El juez Joaquín Aguirre de Barcelona ha decidido no dar marcha atrás en la polémica investigación sobre la supuesta «trama rusa» en el procés independentista catalán a pesar de la ley de amnistía. A pesar de que la Audiencia de Barcelona ordenó el cierre de la instrucción, Aguirre ha encontrado una nueva vía para mantener viva la causa: ha abierto una pieza separada en la que se investiga a Carles Puigdemont por alta traición, un delito excluido de la ley de amnistía, y a otras 12 personas, incluyendo al expresidente Artur Mas.
Una investigación resiliente
El magistrado Joaquín Aguirre, conocido por su firmeza, ha decidido abrir una nueva pieza separada para agrupar las investigaciones sobre la presunta injerencia de figuras cercanas al Kremlin en el procés. Este movimiento llega tres semanas después de que la Audiencia de Barcelona ordenase la finalización de la instrucción, anulando un auto previo de agosto de 2023 que extendía la investigación.
Aguirre se apoya en la convicción de que el tribunal puso “objeciones técnico-procesales” a su investigación, lo que le ha llevado a buscar nuevas formas de proceder. En el nuevo auto, publicado por El Periódico de Catalunya, se menciona la implicación de Puigdemont y otros personajes destacados del independentismo catalán, como Artur Mas, Elsa Artadi, Francesc de Dalmases, y el abogado Gonzalo Boye.
Acusaciones de alta traición y malversación
La nueva causa, además de acusar a Puigdemont y Mas de alta traición, también los investiga por malversación. Estos delitos, particularmente el de alta traición, quedan fuera del alcance de la ley de amnistía recientemente aprobada, permitiendo así que la investigación continúe.
El juez Aguirre ha ordenado nuevas diligencias, incluyendo la revisión de los teléfonos móviles de los investigados, con el objetivo de encontrar pruebas adicionales que puedan sustentar las acusaciones. Además, se prevé que, una vez finalizada la instrucción, se remita una exposición razonada para que el órgano competente se haga cargo del caso, dado que algunos de los investigados, como Puigdemont y De Dalmases, son aforados.
La reactivación de la causa ha generado reacciones inmediatas y enérgicas. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha criticado la decisión del juez Aguirre, calificándola de “venganza sin escrúpulos ni vergüenza”. Según Turull, la causa es “inexistente” y una “fantasía inventada”.
El contexto de esta reactivación es complejo. La Audiencia de Barcelona había ordenado previamente cerrar la investigación, argumentando que todas las actuaciones desde agosto de 2023 eran inválidas. No obstante, Aguirre introdujo el delito de alta traición en enero de 2024, durante las negociaciones de la ley de amnistía, aunque este intento inicial fue bloqueado por la decisión de la Audiencia.
El Contexto de la Amnistía y la Trama Rusa
La ley de amnistía, que ya está en vigor, busca cerrar judicialmente diversos procesos relacionados con el procés independentista, pero excluye delitos graves como la alta traición. Esto ha permitido al juez Aguirre encontrar un resquicio legal para mantener abierta la investigación sobre la supuesta injerencia rusa.
Esta trama sugiere que personalidades vinculadas al Kremlin habrían intentado influir en el movimiento independentista catalán, ofreciendo apoyo logístico y político. La investigación pretende esclarecer hasta qué punto estas relaciones existieron y si influyeron en los eventos del referéndum del 1 de octubre de 2017.
La reapertura del caso tiene profundas implicaciones tanto políticas como jurídicas. Para Puigdemont y Mas, esto significa enfrentar nuevas acusaciones graves que podrían llevar a procesos judiciales prolongados y complejos. A nivel político, la insistencia del juez Aguirre en continuar con la investigación a pesar de las órdenes de cierre de la Audiencia podría ser vista como una muestra de la división y la tensión persistente en el sistema judicial español respecto al procés.
En el reino boubónico de España hay individuos que por haber aprobado unas oposiciones se creen por encima de la voluntad del pueblo expresada en el Parlamento.
El CPJ así como los tribunales Supremo y Constitucional deberían ser electos directamente por los ciudadanos. Todo lo demás es usurpación de la soberanía popular.
Jajajaja todavía hay gente que cree que en este país hay democracia. Eso ocurre porque la inmensa mayoría de la gente no tiene ni pajolera idea de lo que significa el término.
Muchos piensan que porque ahora pueden decir su orientación política o sexual somos un país democrático, esto es literal.
Lo que hace este juez si que es malversación de caudales públicos. Basta ya de lawfer para sus delirios e intenciones políticas. Si quiere hacer campaña política que se lo pague de su sueldo, que seguramente es muy alto.
Si no quieren cumplir y aplicar la ley, todos hacemos lo mismo y viva la Selva
¡A por ellos, oe!
Abren causas que no interesan a nadie, que se meta la amnistía por donde les quepa. Estoy amnistía hasta …. Y qué ocurre con la ESTAFA DEL SARACHO EN EL BANCO POPULAR hay más de 1,2 millones de ESPAÑOLES estafados y de esto ni se habla.
Es todo basura… jueces al servicio del mejor postor… en la MAFIOCRACIA que quiere establecer el PP.
Milei parece que conoce muy poco de la historia reciente de España.
Dice, Milei «no dejes que el socialismo te arruine» pues en España el MAYOR ESTAFADOR DE LA HISTORIA ES EL PP …EL ES UN PARTIDO QUE ARRUINA A LOS ESPAÑOLES..