La venta del Popular supone un gran fracaso de De Guindos

Terrible lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy vendiendo el Banco Popular por 1 euro al Santander por imposición del BCE, por riesgo de falta de liquidez y para evitar una mayor caída del precio de la acción. A esto han llevado los jueguecitos del ministro de Guindos, y sus colaboradores necesarios, el mexicano Antonio del Valle y su grupo de amigos financieros, Reyes Calderón y Emilio Saracho. La venta del Banco Popular al Santander por un euro supone el fracaso de la operación encabezada por el actual Consejo porque no logran el objetivo de precio de venta ni consiguen las plusvalías pretendidas con la operación bajista. Por otro lado, desde un punto de vista político, hay un responsable absoluto de lo que ha ocurrido con la sexta entidad financiera española: Luis de Guindos a quien la operación se le ha ido de las manos. Esta decisión de la Junta de Resolución Bancaria (SRB) viene motivada por la creciente falta de liquidez y el riesgo de quiebra al que la «Operación De Guindos» ha llevado a la entidad. La decisión de la venta está respaldada por la propia Comisión Europea. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de las acciones del Popular. Es la primera vez que la SRB toma una decisión de este tipo y lo ha hecho porque ha llegado a la conclusión de que el Popular estaba a punto de quebrar o de que era muy probable su caída causada por la estrategia del presidente y de sus aliados de lanzar los mensajes de quiebra, como ya publicó Diario16 en anteriores informaciones, a través de medios de comunicación que también han sido cómplices de la misma al convertirse en los mensajeros de las informaciones interesadas y orientadas a generar un escenario de pánico en los mercados que permitiera la pérdida de valor del Popular en bolsa. Tanto la SRB como el FROB determinaron que la venta por 1 euro del Popular al Santander era de interés público para proteger a los depositantes del banco y garantizar la estabilidad financiera. Ahí está la vergüenza del Estado puesta en evidencia al dejar intervenir a agentes externos sobre el interés nacional de un país como España, una permisividad que tendría que ser la causa de que se pudiera plantear un «Spainxit». La situación era tan grave que, según informaciones recogidas por Diario16, el propio BCE avisaron hace tres días a Crédit Mutuel de que el Popular no tenía remedio y que debía abandonar el Consejo de Administración, cosa que ocurrió de manera casi inmediata. La nota donde la SRB comunicaba la decisión indicaba que la Junta transfería «todas las acciones e instrumentos de capital de Banco Popular Español S.A. El Banco Popular operará en condiciones normales de negocio como miembro solvente y líquido del Grupo Santander con efecto inmediato». El Santander, por su parte, ha comunicado que realizará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para reforzar el balance del Popular y cubrir las necesidades de capital. Según fuentes financieras consultadas por Diario16, el Santander ha exigido la garantía inmediata de esa ampliación al BCE: los 5.000 millones previstos más los 2.000 que serán necesarios para cubrir el volumen de demandas que se esperan por parte de accionistas, clientes y trabajadores. Esto es una forma de apuntalar al propio Santander por las más que posibles pérdidas que el Brexit le ocasionará en su negocio en Reino Unido. Esta exigencia de que el BCE garantice la ampliación de capital a la que se tendrá que enfrentar el Grupo Santander para acometer la compra del Popular es un ejemplo de gestión brillante por parte de Ana Patricia Botín quien busca en este movimiento la seguridad de que sus accionistas, sus clientes y sus trabajadores no se verán afectados por las consecuencias de la operación. El Banco Central Europeo ha elegido al Santander, precisamente, como un modo de recompensar la apuesta que hizo en su momento la entidad de Botín de entrar en el mercado británico cuando ya existía el riesgo del Brexit y la consiguiente desestabilización de las sinergias económicas de la Unión Europea. Según