuación condescendiente, en una posición muy complicada, como responsable de la fusión por absorción del Popular por el Santander, sin tener en cuenta esa realidad tan reveladora, que podría tener como consecuencia la anulación de la resolución y, por ende, la orden de devolución del banco a sus accionistas.
La decisión de Calviño permitió al Santander eliminar la personalidad jurídica al Popular y, en consecuencia, si la resolución es anulada, no se le podría devolver dicho banco a sus legítimos dueños, dado que desde el Gobierno de España se permitió que el Santander creara un escenario de tierra quemada.
Es cierto que, como ministra tiene capacidad y competencia para hacerlo, pero habiendo procedimientos judiciales en curso, tanto en España como en la UE, lo prudente y lo correcto para defender el interés público y el de 400.000 españoles, hubiera sido esperar a que los tribunales adoptaran una decisión firme. El Santander hubiera seguido aprovechándose de los activos del Popular de igual manera sin generar un escenario de tierra quemada, como ha permitido la decisión de Nadia Calviño.
La aprobación de la fusión por absorción se produjo, además, sólo dos meses después de que la propia Ana Patricia Botín la recibiera con mucho cariño a través de sus redes sociales y, como todo el mundo sabe, la presidenta del Santander no es una mujer dada a los elogios y, mucho menos, al cariño:
Esta cariñosa bienvenida fue un agravio hacia las españolas y españoles, en general, y hacia los 1,2 millones de personas arruinadas por la Junta Única de Resolución (JUR) y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al adoptar una decisión indiciariamente irregular, al resolver un banco viable y solvente y, posteriormente, venderlo por un euro en una subasta, que se ejecutó fuera de plazo.
La decisión de Calviño, además, perjudicará al pueblo español en el caso de que se produzca una más que presumible anulación de la resolución por parte del Tribunal General de la Unión Europea, pues sería el estado español, pues quien tendría que indemnizar a los antiguos accionistas del Banco Popular, verdaderos dueños de aquella entidad, sería el Estado español o la propia Unión Europea, dado el papel de estas instituciones, tanto en la resolución y venta por 1 euro, como en la desaparición del Banco Popular, como persona jurídica independiente y separada del Banco Santander. Es decir, que el Santander se volverá a quedar con una entidad sin pagar nada y sin tener que dar mas explicaciones o, mejor dicho, teniendo que darlas el Estado español, con cargo a las arcas públicas, pudiendo alcanzar un montante de 50.000 millones de euros.
Intervención de la Justicia
La decisión que Nadia Calviño adoptó sin tener en cuenta que la resolución del Banco Popular estaba siendo investigada por los tribunales españoles y europeos tuvo, además de una consecuencia nefasta para los accionistas y clientes del banco, un beneficio muy lucrativo para el Santander.
¿Alguien se ha parado a analizar a quien cargó el Banco Santander aquellos bonos, con los que aparentemente resarcía a los antiguos accionistas del Popular? La respuesta es bien sencilla, los cargó al propio patrimonio de los accionistas del Popular, pero si profundizamos más, el lucro fue doble, pues el Santander obligó a estos bonistas a tener una cuenta de depósito abierta a tal efecto, por la que les cobra comisiones abusivas, de manera que, en cuanto entra un euro en dicha cuenta, inmediatamente se lo retira el Santander en forma de cobro de comisión.
Del mismo modo, reclama o ejecuta para sí, en muchos casos cambiando las condiciones originarias, productos a clientes y accionistas de Banco Popular, que pertenecían a aquella entidad y a sus accionistas. Todo ello es consecuencia de la decisión de Nadia Calviño de autorizar de manera urgente e inmediata la fusión por absorción, provocando así un enriquecimiento injusto y presuntamente ilícito a favor del Banco Santander, sin esperar los resultados y resoluciones firmes de las múltiples investigaciones en curso, sobre tan complejo y sospechoso asunto.
Por esta razón, además de abrir las diligencias de investigación pertinentes por esta autorización de la señora Calviño, los tribunales o la Fiscalía deberían intervenir de inmediato, ordenando de oficio, por prejudicialidad penal, la paralización de todos los procedimientos, en los que el Santander esté reclamando la ejecución de contratos y productos, ya sean hipotecas, préstamos u otros, procedentes del antiguo Banco Popular.
No hacerlo tendrá las consecuencias de provocar unos perjuicios al Estado y al propio sistema financiero, de prosperar alguno delos muchos procedimientos judiciales iniciados sobre este asunto, pues no en vano, estamos ante un inédito atentado a la propiedad privada, siendo el beneficiario, en este caso, un particular, el Banco Santander, que se ha enriquecido, a costa de los accionistas, también ciudadanos, también privados, del Banco Popular.
La reforma laboral
Ahora Sánchez se parapeta en Calviño, como ya ha hecho más veces, y la pretende colocar al frente de una negociación tan importante para la ciudadanía como es la derogación de la reforma laboral. Sánchez, tan amigo que se ha vuelto de Felipe González, ya afirmó el pasado fin de semana que no habrá tal derogación, sino que sólo se tocarán los aspectos más lesivos de la ley de Rajoy. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Los que decida Calviño, una mujer que no dudó, a riesgo de ser acusada de presunto ilícito penal, en favorecer al Santander? ¿Qué no hará para salvar a los empresarios?
Yolanda Díaz tiene la potestad de frenar esta deriva de Pedro Sánchez y colocarle en su sitio de una vez por todas. O programa social en sus componentes más maximalistas o elecciones, o cumplimiento íntegro de lo acordado, o ruptura de la coalición de gobierno. Así de sencillo, no hay vuelta de hoja porque el pueblo ya ha sufrido bastante con la complacencia ante el neoliberalismo radical de Calviño y las rendiciones de Sánchez a las demandas de las clases dominantes.