«El Estado español castiga con saña a los denunciantes de corrupción»

Josep Jover es abogado, jurista, libertario y pirata. Durante años fue la cabeza visible de la lucha contra el canon digital y que terminó en el TJUE, tribunal que determinó que se trataba de una tasa abusiva y que no cumplía con la legislación europea. Fue coordinador de la comisión jurídica del 15-M en Barcelona, estuvo involucrado con la sentencia del TJUE sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas y en la sentencia, también del TJUE, sobre el llamado céntimo sanitario. En la actualidad abandera la lucha legal de los denunciantes de corrupción españoles en los tribunales europeos. Su trabajo, junto a ASPERTIC, ha hecho posible la aprobación de una directiva europea que revolucionará el mundo del derecho y de la sociedad a nivel de la UE: la Directiva de defensa de los denunciantes de corrupción.

En nuestro periódico lo presentamos como Abogado especializado en propiedad intelectual y gestor de conflictos, sin embargo, ¿cómo se define Josep Jover?

Bueno, realmente de propiedad intelectual sé ya muy poco. Soy también un viejo rockero de la protección de datos y de la gestión de conflictos, sobre todo en temas de Derecho Europeo; pero a mí me gusta más el concepto de abogado en Derechos Humanos de Tercera Generación.

Por lo que acaba de decir, ¿los derechos humanos también evolucionan?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en el Consejo de la ONU en diciembre de 1948, fue solo el primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana. La carta recoge 30 artículos con los derechos de los que goza cualquier persona sin distinción de sexo, edad, religión, origen, nacionalidad o raza, esos son los llamados derechos de Primera y Segunda generación. Pero la concepción de los derechos ha evolucionado a lo largo de estas casi siete décadas. Muchos derechos no estaban especificados en la declaración, sino simplemente sugeridos o esbozados, y otros, ni tan siquiera eran imaginados.

En concreto, ¿cuáles son esos Derechos Humanos de Tercera Generación?

Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista tras numerosas cumbres y encuentros mundiales, como por ejemplo el que tuvo lugar en Barcelona en 1992. A grandes rasgos, podríamos decir que hay consenso en los siguientes:

“Derecho al desarrollo sostenido, a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz en un sentido amplio, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho de los consumidores, el derecho a gozar de un medioambiente sano, o ¿no es que todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles?”

La lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario: está en permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestro tiempo. La mayoría de ellos son derechos que nacen en las sociedades post industriales. Hemos de ser conscientes que no hemos de dejar de defender, y con más ahínco, los derechos humanos básicos. Continúa habiendo esclavos.

¿Cuáles son los últimos derechos que han llegado?

Ahora se habla mucho de la neutralidad de la RED, de la universalidad de  derecho de acceso a la misma, pero también estarían los derechos de no ser manipulados por las grandes compañías, sobre todo por la ingente cantidad de metadatos que de nosotros obtienen, o por los estados, que usan esa información para bloquear la disidencia política; también el derecho a tener una memoria histórica libre de reescrituras interesadas por parte de las élites poderosas, que controlan los medios y que tienden a justificar sus privilegios.

Y también otros derechos que nos pueden parecer más pequeños, como el de tener derecho a una segunda instancia judicial, que en España aún no se cumple en todos los casos.

Y de todos ellos, ¿cuál destacaría?

Creo que ahora el caballo de batalla, aquí, es que el Estado Español elude, como puede, el ser transparente, y castiga o permite que se castigue con saña a los denunciantes de corrupción; y eso a pesar de la Unión Europea ha legislado profusamente sobre el tema. Pero España es el país con más fama de incumplidor de la Unión. Y el Poder Judicial español es herramienta activa para que no se cumplan esas normas. Lo hemos visto en el tema de las cláusulas suelo, por ejemplo.

