El día 2 de junio de 2017, Emilio Saracho recibió un correo en el que se adjuntaba un informe interno en el que se afirmaba con total claridad y sin lugar a duda que «todas las metodologías de valoración e indicaciones de interés apuntan hacia una valoración positiva del banco».
En concreto, en ese documento interno, al que Diario16 ha tenido acceso, se indica que el Popular había recibido de diferentes firmas de auditoría, es decir, sin que PwC estuviera presente por ser la utilizada por la entidad, una serie de informes que coincidían de manera unánime en dar «una valoración positiva del banco».
Uno de los puntos en los que se sustenta esa conclusión se halla en que las necesidades de provisionar la cartera de NPAs (activos dudosos) eran «significativamente más bajas que las estimadas, lo que resulta en un impacto positivo adicional y material en la valoración».
Por otro lado, los analistas del mercado respaldaron esa misma valoración positiva del Banco Popular, puesto que ninguna de las empresas de análisis bursátil consultadas por la entidad facilitó ningún tipo de objeción ni cuestionaron con previsiones negativas.
Además, en referencia a los problemas que acuciaban a la sexta entidad financiera en esos primeros días de junio, principalmente la fuga de depósitos provocada por la comunicación negativa que salía del Edificio Beatriz, el documento indica que existen informes que demostraban que el banco disponía de instrumentos financieros que podrían haber proporcionado a los «accionistas del banco una ventaja en la valoración de las carteras NPA».
El documento que llegó a manos de Saracho el día 2 de junio a media tarde indicaba que, en resumen, «todas las metodologías de valoración e indicaciones de interés apuntan hacia una valoración positiva del banco, y existen herramientas disponibles para cerrar posibles brechas».
Si ponemos en un contexto temporal esta comunicación con lo sucedido en los días posteriores nos daremos cuenta de cómo ni Europa ni España iba a parar la resolución, por muchas valoraciones positivas que pudiera tener el Banco Popular. El Santander tenía que cobrar su pieza, fuese como fuese.
Ese mismo día por la noche Saracho es convocado a una call conference por Elke König, presidenta de la JUR, a través de Jaime Ponce, presidente del FROB. En esa reunión, que se celebró al día siguiente, se iniciaron todos los procesos de resolución de la sexta entidad financiera de España.
El domingo 4 de junio ya estaban enteradas todos los bancos españoles de que el Popular iba a ser resuelto porque se les enviaron las correspondientes cartas para informarles y para ver el interés que pudieran tener a la hora de entrar en el proceso de subasta.
El primer día laborable después de iniciarse el Proyecto Hipócrates, los organismos, empresas y administraciones públicas comenzaron a retirar fondos de manera masiva del Popular, lo que aumentó la crisis de liquidez.
Mientras, Saracho ya disponía de, al menos, dos ofertas para ampliar capital (Deutsche Bank y Barclays) por un valor garantizado de 2.000 millones de euros y con la garantía de poder colocar en el mercado otros 2.000. El presidente del Popular también tenía sobre la mesa ofertas para la venta de activos no estratégicos (WiZkink y TotalBank) por valor de 4.150 millones. Todo ello, además, con la posibilidad de acceso a una ELA de 9.500 millones a la que no pudo acceder en su totalidad por, en primer lugar, la presentación de garantías incompletas o por los cambios de valoración del BCE respecto a las fechas de madurez de dicha línea de urgencia.
Todo ello era posible por, precisamente, esa valoración positiva que Saracho no transmitió al mercado ni al propio consejo el día 6 de junio cuando declaró al banco inviable y se inició todo el proceso.