En 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que presuntamente haría más transparente el sistema de justicia militar, instruyendo a las seis ramas militares estadounidenses a dar un acceso más amplio a los registros judiciales. Siete años después, el Departamento de Defensa dictó una serie de pautas sobre cómo los servicios deben cumplir con la ley, pero están muy lejos de la transparencia que pretendían los legisladores.
La consejera general del Departamento de Defensa, Caroline Krass, les dijo a los funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial en un memorando el mes pasado que en su mayoría podrían continuar haciendo lo que han hecho durante años: mantener muchos registros judiciales. secreto del público.
La ley de 2016 preveía un sistema de justicia militar que operara de manera muy similar a los tribunales federales, donde existe el acceso electrónico en tiempo real a expedientes, registros y presentaciones. Preocupado por la equidad y el secreto en el sistema militar, el Congreso quería que la ciudadanía tuviera un acceso similar a los registros de las cortes civiles para permitir un mayor escrutinio de cómo el ejército maneja los casos penales, en particular la agresión sexual.
En concreto, se exige la publicación oportuna de los registros judiciales “en todas las etapas del sistema de justicia militar… incluidos los procesos previos al juicio, posteriores al juicio y de apelación”.
Sin embargo, la guía del Pentágono, a la que Diario16 ha tenido acceso, recientemente publicada para que el sistema sea más abierto les dice a los servicios que no tienen que hacer públicos los registros hasta después de que finalice el juicio. Por tanto, les da a los militares la discreción de suprimir información clave del juicio. En los casos en que el acusado es declarado no culpable, la directiva parece ser aún más amplia: los servicios militares podrán mantener en secreto todo el registro de forma permanente.
A pesar de la ley de 2016, durante años el Pentágono permitió que los servicios militares decidieran cómo cumplir con la ley y el acceso público a los registros de las cortes marciales siguió siendo extremadamente limitado.
La guía permite que las fuerzas armadas retengan registros cuando el acceso público y el escrutinio suelen ser más importantes: antes y durante una causa penal. Según la nueva política, las fuerzas armadas no tienen que hacer públicos los registros hasta después de que se alcance un veredicto y se certifique el registro del juicio. La guía dice que los servicios pueden tardar hasta 45 días después de la certificación para publicar cualquier documento.
Incluso entonces, solo se debe presentar una parte limitada del expediente del juicio. Los servicios no tienen que proporcionar transcripciones o grabaciones de las sesiones del tribunal ni ninguna evidencia ingresada como prueba, de acuerdo con la guía del Pentágono. Y el Pentágono no considera ningún documento preliminar de la audiencia como parte del expediente del juicio.
En el ejército, hay un procedimiento llamado audiencia del artículo 32 para decidir si hay pruebas suficientes para un juicio. Bajo la nueva guía, los militares no tendrán que poner estas audiencias en el expediente, por lo que la ciudadanía ni siquiera sabrá que se están llevando a cabo.
Los registros del artículo 32 y otras audiencias preliminares dicen mucho sobre si el sistema es justo. Ahí es donde los ciudadanos pueden revisar y evaluar qué casos deciden procesar los militares.
La nueva guía del Pentágono también permite que las fuerzas armadas sellen permanentemente el expediente del juicio si el acusado es declarado no culpable. Esto también podría impedir una evaluación de la equidad. Por ejemplo, si se acusa a un general de agresión sexual y se le declara inocente, las fuerzas armadas no tienen que publicar ningún registro judicial sobre el caso, y el pueblo no podrá examinar cómo se resolvió el caso de un oficial de alto rango.
