Tal y como hemos revelado en Diario16 con pruebas documentales a lo largo de más de 4 años, el CasoBanco Popular fue una operación de Estado dirigida a rescatar al Santander. Como dijo aquel, todo estaba atado y bien atado y desde los poderes políticos se aplicaron acciones que influyeron de manera definitiva en que el banco cántabro se llevara por un euro una entidad cuyo negocio principal estaba valorado en más de 11.800 millones de euros, según los análisis de BBVA, y con una solvencia de más de 11.000 millones, según el informe de los peritos del Banco de España.
Toda la operación se realizó durante el gobierno de Mariano Rajoy. Lo que era inesperado es que el de Pedro Sánchez terminara de ejecutar el plan permitiendo la aprobación de la fusión por absorción que permitió al Santander eliminar la personalidad jurídica del Popular o manteniendo a la Abogacía del Estado defendiendo en los tribunales a la JUR y los intereses del banco cántabro. Ese es el socialismo de Sánchez.
El mayor problema que tiene el Estado español es que la operación fue ilegal porque se ejecutó, desde su génesis, a través de acciones que están definidas como delitos en el Código Penal.
Según confirmaron fuentes judiciales a Diario16, Saracho afirmó que fue consejera del Popular Reyes Calderón quien se puso en contacto con él para informarle de que el Consejo estaba dividido pero que había un grupo de consejeros que le querían a él como presidente del Popular.
Lo afirmado por Saracho es una clara denuncia de que la señora Calderón estaba transmitiendo información confidencial del banco a terceros, algo que está prohibido y, según el Código Penal, conlleva una pena de dos a cuatro años de prisión.
Por otro lado, es importante recordar el hecho publicado por Manuel Domínguez Moreno en su libro Banco Popular,una operación diabólica acerca de cómo Reyes Calderón contrató, sin que nadie se lo encargara, a un headhunter (selección de altos ejecutivos o directivos) para buscar al sustituto de Ángel Ron cuando aún no había sido ni destituido ni había dimitido. El coste de la contratación de Spencer Stuart para el Popular fue de medio millón de euros, tal y como demuestran las facturas publicadas en exclusiva por Diario16. ¿Para quién estaba trabajando esta señora, para el banco que le pagaba por ser consejera o sólo para un grupo de sus compañeros en el Consejo?
Por otro lado, lo que queda claro es que Saracho fue el candidato de Reyes Calderón a instancias de Luis de Guindos, tal y como reconocieron varios ex consejeros del Popular y publicó Diario16.
Hay que tener en cuenta el hecho de que la señora Calderón, por sí sola, no tenía capacidad de acceso a personas de la entidad de un vicepresidente mundial de JP Morgan o de los otros candidatos propuestos si no tuviera a alguien detrás que sí tuviera influencia para ello. Esa persona no podría ser otra que Luis de Guindos quien le habría podido ir marcando la hoja de ruta de la operación diabólica del Santander.
Los hechos han demostrado que los anhelos de Calderón y de Antonio del Valle fueron desmontados, pedazo a pedazo, por Saracho quien siguió la hoja de ruta. Un importante ejecutivo de una de las auditoras que componen el llamado big four fue claro en unas declaraciones a los medios: «Una vez que Saracho cogió el timón del Popular realizó todo lo necesario para llevar al banco al borde del abismo en una actuación premeditada. Si no, ¿Cómo se entiende que en su primer discurso a los accionistas dijera que no era posible seguir en solitario y que la única salida era una venta o una ampliación de capital?».
Por tanto, Reyes Calderón, en su declaración prevista para el mes de diciembre, se va a encontrar en un escenario muy difícil, el que, una vez más, le ha dejado Emilio Saracho.