las previsiones de la entidad presidida por Ana Patricia Botín «está previsto que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13-14% en 2020 y un aumento del beneficio por acción en 2019. La entidad resultante aumentará su rentabilidad y generará sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020, con ratios de eficiencia entre los mejores del sector en España y Portugal, y un mayor potencial de crecimiento de ingresos». Una vez cumplido el objetivo marcado en la «Operación De Guindos» de liquidación del banco, Emilio Saracho será el primero en abandonar al barco, vía dimisión, vía destitución. Le seguirán todos los demás: Del Valle y su grupo mexicano, Reyes Calderón. Saracho ha cumplido con su misión, como buen profesional de la liquidación y, por tanto, se marchará con el trabajo cumplido. Sin embargo, ha hecho perder más de 2.000 millones al Popular, pero embolsándose 8 y dejando a los accionistas arruinados, 1.300 millones de bonos convertibles convertidos a subordinados sin valor real, 430 incobrables. Con la «operación De Guindos» alguien ha ganado mucho dinero y el prestigio, tanto de una entidad como el Popular como del propio Estado español, por los suelos. Sin embargo, el verdadero artesano de esta operación no fue otro que el ministro Luis de Guindos, quien ha estado detrás de ella desde el principio cuando quiso que al Popular lo comprara el BBVA, luego Bankia, el Sabadell, el Santander o Caixabank poniéndoles encima de la mesa un precio de compra atractivo después de que todos los que pusieron fueron rechazados por el anterior presidente. a costa de la descapitalización del Popular en bolsa. Con el Santander hubo hasta un encuentro donde se llegó a un precio que Ron rechazó, lo mismo que con el BBVA y Caixabank. El colombiano Julio Gilinski y el presidente del Sabadell, Josep Oliu se reunieron, según ha podido saber Diario16, con Ángel Ron donde se llegó a hacer ver una propuesta deshonesta por la que el presidente Ron se levantó de la mesa y abandonó la cena. Ahí fue donde Del Valle le sentenció hasta el día de hoy, sentencia que se ha extendido a los trabajadores, accionistas y clientes. Ángel Ron se marchó de ese encuentro afirmando que «si querían comprar el Popular, que hicieran una OPA». Ron rechazó todas las ofertas porque ninguna satisfacía el interés de los accionistas, trabajadores y clientes y, si se hubiera mantenido su estrategia, es más que probable que a día de hoy los accionistas no estarían arruinados, los empleos en peligro y los clientes sacando sus depósitos. De Guindos es un hombre inteligente y se ha dado cuenta que lo que él gestó se le ha ido de las manos. La situación se volvió tan insostenible que él preveía que la caída del Popular sólo tenía tres salidas: que otra entidad hiciera una OPV sobre el precio de acción del cierre de la última sesión de bolsa; una recapitalización al estilo de lo ocurrido con el banco italiano Monte Dei Paschi, que requeriría de la entrada de capital público, cosa que ni el ministro ni el Gobierno iban a permitir; y un rescate interno o «bail in», es decir, que el propio banco a través de sus acciones, la deuda subordinada, la deuda sénior y los depósitos mayores de 100.000 euros asumirían las pérdidas provocadas por la operación bajista, cosa que es lo que, más o menos, ha ocurrido.  Los principales perjudicados serán los accionistas puesto que perderán el 100% del valor de sus acciones ya que las autoridades europeas las han anulado o amortizado. Esto va a provocar una lluvia de demandas contra las entidades supervisoras (Banco de España y CNMV) y contra el equipo de Saracho. De Guindos tampoco quería la solución que se ha dado, puesto que una operación diseñada por él se convertiría en la primera intervención del SRB desde que se creó este organismo. Al final ha sido lo que ha ocurrido y ha traído consigo la venta del Popular por 1 euro al Santander, lo que supone el claro fracaso de la operación que De Guindos diseñó una operación que pone en peligro la credibilidad financiera del país y la recuperación económica. La situación generada ha afectado tanto a clientes