Santander pagó 235 millones de euros para no hacer públicos los informes que ignoró sobre la estafa de Madoff

Tras la intervención de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BMIS) por el Tribunal Concursal de Nueva York, se nombró liquidador a Irving H. Picard, quien procedió a interponer diversas demandas ante dicho tribunal contra todas las entidades financieras y fondos “feeder funds” que habían invertido en BMIS, para reclamar el dinero que habían retirado y que correspondía a los inversores estafados. En las demandas argumentaba que, siendo entidades financieras experimentadas, sofisticadas y reputadas que cobraban comisiones de sus clientes por gestionar sus inversiones y en consideración a sus conocimientos para seleccionar y vigilar al Madoff de turno, habían ignorado las evidentes alarmas que evidenciaban la burda estafa piramidal.Los indicios de irregularidades eran tan manifiestos, según las demandas del liquidador, que debieron ser detectados con una mínima diligencia de control. La mayoría de las entidades financieras y fondos de inversión no alcanzaron ningún acuerdo hasta que fueron judicialmente demandadas, salvo el Santander que sí pactó el 26 de mayo de 2009 para no ser demandado abonando 235 millones de dólares. Fuentes del sector consultadas por Diario16 mantienen que el Santander llegó al acuerdo con Picard para que no saliesen a la luz los informes de 2002 y 2006 de la jefa del departamento legal y del Chief Risk Officer de Optimal Strategic US Equity Fund, Karine Paganini-Courvoisier y Rajiv Jaitly, que venían denunciando las irregularidades y que fueron ignorados por el Santander, Optimal y Echeverría de forma continuada, y que de ser descubiertos pondrían incriminar a todos ellos en el megafraude piramidal.Uno de los procesos judiciales interpuesto contra el Santander y Optimal fue el Caso Rembaum en un juzgado de Nueva York. La demanda judicial colectiva del caso Rembaum fue interpuesta por una serie de inversores afectados por las inversiones de Optimal en la estafa piramidal de Madoff que, conociendo que Jaitly fue el director de riesgos (CRO) de la gestora suiza del Santander, solicitaron su declaración para que expusiese sus conocimientos sobre la conducta de Optimal y el Santander en relación con las inversiones con BMIS.Jaitly declaró en Londres en julio de 2012 a petición del tribunal neoyorquino mediante comisión rogatoria al tribunal inglés English High Court of Justice, Queen´s Bench Division. La declaración versó en su integridad sobre siete puntos todos relacionados con la actuación de Optimal y el Santander en relación con su control, revisión, investigación y supervisión de Madoff y de las irregularidades y advertencias constatadas en su informe de 50 páginas del año 2006. De dicha declaración se levantó la correspondiente transcripción a la que se unieron diversos documentos.Con la demanda de los inversores se adjuntaba como documento nº 4 copia del referido informe de 50 páginas elaborado y firmado por el director de riesgos de Optimal en 2006, en el que, entre otros aspectos, se volvía a poner el acento, al igual que en los informes de Courvoisier de 2002, en la imposibilidad de verificar la actividad real de las transacciones en el mercado  y se avisaba que no se había hecho ningún requerimiento para revisar como se hacían las transacciones y que no existía motivo alguno para que Optimal no hiciera tal solicitud.En la demanda de Rembaum contra Santander presentada en 2010 los inversores del Santander estafados por el fraude piramidal manifestaban que el fondo inscrito en las Bahamas “Optimal Strategic US Equity Fund” creado por la gestora del Santander «No era más que un vehículo de transferencia» que invirtió el 100% de sus activos en Bernard L. Madoff Investment Securities LLC». Los inversionistas demandantes también acusaron al Santander y a Optimal de ignorar las alarmas que evidenciaban el fraude de Madoff y engañarlos acerca de cuán cerca le estaban monitoreando, mientras Santander recaudaba millones de dólares en fees tanto de Madoff como de sus clientes que podrían superar los 50 millones de dólares anuales.Los casos no fueron enjuiciados porque los tribunales de Florida y Nueva York consideraron que la competencia territorial correspondía en unos casos a Irlanda y en otros a Suiza.