La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha impuesto a Banco Santander una multa de 4 millones de dólares (3,89 millones de euros) por la utilización por parte de sus ejecutivos de aplicaciones de mensajería no autorizadas para sus comunicaciones comerciales.
Según la nota de la SEC, cada una de las investigaciones descubrió el uso de métodos de comunicación no aprobados, conocidos como comunicaciones fuera de canal, en el Santander. Como se describe en las órdenes de la SEC, el banco admitió que, durante los períodos pertinentes, su personal envió y recibió comunicaciones fuera de canal que eran registros que debían conservarse de conformidad con las leyes de valores estadounidenses. Las fallas involucraron a personal en múltiples niveles de autoridad, incluidos supervisores y gerentes superiores.
El Santander, junto a otras empresas, fue acusado de violar ciertas disposiciones de la Ley de Asesores de Inversión o de la Ley de Intercambio de Valores en materia de mantenimiento de registros. También fueron acusados de no supervisar razonablemente a su personal con el fin de prevenir y detectar esas violaciones.
Esta multa se suma a otras que se han impuesto en Estados Unidos y en Reino Unido, donde los reguladores y supervisores parece que anteponen el cumplimiento de la normativa a la protección de un banco concreto sólo porque se encuentra en la categoría de «too big to fail».
Blanqueo de capitales
En 2022, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ha impuesto al Santander una multa de 107,8 millones de libras (124,9 millones de euros) por graves y persistentes lagunas en los controles de blanqueo de capitales.
En concreto, según el documento de la FCA, al que Diario16 ha tenido acceso, entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Santander no supervisó ni administró adecuadamente sus sistemas de control de blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés), lo que afectó significativamente la supervisión de cuentas de más de 560.000 clientes comerciales.
«Santander contaba con sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que estarían realizando. El banco tampoco supervisó adecuadamente el dinero que los clientes les habían dicho que pasaría por sus cuentas en comparación con lo que realmente se estaba depositando», afirma la FCA.
Según Mark Steward, entonces director ejecutivo de Cumplimiento y Supervisión de la FCA, «la mala gestión de Santander de sus sistemas contra el blanqueo de capitales y sus intentos inadecuados para abordar los problemas crearon un riesgo prolongado y severo de blanqueo y delitos financieros».
Retención de millones de euros de clientes fallecidos
La misma FCA impuso otra importante multa al Santander por manejo indebido de los fondos de las cuentas de 40.428 clientes fallecidos. La sanción ascendió a más de 36 millones de euros, la más alta que fue impuesta por la FCA en 2018 y que representó más de la mitad del total de las sanciones impuestas por el supervisor británico ese año: 67 millones de euros.
El Santander se acogió, al inicio del procedimiento sancionador, a la solución amistosa por lo que consiguió un descuento en la sanción del 30%. De no haber sido así, la FCA habría impuesto una multa de 52 millones de euros a la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
La sanción se impuso por la violación de los principios 3, 6 y 11 de la Financial Services and Markets Act 2000 (Ley de Servicios y Mercados Financieros) por deficiencias y retrasos injustificados en la organización y control del proceso de entrega de bienes a los herederos de los clientes fallecidos, vulneración de los intereses de los clientes y trato inadecuado y por ocultación de los hechos al supervisor con infracción de las normas de transparencia.
El Santander demoró injustificadamente la entrega de más de 203 millones de euros a los herederos de 40.428 clientes fallecidos. Estas violaciones de los derechos de los clientes y la ocultación de las infracciones al supervisor británico se produjeron en el periodo en el que Ana Patricia Botín era consejera delegada del Santander UK en 2013 y 2014.
Envío de tarjetas sin autorización
En 2019, el Gobierno Federal de Brasil, país que durante años fue la principal fuente de beneficios para el Santander, condenó a la entidad a al pago de una indemnización de 274 millones de reales, 43,55 millones de euros al cambio actual, en concepto de daños y perjuicios por la comisión de un delito de intimidación a sus trabajadores. Según la sentencia, la entidad presidida por Ana Patricia Botín sometió a los empleados al cumplimiento de unos objetivos de producción abusivos, hecho que elevó la tasa de enfermedades nerviosas.
Por otro lado, también se impuso por parte de la Secretaría Nacional del Consumidor, órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Departamento de Protección al Consumidor, una fuerte multa por el envío de tarjetas de crédito a clientes sin el consentimiento de los mismos o sin que hubiera una solicitud previa.
Según el órgano sancionador, esta acción del Santander fue una práctica comercial abusiva que violaba la libertad de elección y la autonomía del cliente a la hora de decidir si acepta o no el producto bancario, en este caso, una tarjeta de crédito.