La fuga de capitales, la evasión o la elusión fiscal de los ricos es algo demasiado habitual en España. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, ya sea en solitario o en la coalición con Unidas Podemos, las grandes fortunas de este país han demostrado su patriotismo llevando su dinero a diferentes paraísos fiscales, algunos en la Unión Europea.
En la política española hay una corriente de sectarismo neoliberal, liderada en la actualidad por Isabel Díaz Ayuso, de evitar que los ricos paguen impuestos o que su contribución fiscal sea la mínima. La falsa excusa que dan es que esos grandes patrimonios generan empleo y capitales. Esto, directamente, es mentira. Se trata, simplemente, de contribuir a la cultura de la acumulación de la riqueza que tiene como principal consecuencia el incremento de la desigualdad.
Los millonarios de España tienen las herramientas suficientes para sacar el dinero del país, herramientas que son facilitadas por diferentes tipos de empresas del sector financiero y, por supuesto, de los bancos. Todas las grandes entidades disponen de servicios o departamentos que se encargan, a través de banca privada, de trasladar el dinero al lugar del mundo en que quieran ocultar su capital estas clases privilegiadas.
El último banco español que ha anunciado que potencia su banca privada para llevarse el dinero de España a Luxemburgo ha sido Abanca. La entidad gallega ha alcanzado una alianza, llamada «estratégica», con el banco suizo Edmond de Rothschild que permitirá a las grandes fortunas que son clientes de Abanca la posibilidad de llevarse su dinero al paraíso fiscal de Luxemburgo.
El traslado de patrimonio a ese paraíso fiscal de la Unión Europea es, directamente, un reclamo comercial que los bancos lanzan hacia las grandes fortunas. Nuevamente, los eufemismos y las excusas llenan la justificación de una actitud tan patriótica. Las entidades financieras españolas afirman que sus grandes clientes quieren tener diversificado su patrimonio en varias jurisdicciones en vez de en una sola.
La realidad es que los bancos se convierten en cómplices de la fuga de capitales, un dinero que ya no volverá aunque se cambie de gobierno.
Se estima que las entidades financieras españolas gestionan a través de banca privada más de 650.000 millones de euros, de los cuales, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Bankinter y Sabadell controlan más del 50%.