Le doy un ejemplo que le sorprenderá, la primera Ley de Transparencia es la Sueca. El 2 de diciembre de 1766 se publicó en Suecia la primera ley de libertad de información en el mundo. Su título era Ley de Libertad de Prensa y Expresión y del Derecho a Acceso a Documentos Públicos . Desgraciadamente, la del Estado Español, es de 2013 y con menos prerrogativas para el ciudadano que la primera ley sueca. Pues bien, las administraciones la incumplen cuando quieren, porque el procedimiento sancionador es una mierda (perdón). Sólo hemos de pensar en la famosa “comisión de expertos” o en la Casa Real, que queda fuera del control y transparencia más elementales.

Usted es uno de los promotores de la llamada Directiva Whistleblowers, la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción. ¿Qué le parece el resultado final?

Sorprendente, la verdad. Me explicaré. Nosotros ejercimos a través de ASPERTIC, una asociación de peritos TIC las acciones de lobby delante de la Comisión y del Parlamento Europeo para que se crease y publicase esa directiva. Pero el resultado final, puedo calificarlo, sin lugar a dudas de BRUTAL.

Explíqueme eso…

¿Cómo le explicaría?: íbamos pidiendo un utilitario y nos han devuelto un camión de 30 toneladas.

La corrupción se convierte en una parte más de los “intereses de la Unión”. Se empieza haciendo un listado exhaustivo del ámbito de la Directiva, señalando qué es Derecho de la Unión y qué no (que es el 90% del mundo que nos envuelve). Además, modifica más de un centenar de Directivas y Reglamentos, cuya transposición ya ha quedado obsoleta; de las que destaco la del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que en buena parte ha decaído, y por tanto la LOPDGDD.

Después, consolida la Jurisdicción única europea para lo que son esos “intereses”, creando un procedimiento único de softlaw, que será idéntico para toda la Unión.

¿Qué implicaciones prácticas tiene esa jurisdicción única?

Si hay jurisdicción única, ya no hay civil, penal, laboral contencioso o militar. Tenemos el Derecho de la Unión y el resto, que cada estado se lo organiza, eso sí como quiere.

Se ponen en marcha los canales de denuncia que deben tener obligatoriamente todas las Administraciones públicas y todas las empresas de más de 50 trabajadores. Y no sólo eso, esos buzones de denuncia deben ser auditados y gestionados por personas independientes, no vinculadas a la estructura jerárquica de la empresa o institución.

Finalmente se crea una autoridad de carácter nacional para la gestión del Derecho Europeo, que debería simplificar enormemente las estructuras burocráticas. Vacía de contenido desde la Agencia de protección de Datos hasta el Tribunal de Cuentas.

¿Qué es lo más revolucionario que tiene esa directiva?

Yo destacaría que es una absoluta novedad que EXPRESAMENTE incluya al poder judicial y la gestión, incluso de las sentencias, dentro de la norma, eliminando de un plumazo, aforados e inviolables. Pero lo que es más importante en temas judiciales de Derecho de la Unión, es que las fronteras han caído. Un ciudadano de la Unión, para un tema de Derecho de la Unión, puede poner la demanda en cualquier país de la Unión.

¿En que está ahora trabajando Josep Jover?

Bueno, (sonríe), el pasado no sirve para mucho; los abogados pasamos oposiciones cada día; y más en mi especialidad que es derecho “de frontera”. Permanentemente hemos de reformular y actualizar posiciones, intereses y objetivos, conforme va llegando nueva información.

Pero ya más en serio, hemos dedicado estos meses, desde la entrada en vigor de la Directiva el 17 de diciembre de 2019 a estudiar a fondo la normativa que ya es de aplicación, de la que han salido nueve dictámenes y que si hay alguien interesado los puede encontrar en nuestra web.

Asimismo, hemos hecho el primer curso de formación de Auditores/Instructores de los canales de comunicación y denuncia, en el que se han acreditado 28 alumnos. Y finalmente, desde la Asociación hemos diversos sistemas de canales de comunicación y denuncia acordes con la Directiva, junto con su sistema específico de auditoria. Cualquier empresa o institución puede demandar a cualquier socio de ASPERTIC que le instale dichos canales. Posiblemente seamos los únicos con personal formado, buzones adaptados a la normativa y herramienta de auditoría externa de las mismas.