Nadia Calviño, la «comisaria» neoliberal en el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido seleccionada para un nuevo cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en concreto será la presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional.
A través de un vídeo en su cuenta de Twitter, Calviño ha agradecido a los gobernadores de esta institucional internacional por su nombramiento y defiende que la coordinación multilateral «es clave para garantizar la estabilidad financiera e impulsar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo».
Calviño relevará a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, que renunció al cargo al que accedió el 18 de enero de 2021, siendo la primera mujer en presidirlo. La ministra española estará por un periodo de dos años en ese cargo, que no exige exclusividad y que, por tanto, podrá compatibilizar con sus funciones en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Se trata del comité del FMI que asesora e informa a la junta de gobierno del organismo sobre la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero internacional, incluidas las respuestas al desarrollo de acontecimientos que puedan perturbar el sistema.
Sánchez felicita a Calviño, pero no la cesa
También a través de Twitter, Pedro Sánchez ha felicitado señalando que será la primera ministra española y la segunda mujer en presidir el principal comité asesor del FMI. «Tienes todo nuestro apoyo en este nuevo cometido desde el que seguirás trabajando por una recuperación mundial económica y socialmente justa», ha escrito el presidente.
Sin embargo, en la tesitura económica actual, en medio del proceso de recuperación tras la crisis provocada por la pandemia, de la ministra de Asuntos Económicos se espera exclusividad absoluta para liderar dicha recuperación. En consecuencia, Sánchez estaría obligado a cesar de inmediato a Calviño, algo que no hará puesto que ya se ha demostrado que su intención es darlo mucho más poder, tanto a nivel del Ejecutivo como del propio Partido Socialista del que la vicepresidenta primera no es militante.
Por otro lado, un gobierno progresista de izquierdas, del que se espera un modelo económico basado en la justicia social, no se puede permitir que una de sus ministras forme parte, precisamente, de uno de los organismos que más ha incentivado la desigualdad a través de recetas económicas erróneas basadas en la austeridad y en la ponderación de los grandes intereses de las élites financieras y empresariales.