El Caso Banco Popular ya va hacia su sexto año de instrucción en la Audiencia Nacional. Sorprendentemente, la última prórroga aprobada por el juez José Luis Calama Teixeira ha sido de sólo 3 meses, lo que podría indicar claramente que la pretensión del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional es cerrar el proceso de investigación para determinar si los imputados pasan o no a juicio oral.
Sin embargo, la actuación del juez en los últimos meses ha sido un verdadero despropósito, al dejar de lado la investigación de las únicas causas por las que el Popular fue resuelto y vendido por un euro al Santander. Por el contrario, Calama decidió dar un giro inesperado a su instrucción para centrarse en elementos de años anteriores que nada tuvieron que ver con la resolución del 7 de junio de 2017.
¿Qué ha motivado a un juez que, tras sustituir a Fernando Andreu, inició un proceso en el que parecía que focalizaba su actuación en lo realmente importante? En los mentideros jurídicos y entre los personados a la causa, tanto imputados como acusaciones, se afirma que corren rumores sobre ciertos comportamientos del juez, rumores que, evidentemente, por serlo, no mencionaremos. El agua suena, pero no se puede confirmar que se trate de un río, un grifo o un mar.
Centrar la instrucción, como está haciendo Calama, en hechos sucedidos antes de la llegada de Saracho a la Presidencia de la entidad es un error porque no tuvieron incidencia sustancial y material en la solidez y vida del Banco, y por cantidades ajenas a su solvencia o liquidez, y para su negocio, como la valoración de las tasaciones, la cuantía de las provisiones, la supuesta, inconcreta y en todo caso irrelevante financiación a los inversores en la ampliación de 2016, o los supuestos defectos en el folleto de la ampliación de capital del mismo año; cuestiones que en nada pudieron influir en las decisiones de los citados accionistas, ni determinar la resolución del banco.
Calama tiene la obligación de investigar esos hechos anteriores puesto que hay querellas interpuestas sobre ellas. Sin embargo, no puede dejar de investigar las verdaderas y únicas causas de lo sucedido al Banco Popular y la consiguiente ruina de 1,2 millones de personas.
Sin embargo, el juez se ha empecinado en llevar su instrucción a supuestos hechos que se produjeron casi una década antes de la resolución de Banco Popular.
En concreto, el juez dictó un auto por el que ha imputaba al auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC), Jose María Sanz Olmeda, que dirigió las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 a 2015.
La declaración de Sanz Olmeda volvió a poner en evidencia que la estrategia de Calama es absolutamente errónea y que sólo va encaminada a cerrar la instrucción en falso para que los supuestos verdaderos culpables, tanto personas físicas como jurídicas, queden exonerados.
El auditor de PwC dio una lección en su declaración y defendió algo que es clave en este caso: las cuentas del Popular antes de la llegada de Saracho fueron correctas. Sanz Olmeda rebatió el informe pericial con intenciones retrospectivas ordenado a los inspectores del Banco de España por Calama y la Fiscalía respecto a las tasaciones y aseguró de manera contundente que los criterios contables que se utilizaban en el Banco Popular eran los mismos que PwC aplicaba a otras entidades financieras.
No podía faltar, evidentemente, una censura absoluta por el sesgo retrospectivo que se está aplicando en esta fase de la instrucción respecto a las tasaciones y la calidad de los activos. Sanz Olmeda se lo dejó muy claro a Calama: no cabe ninguna aplicación retrospectiva de la Circular 4/2016 del Banco de España. Por tanto, el Consejo de Administración de Banco Popular realizó una contabilidad correcta.
Por otro lado, el auditor puso en duda la muestra de activos y la metodología utilizada por los peritos del Banco de España. Esta es la razón por la que se vaya a reclamar a Calama que llame a declarar nuevamente a los peritos para que aclaren tanto esos criterios como la muestra utilizada.
Calama lo rechaza todo
El problema ya no está sólo en que se hayan pedido informes ad hoc para justificar el vuelco a la instrucción que tanto Calama como la Fiscalía dieron hace aproximadamente un año. La problemática viene en que el juez ha entrado en un bucle muy peligroso: rechazar todo lo que implique ahondar en la investigación de la época de Saracho.
En este último año se han presentado escritos en los que se pedía a Calama que investigara las acciones realizadas por los abogados del despacho de cabecera del Santander desde febrero de 2017 hasta la fecha de la resolución. Calama se negó.
También se solicitó que se tomara declaración a esos mismos abogados para que expusieran en sede judicial lo ocurrido en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017. Calama también se negó, a pesar de contar con el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán en la que se denuncian graves irregularidades, presiones, coacciones y engaños por parte de Saracho y de los abogados de Uría y Menéndez para que los consejeros aprobaran el envío al BCE de la carta que declaraba la inviabilidad del Popular.
El juez tampoco aceptó que se requiriera toda la documentación surgida del asesoramiento que Saracho contrató con el despacho de cabecera del Santander, incluidos correos electrónicos o actas de reuniones.
Por otro lado, Calama también rechazó los informes periciales presentados por la defensa de Ángel Ron y realizados por expertos y profesionales de prestigio probado como José Antonio Iturriaga, asesor senior del Fondo Monetario Internacional, que demostraban cómo la resolución de Banco Popular pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho.
La última prórroga de la instrucción ha sido sólo de tres meses. Queda mucho por investigar, sobre todo después de la pérdida de tiempo que ha provocado el giro de Calama y la Fiscalía. En consecuencia, todo parece indicar que la intención es cerrar la instrucción en el mes de abril. Eso derivaría en un cierre en falso porque, en realidad, en el último año se han negado a investigar los aspectos reales que provocaron la resolución y la ruina de más de 1,2 millones de personas. Esta es la Justicia que hay en España, una factoría de injusticias con el único fin de mantener la impunidad de los poderosos, entre los que destaca, evidentemente, Banco Santander.