como a los trabajadores. Cualquier persona empezaba a escuchar las noticias sobre el Popular desde primera hora de la mañana. Los trabajadores se acercaban a sus respectivas oficinas con una sensación de agobio que iba acrecentándose a medida que pasaban las horas, agobio por las noticias de que el valor sigue bajando y por las escenas que tienen que vivir un día sí y un día también. Cuando estos trabajadores llegaban a la puerta de la sucursal se encuentran con que ya hay clientes esperando. Algunos van para informarse, para que alguien les diga algo que puedan entender porque lo que está ocurriendo en las últimas semanas es inexplicable. Otros van a la oficina a retirar sus depósitos. Muchos de los que el día anterior habían ido sólo a pedir información vuelven para llevarse sus ahorros. Los trabajadores están sufriendo la situación como si fuera propia. La incertidumbre creada tras un Expediente de Regulación de Empleo se acrecienta con las noticias que van llegando de los efectos de la operación bajista de la que la persona que tendría que velar por los intereses tanto de los clientes, como de los accionistas, como de los trabajadores, es la máxima responsable. Son muchos los que van a trabajar bajo los efectos de ansiolíticos o tranquilizantes porque no pueden aguantar la tensión. La incertidumbre viene, sobre todo, porque nadie sabe nada. Todo son rumores, todo son malas noticias que acrecientan el valor de esos rumores. «Yo daría cualquier cosa por que mañana al levantarme hubiera alguna noticia definitiva, la que sea, pero definitiva y que se termine esta incertidumbre», comenta a Diario16 un trabajador. Los trabajadores nos cuentan que los propios clientes, cuando retiran los depósitos, son conscientes de lo que eso va suponer a aquéllos, incluso empatizan con los empleados quienes entienden que se lleven sus ahorros porque «duermen más tranquilos si sus ahorros están en un banco sin problemas». Se están dando casos de trabajadores que tienen que consolar a clientes que, tras retirar sus depósitos, se marchan de la oficina llorando porque han sido muchos años confiando en una entidad que les daba seguridad, que les daba confianza, por su seriedad. También ocurre al contrario, que son los clientes los tienen que acercarse al trabajador para consolarle cuando ven que se derrumba y comienza a llorar. Esto se está dando en todas las oficinas, independiente de su tamaño, de su volumen de negocio. «Es muy duro, durísimo ver cómo el trabajo de muchos años se marcha por la puerta en tres días, sin que nadie diga ni haga nada. Todo el mundo sabe que, en caso de venta, más de la mitad de la plantilla se va a la calle. Desde los mandos intermedios, están haciendo un llamamiento a la tranquilidad, pero claro, ellos están igual de intranquilos que los demás. En resumen, una situación insoportable», nos cuenta otro trabajador. Queda claro que la operación de acoso y derribo al Banco Popular se le ha ido de las manos a Luis de Guindos, con todo el dolor que está provocando. Pero el principal responsable de ello es el propio Gobierno del Partido Popular, responsabilidad que viene vía su ministro de Economía, el Banco de España y la CNMV. Por esta razón, tendría que ser el Gobierno quien asuma las responsabilidades. Es un hecho tan grave que lo lógico que tuviera que dar explicaciones en el Parlamento y presentar su dimisión de manera inmediata, explicaciones que ya ha solicitado el Partido Socialista. ¿Por qué el PSOE ha esperado tanto tiempo para exigir que el ministro explique lo que ha pasado con el Popular, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se ha publicado en Diario16? Lo que parece es que Pedro Sánchez lee este medio y que, en vista de las informaciones publicadas, haya visto que el ministro tenía que comparecer. Al tiempo de finalizar esta crónica, Emilio Saracho ha sido destituido de la Presidencia del Consejo de Administración del Banco Popular. A partir de aquí, quienes han mirado hacia otro lado mientras se producía la operación bajista también tendrían que, por decencia, presentar su dimisión o ser destituidos de manera fulminante.