La compañía aérea Air Europa solicitó un rescate de 400 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia del Covid19. El Consejo de Ministros ha aprobado dicha inyección de dinero y ha aumentado la cantidad solicitada en 75 millones más porque, al parecer, la situación de la compañía propiedad de la familia Hidalgo ha empeorado desde el día en que se hizo la solicitud formal. ¿Por qué ese aumento? El Ministerio de Hacienda debe explicar de manera exhaustiva la razón por la que en un mes la aerolínea ha empeorado tanto como para ampliar el rescate un 19% del total solicitado, sobre todo para evitar las suspicacias de que ese dinero se utilice para pagar comisiones o minutas por asesoría, intermediación o consultoría.
Por otro lado, el Gobierno está obligado, por transparencia y respeto al pueblo soberano, a publicar quiénes han sido los lobbies o las consultoras que han mediado en la negociación del rescate a Air Europa, lo mismo que las facturas emitidas por las grandes empresas que han auditado si la aerolínea era o no merecedora de recibir ese dinero público.
Sin embargo, y según ha publicado VozPópuli citando fuentes de Hacienda y cercanas al Ejecutivo, no hay información sobre el planning presentado por la empresa ni se hará público en el BOE porque eso podría dar información relevante a la competencia de Air Europa. Es decir, la misma excusa que dan en Europa para negar a los afectados del Banco Popular información clave para su defensa porque, en este caso concreto, afectaría a los intereses comerciales del Grupo Santander.
Esta opacidad podría provocar que la aerolínea de la familia Hidalgono pudiera devolver esa inyección de dinero público en el plazo de 6 años y que el Estado perdiera un dinero que bien se podría haber entregado a pymes y autónomos que sí le darían un uso adecuado porque a esos sí que se les fiscaliza hasta las últimas consecuencias.
Diario16 ya informó de la presencia de Acento, la consultora del exministro Pepe Blanco, en la mediación entre las empresas y la SEPI para el acceso a los fondos aprobados por el Gobierno el pasado mes de julio. Sin embargo, no sólo es Acento, sino que los grandes despachos de abogados también están haciendo lobby para el acceso a esos fondos. Además, deben hacerse públicos los informes realizados por auditoras internacionales para que el pueblo conozca los criterios seguidos para conceder el rescate.
En otro orden, sería necesario que se explorara la posibilidad de que esa intermediación pudiera haberse hecho de forma personal entre un exministro socialista muy mediático y el Gobierno, sobre todo si se tienen en cuenta las amistades de la familia Hidalgo.
Air Europa está en medio de un proceso de venta a IAG-Iberia que fue valorado en 1.000 millones de euros. Según reconoció cuando se anunció la operación el presidente de IAG, Willie Walsh, «la adquisición de Air Europa supone añadir a IAG una nueva aerolínea competitiva y rentable, haciendo de Madrid un hub europeo líder y permitiendo que IAG logre el liderazgo del Atlántico Sur, generando así un valor financiero adicional para nuestros accionistas». Además, esta operación permitirá a la empresa matriz de Iberia controlar en el aeropuerto de Madrid el hub europeo líder en Europa, lo que colocará al Adolfo Suárez-Barajas a un nivel similar al de aeropuertos como el de Amsterdam, Frankfurt, Heathrow o el Charles de Gaulle.
Desde noviembre de 2019 en que se hizo el anuncio de la compra de Air Europa, la operación no ha terminado de ejecutarse y las consecuencias de la pandemia la ponen en serio peligro de no terminar de cerrarse. Para salvarla no puede utilizarse la inyección de dinero público aprobada por el Gobierno.
¿Qué pasará si la venta a IAG se cierra en los próximos meses en las mismas cifras que se manejaron en noviembre de 2019? IAG se quedará una empresa saneada gracias al dinero de todos los españoles, lo cual redundará nuevamente en el hecho de que se utilicen fondos públicos para salvar a grandes multinacionales que luego no tienen piedad a la hora de destruir empleo o de llevarse su actividad a países low cost. ¿Se ha considerado en el estudio la situación general de la Corporativa Globalia? Esta sugerencia no debería quedarse sin responder por las posibilidades sociales, económicas y jurídicas que podría acarrear la operación en caso de que no se haya considerado y en el contrario.
Si los Hidalgo consiguen cerrar la venta con IAG, de la que es consejero Emilio Saracho, el Gobierno debería obligar a la devolución de esos 475 millones de euros para que el Estado pudiera rescatar a las pequeñas y medianas empresas que son las que realmente están sufriendo la crisis del coronavirus. Si no lo hiciera, estaríamos ante el escándalo mayúsculo por el cual el dinero de todos se utiliza para el enriquecimiento personal de unos pocos.
Ya son demasiados episodios en que los recursos económicos que necesitaba la ciudadanía para paliar los efectos de la crisis han sido utilizados para salvar a las grandes empresas españolas: las autopistas de peaje (ACS, FCC) o el Proyecto Castor, del que se ha beneficiado principalmente la banca tras la sentencia del Supremo de la semana pasada, son el mejor ejemplo de ello.
Miles de millones de euros que sirven para sanear las cuentas de las élites empresariales, financieras y económicas, mientras las pymes y los autónomos se ven obligados a cerrar sus negocios. Y los trabajadores y las trabajadoras al paro o la precariedad. Todo ello por no hablar de las multinacionales extranjeras que, además de pagar menos impuestos, deciden irse de España sin devolver las ayudas públicas recibidas durante el tiempo en que mantuvieron su actividad. Dirijan su mirada a estudiar Air Europa y Globalia en República Dominicana.