Una vez que pase este verano y se reanude la actividad judicial, el Caso Banco Popular entrará en una fase clave dentro de la instrucción que está desarrollando el magistrado José Luis Calama Teixeira. En la Audiencia Nacional se han realizado afirmaciones muy graves que demuestran con claridad que fue una operación de Estado para rescatar al Santander, una estrategia que inició el gobierno del PP y que Pedro Sánchez ha terminado de finiquitar, a mayor gloria de Ana Patricia Botín. ¿Cómo es posible que dos gobiernos, de dos partidos distintos, hayan sido cómplices necesarios, directa o indirectamente, en una operación que las pruebas documentales publicadas, y por publicar, por Diario16 demuestran que fue absolutamente ilegal?.
Una de las declaraciones más esclarecedoras la realizó el propio Emilio Saracho en la Audiencia Nacional cuando desveló ante el magistrado Calama Teixeira y el fiscal Antonio Romeral que se reunió unos días antes de la resolución del Popular con Rodrigo Echenique, entonces vicepresidente de Banco Santander, para pedirle una mejora de la oferta. ¿Qué oferta? ¿Los 3.500 millones que se ofertaron en reuniones previas a la resolución o lo decidido en el Consejo de Administración?
En este punto hay que recordar que el día 22 de mayo, el Consejo de Administración del Santander aprobó la compra del Popular (Proyecto Neptuno) y marcó las condiciones tanto de la adquisición, valor 0 euros, la forma, por bail in amortizando acciones y obligaciones que representan 2.000 millones de euros, así como una ampliación de capital por 7.000 millones de euros.
Además, se hizo una exposición de los beneficios esperados de dicha operación. Por tanto, un plan diseñado, estudiado y preparado para ejecutarse. Las condiciones de la resolución ya estaban presuntamente fijadas y dictadas por el Banco Santander.
Esa reunión del Consejo de Administración del Santander se produjo 5 días después de que la Junta Única de Resolución encargara a Deloitte del informe de valoración del Popular y un día antes de que se aprobara el borrador final para la valoración de entidades, que entró en vigor en marzo de 2019.
Sin embargo, Saracho, que era conocedor de las reuniones que estaban manteniendo algunos de sus más altos directivos con el banco cántabro para la venta del Popular, ¿desconocía que el Santander ya había aprobado la compra de la sexta entidad financiera con las condiciones que finalmente fueron implementadas?
BBVA, la entidad más interesada
Por otro lado, Saracho también afirmó en su declaración que durante el proceso de venta privada la entidad más interesada fue el BBVA y que, según las mismas fuentes, estuvo contemplando dar a la entidad vasca prioridad al resto. Sin embargo, en el proceso de resolución al banco vasco no se le pusieron más que piedras en el camino:
No hay más que recordar cómo, en las comunicaciones enviadas por el asesor externo del FROB se indicaba claramente que una de las condiciones era sólo aplicable al Banco Santander, lo que convirtió la subasta en un proceso que, desde luego, no era competitivo.
Hay que tener en cuenta que el propio BBVA solicitó más tiempo para poder analizar los datos del Popular y, sin embargo, no se le concedió para ejecutar la operación de venta por un euro fuera del plazo estipulado, lo que, en consecuencia, convierte en nula toda la operación.