En las próximas dos semanas el juez José Luis Calama Teixeira anunciará a través de un auto el cierre de la instrucción del Caso Banco Popular. Así lo ha adelantado el diario económico Expansión y confirma lo que Diario16 publicó el pasado 1 de febrero.
Sin embargo, la investigación se va a cerrar en falso, puesto que quedan muchos elementos para que profundicen tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía. Esto es muy importante, dado que se ha dejado fuera de la instrucción la determinación de las relaciones entre el despacho de cabecera de Banco Santander, presidido actualmente por el ilustre letrado Jesús Remón Peñalver o la implicación de dicho bufete en la declaración de inviabilidad que llevó al Popular a la resolución.
Desde el mes de octubre de 2021, no se saben a ciencia cierta las razones (o sí), el juez Calama dio un volantazo a su estrategia de instrucción y la convirtió en un verdadero despropósito porque dejaba de lado la investigación de las únicas causas por las que el Popular fue resuelto y vendido por un euro al Santander. Por el contrario, Calama decidió dar un giro inesperado a su instrucción para centrarse en elementos de años anteriores que nada tuvieron que ver con la resolución del 7 de junio de 2017.
Centrar la instrucción, como está haciendo Calama, en hechos sucedidos antes de la llegada de Saracho a la Presidencia de la entidad fue un gravísimo error porque no tuvieron incidencia sustancial y material en la solidez y vida del Banco, y por cantidades ajenas a su solvencia o liquidez, y para su negocio, como la valoración de las tasaciones, la cuantía de las provisiones, la supuesta, inconcreta y en todo caso irrelevante financiación a los inversores en la ampliación de 2016, o los supuestos defectos en el folleto de la ampliación de capital del mismo año; cuestiones que en nada pudieron influir en las decisiones de los citados accionistas, ni determinar la resolución del banco.
Casualmente, Calama va a cerrar la instrucción en el momento en que los informes periciales presentados en las últimas semanas y, sobre todo, cuando las declaraciones han mostrado que las pretensiones del juez rozaban la ilegalidad.
Primero fue la declaración de Jose María Sanz Olmeda, auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC), en la que se volvió a poner en evidencia que la estrategia de Calama es absolutamente errónea y que sólo va encaminada a cerrar la instrucción en falso para que los supuestos verdaderos culpables, tanto personas físicas como jurídicas, queden exonerados.
El auditor de PwC dio una lección en su declaración y defendió algo que es clave en este caso: las cuentas del Popular antes de la llegada de Saracho fueron correctas. Sanz Olmeda rebatió el informe pericial con intenciones retrospectivas ordenado a los inspectores del Banco de España por Calama y la Fiscalía respecto a las tasaciones y aseguró de manera contundente que los criterios contables que se utilizaban en el Banco Popular eran los mismos que PwC aplicaba a otras entidades financieras.
No podía faltar, evidentemente, una censura absoluta por el sesgo retrospectivo que se está aplicando en esta fase de la instrucción respecto a las tasaciones y la calidad de los activos. Sanz Olmeda se lo dejó muy claro a Calama: no cabe ninguna aplicación retrospectiva de la Circular 4/2016 del Banco de España. Por tanto, el Consejo de Administración de Banco Popular realizó una contabilidad correcta.
El auditor puso en duda la muestra de activos y la metodología utilizada por los peritos del Banco de España. Esta es la razón por la que se vaya a reclamar a Calama que llame a declarar nuevamente a los peritos para que aclaren tanto esos criterios como la muestra utilizada.
Los peritos del Banco de España también pusieron en evidencia al juez. En su último informe pericial fueron muy claros: «No se puede hacer ese ejercicio de simulación por no tener base regulatoria». Calama pretendía obligarles a hacer un informe que no se podía hacer porque es ilegal, algo que ya denunciamos en este medio hace meses.
Por otro lado, y esto es muy importante, lo que deja claro también el documento de los peritos del Banco de España es que Banco Popular no debió ser resuelto y que las cuentas de la entidad eran correctas. En la fecha de la resolución el Popular era solvente y viable con un valor patrimonial de 11.000 millones de euros. Entonces, lo que debe investigar Calama es las razones por las que se generó la crisis de liquidez que fue la única causa de la resolución y eso se produjo a partir del segundo trimestre de 2017.
Casualmente, Calama cerrará la instrucción después de la presentación del informe pericial de PwC en la que se demostraba que, en la etapa anterior a Emilio Saracho, Banco Popular elaboró sus estados financieros de acuerdo a las normas contables aplicables en cada momento. El documento de la auditora también demostraba que la entidad también cumplía con la normativa contable en materia de refinanciaciones.
El documento de la consultora señala con contundencia que el Popular no cambió sus políticas en materia de refinanciaciones entre 2013 y 2016. La Circular 4/2016 endureció los criterios y estableció criterios objetivos para identificar y clasificar a los refinanciados.
Además, dio un duro golpe al juez Calama al afirmar que este cambio de criterios no implica que lo anterior no fuera adecuado, pues simplemente estaba basado en el marco de referencia aplicable. Los cambios normativos se aplican de forma prospectiva, desde que entran en vigor. No modifican ejercicios anteriores, es decir, lo contrario que pretendía el instructor.
Rechazo a todo lo que afectaba a Saracho
Hay una fecha clave: octubre de 2021, tras la declaración de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), la alemana Elke König. A partir de ahí, Calama, de la mano de la Fiscalía (que en la Audiencia Nacional va tan unida a determinados intereses que parece un caro implante de pelo bien arraigado), perdió más de un año y medio de tiempo. Lo que es peor es que rechazara todas las diligencias que le solicitaron las partes para que siguiera investigando la época de Saracho y su relación con Uría y Menéndez.
En ese tiempo se presentaron escritos en los que se pidió a Calama que investigara las acciones realizadas por los abogados del despacho de cabecera del Santander desde febrero de 2017 hasta la fecha de la resolución. Calama se negó.
También se solicitó que se tomara declaración a esos mismos abogados para que expusieran en sede judicial lo ocurrido en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017. Calama también se negó, a pesar de contar con el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán en la que se denuncian graves irregularidades, presiones, coacciones y engaños por parte de Saracho y de los abogados del despacho presidido por Jesús Remón para que los consejeros aprobaran el envío al BCE de la carta que declaraba la inviabilidad del Popular.
El juez tampoco aceptó que se requiriera toda la documentación surgida del asesoramiento que Saracho contrató con el despacho de cabecera del Santander, incluidos correos electrónicos o actas de reuniones.
Por otro lado, Calama también rechazó los informes periciales presentados por la defensa de Ángel Ron y realizados por expertos y profesionales de prestigio probado como José Antonio Iturriaga, asesor senior del Fondo Monetario Internacional, que demostraban cómo la resolución de Banco Popular pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho.
La última prórroga de la instrucción fue sólo de tres meses y, una vez cumplidos, Calama no amplía el plazo a pesar de que queda mucho por investigar, sobre todo después de la pérdida de tiempo que ha provocado el giro de Calama y la Fiscalía. Esta decisión va a derivar en un cierre en falso porque, en realidad, en el último año se han negado a investigar los aspectos reales que provocaron la resolución y la ruina de más de 1,2 millones de personas. Esta es la Justicia que hay en España, una factoría de injusticias con el único fin de mantener la impunidad de los poderosos, entre los que destaca, evidentemente, Banco Santander.