El Caso Popular está en un punto en el que apenas hay novedades en las diferentes causas abiertas tanto en España como en Europa. Ya se acercan los 6 años desde la instrucción y 1,2 millones de personas siguen viendo cómo nadie con capacidad de decisión está haciendo nada para que recuperen el dinero que se les arrebató con nocturnidad y alevosía en la madrugada del 7 de junio de 2017.
En este caso, evidentemente, la Justicia, en general, es la que tiene la última palabra pero, también es obvio que, sobre todo en España, la desconfianza hacia los jueces es absoluta, sobre todo por la sumisión absoluta de los tribunales españoles a los intereses de los poderosos y, con más ahínco, a los de Banco Santander.
Esta desconfianza absoluta a los jueces españoles provocó en los días posteriores a la resolución que muchos afectados recurrieran directamente a los tribunales europeos. Los despachos de abogados saben perfectamente a dónde acudir cuando están determinados poderes de por medio.
Por esta razón, el exconsejero de Banco Popular, Antonio del Valle, uno de los responsables de la llegada de Emilio Saracho a la Presidencia de la entidad, además de interponer demandas en distintos ámbitos de la Justicia, también planteó un arbitraje ante el Tribunal de La Haya contra el Estado español, en concreto, contra la CNMV, el Banco de España, el Ministerio de Justicia y el FROB. Todos estos organismos estuvieron implicados en la resolución de Banco Popular. Para poder tener acceso a la vía arbitral se apeló a un incumplimiento del Tratado de Respeto a la Inversión firmado entre España y México.
Según la demanda de Del Valle, «la resolución fue causada de manera errónea por múltiples omisiones y actos por parte de España, antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable».
El grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle reclamaban 700 millones de euros, dado que se incluían diferentes conceptos, además del dinero de los títulos que tenían en Banco Popular.
Según ha publicado OkDiario, el Tribunal de Arbitraje de La Haya ha dictado un laudo en el que da la razón al Estado español ya que considera infundadas las acusaciones. Resulta cuanto menos curioso que el argumento dado por el Estado español haya sido el mismo que, en su momento, utilizó el expresidente de Santander España, Rodrigo Echenique: que sabían perfectamente el riesgo que corrían al comprar acciones.
Sin embargo, lo que está dejando claro el Caso Popular es que la ciudadanía desconfía enormemente de la Justicia y de los poderes políticos. En España, en su afán por defender los intereses de las élites económicas, bancarias, financieras y empresariales, se ha llegado al punto de retorcer la ley, de crear doctrinas ad hoc o de no aplicar artículos del Código Penal para salvar a los que realmente mandan, a los que, con su poder, socavan los cimientos más básicos de la democracia y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En Diario16 hemos publicado en exclusiva cómo la propia Abogacía del Estado, para defender los intereses del Santander, ha llegado a justificar ante los tribunales europeos que, para defender lo que ellos llaman «interés general» (que no es otra cosa que un eufemismo macabro para referirse a los intereses de las élites), es lícito vulnerar los derechos fundamentales de las personas. A ese punto se está llegando a España, a anteponer los intereses de Ana Patricia Botín respecto de 47 millones de ciudadanos.
No se puede olvidar jamás lo que el abogado José María Erausquin declaró en una entrevista concedida a Diario16 sobre lo que hacen los tribunales españoles, sobre todo el Supremo, cuando los bancos se encuentran en peligro.
«En esos momentos previos de tensión a la espera de que se inicie la vista [por el IRPH en Luxemburgo], nerviosos, comenté que por fin se acababa este asunto, que para bien o para mal ya finalizaba, y que fuera lo que Dios quisiera, pero que acabara de una vez. ¿Qué te crees que nos dijo una de las personas allí presentes? ‘Amigo, las cosas de España no se acaban nunca. Esto necesita tiempo porque irá, volverá, irá, volverá’. Esta persona nos recordó que los jueces españoles no acostumbran a aplicar directamente las resoluciones del TJUE, que esperan a que el Tribunal Supremo les diga cómo tienen que hacerlo, y que como siempre hay algún juez díscolo que no acepta esa interpretación y eleva nueva cuestión con dudas, el tema va y viene hasta el aburrimiento. Y ahora te sientas a pensar y te das cuenta de que es verdad, que con la cláusula suelo, con el vencimiento anticipado, y con la comisión de apertura ha ocurrido lo mismo. Y eso es lo que volverá a ocurrir, porque tenemos demandas del año 2013 sin resolver», afirmó Erausquin.
En el Caso Popular está sucediendo lo mismo. El exjuez Elpidio Silva afirmó a Diario16 respecto a la instrucción de Fernando Andreu que «la instrucción no va ni muy lenta ni muy rápida, es que no va, no existe. Esto es inconcebible […] En realidad, parece que no se quiera saber qué sucedió en este caso».
Tras la salida de Andreu del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, la llegada del juez Calama Teixeira pareció dar esperanzas a los afectados, puesto que inició los interrogatorios, tanto de los imputados como de los testigos más relevantes. Todo indicaba que la instrucción iba hacia el lugar correcto: la investigación de las causas reales que llevaron a un banco solvente y con capacidad para generar beneficios a la resolución, hechos que sucedieron a partir del segundo trimestre de 2017, durante la etapa de Emilio Saracho en la Presidencia.
Sin embargo, tanto Calama como la Fiscalía dieron un giro radical a la estrategia de instrucción y han destinado miles de horas de trabajo a hurgar en hechos que, tal y como reconoció el propio Banco Santander, no tiene una causalidad directa con la resolución ni, por supuesto, con la ruina de más de 305.000 familias. ¿Por qué Calama y la Fiscalía han dado este giro? ¿Qué elemento externo ha podido, presuntamente, afectar a este juez?
España es un país en el que la Justicia está diseñada para proteger a las élites financieras, bancarias, empresariales y económicas. No hay justicia justa. No se respetan los derechos reconocidos ni en la Constitución española ni en la Carta de Derechos Humanos de la ONU respecto a los derechos de defensa y la tutela judicial efectiva.
Y en esto, además de los jueces y los fiscales, tienen mucho que ver los grandes despachos de abogados que no dudan en comprar influencia a cambio de ofrecer a sus grandes clientes la impunidad más absoluta. Eso es corrupción y quien no la quiera ver o no reconozca que existe es que es un iluso o es cómplice de la llamada "Operación Diabólica."