En los últimos días se han producido distintas sentencias que dan la razón, en primera instancia, a los afectados que pretenden recuperar el dinero que les fue expoliado tras la resolución del Popular culpando de esa situación a las distintas ampliaciones de capital.Sin embargo, la realidad es que, en primer lugar, se trata de demandas que tienen poca posibilidad de prosperar en instancias superiores, tal y como ocurrió con la famosa sentencia de un juzgado de Oviedo que fue anulada por la Audiencia Provincial. En segundo término, se pretende realizar una similitud entre la salida a Bolsa de Bankia y la resolución del Banco Popular, algo que nada tiene que ver.En estas sentencias, además, tienen una fundamentación muy débil. Suelen coincidir en que los reclamantes no tienen formación suficiente y que su inversión desapareció con la intervención del Popular. El argumento de la intervención es utilizado en las sentencias como fundamental para determinar que el Banco Popular no tenía las cuentas en el estado en que se informaba en el folleto informativo de la ampliación. «Si el banco fue intervenido entonces las cuentas deberían estar mal o eran irregulares», es un argumento al que se ha recurrido en repetidas ocasiones. Sin embargo, los jueces que dictan esta sentencia no tiene en cuenta un hecho que es fundamental: el Banco Popular superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún problema tanto en los años 2010, 2011, 2014 y 2016.Además, pretenden hacer ver que hubo un falseamiento de esas cuentas, algo que no ha sido demostrado, sobre todo porque las mismas fueron supervisadas por entidades y empresas independientes antes de llevar a efecto las diferentes ampliaciones de capital, tal y como hemos informado en Diario16 en repetidas ocasiones.Fuentes de algunas asociaciones de afectados nos confirman que esos despachos pretenden aprovecharse de la ignorancia de los jueces de lugares aislados: «quieren desviar la atención hacia las ampliaciones o hacia las cuentas o hacia lo que sea, para acotar el precio que han de pagar y dar imagen de que aquello era un desastre, lo cual es absolutamente falso ya que el Popular era el único banco que cumplía de manera transparente y nunca entró en comportamientos corruptos como los cometidos en otras entidades con las preferentes o el IRPH.«En esas sentencias no se nombra a Saracho, ni a Uría. Este último fue quien gestionó el banco con Saracho. ¿Cómo es posible que si este despacho trabajaba en teoría para los antiguos accionistas del Popular, hoy expoliados, por una enorme cantidad de euros que cobró, se persone ahora en los juicios en nombre del Santander, frente a antiguos accionistas, consejeros y empleados del banco? ¿Ningún juez, ni accionista ve esto? ¿Por qué no se menciona que JP Morgan pagara a Saracho anticipadamente sus más de 80 millones y luego éste los contratara para asesorar en el catastrófico final del Popular? Estos aspectos no los han tenido en cuenta estos jueces que desean su minuto de gloria. No es casual que una de las últimas sentencias fuera en Galicia, la tierra que siempre manejó José María Arias, el ex presidente del Pastor, y que preside Alberto Núñez Feijóo, el hombre que presentó el libro pro-Santander de Manuel Medina. Además, estos despachos están utilizado la misma teoría de los grandes despachos de Madrid y que trasladan a terceros abogados locales, ya que estos por conflicto de intereses no actúan directamente. Igual está ocurriendo en otros puntos de la geografía española, más concretamente, en Sevilla», afirma a Diario16 el portavoz de una de las plataformas de afectados que no se creen esta estrategia judicial por la gran cantidad de lagunas deja.El desconcierto y la situación desesperada de muchos de los más de 305.000 afectados del Caso Banco Popular está provocando que muchos despachos de abogados estén utilizando estrategias que, en muchos casos, generan confusión o, directamente, falsas expectativas.Algunos de estos bufetes son los que tienen conflicto de interés con el Santander y, como no tienen la posibilidad de ir contra el más que presunto culpable, necesitan abrir caminos para no perder la rentabilidad del mayor caso judicial de los últimos años. Para no caer en el conflicto estos despachos están trasladando a otros más pequeños y de provincias esos casos.Por otro lado, nos encontramos con despachos que intentan captar la atención de los afectados en sesiones celebradas en salones de hoteles a través de exposiciones espectaculares que llenan los ojos de estas personas desesperadas utilizando técnicas de captación más propias de una operación de marketing directo que de un despacho de abogados.Unos y otros coinciden en llevar el asunto por la vía civil apuntando hacia las ampliaciones de capital o al estado de las cuentas intentando que los afectados crean que lo ocurrido con el Banco Popular fue exactamente igual que lo sucedido con la salida a bolsa de Bankia, dos hechos que no tienen comparación alguna.El Banco Popular fue intervenido bajo el mandato del Consejo de Administración presidido por Emilio Saracho. Hay que recordar que el ejercicio de 2.016 se cerró con solvencia y liquidez suficientes, tal y como reconocieron tanto el Banco Central Europeo como el Gobierno español. Estos aspectos se pueden comprobar en el interés mostrado por entidades como el BBVA en hacer una oferta de compra durante el mandato de Ángel Ron quien propuso a Francisco González realizar la operación a través de una OPA, hecho que el dirigente de la entidad vasca rechazó.El BCE, a través del anterior vicepresidente, Vítor Constancio, el Gobierno de España y el propio Banco Santander han reconocido públicamente que la intervención del Banco Popular fue consecuencia de una crisis de liquidez, no de solvencia, achacando ese problema a un pánico bancario que generaron enormes fugas de depósitos que son la consecuencia de las actividades y estrategias de Emilio Saracho, tal y como hemos informado en Diario16 durante años. Toda la operación estaba orientada, según diferentes comunicaciones internas del propio Popular, a bajar al máximo el precio de la acción y, de este modo, hacer insostenible la entidad para que fuera comprada al menor precio posible.Por tanto, los verdaderos responsables de la caída del Popular no están en quienes diseñaron e implementaron la ampliación de capital y el plan de negocio que fue frenado por el Ministerio de Economía sino en quienes, a través de movimientos poco éticos y, por supuesto, fuera de la buena praxis, llevaron al Popular a ser declarado inviable.Por estas razones, y por otras que iremos analizando en los próximos días, no se puede comparar el Caso Bankia con el Caso Banco Popular porque, en realidad, todo lo ocurrido podría ser bautizado como Caso Banco Santander.
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