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El PP más filibustero busca un choque institucional entre Congreso y Senado inédito en nuestra democracia

Los populares creen que pueden dinamitar la ley de amnistía desde la Cámara Alta, pero en realidad solo conseguirán retrasar la tramitación del texto legislativo

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análisis

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“¿Cree que gobernar consiste en vivir en la Moncloa?”, inquirió Feijóo a Sánchez, con mala baba, durante la sesión de control al Gobierno. Una pregunta algo surrealista, justo es reconocerlo, a la que el presidente respondió apretando el botón del ventilador: “Gobernar no es vivir en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda” (en alusión al affaire que persigue a la gran diva de las derechas españolas, Isabel Díaz Ayuso).

Y en esas estamos, en el habitual “y tú más” que suele aparecer cada vez que estalla un escándalo de corrupción en el bipartidismo. El sistema se está degradando a marchas forzadas, o mejor, lo están degradando entre unos y otros. Anulados los partidos emergentes, lo que queda es una denigrante estampa típicamente española: el goyesco duelo a garrotazos de siempre, el cainismo secular de liberales y absolutistas del que este país no consigue librarse y que, como una maldición bíblica, nos persigue desde hace más de doscientos años.

El último paso en el lento y progresivo proceso de degeneración de nuestra joven democracia lo ha dado el PP al anunciar el choque definitivo y final entre instituciones. En una decisión inédita desde 1978, el partido de Feijóo ha anunciado que piensa atrincherarse en el Senado para tratar de frenar la ley de amnistía. Instrumentalizar la Cámara Alta hasta convertirla en una herramienta más al servicio de la obstrucción o filibusterismo de un grupo político no es una buena idea. En primer lugar, porque pervierte el sentido del Estado de derecho. Y en segundo término porque el PP sabe que no conseguirá nada con ello, salvo retrasar unas cuantas semanas una ley que ya ha sido despachada por el Congreso de los Diputados. En nuestro sistema constitucional, el procedimiento de aprobación de las leyes está perfectamente establecido: el texto legal pasa el trámite del Pleno en el Congreso, se aprueba, se envía al Senado para su ratificación, se devuelve a la Cámara Baja y se publica pertinentemente en el BOE. No hay más. Con su intento de bunkerización del Senado, Feijóo solo conseguirá retrasar un par de meses el papeleo. Ni siquiera el desesperado recurso para que sea el Tribunal Constitucional quien dirima el conflicto de competencias entre instituciones le dará la razón a la derecha. La jurisprudencia es clara al respecto. Desde hace más de cuarenta años, en este país las leyes siempre se han aprobado de la misma forma y el protocolo no se va a alterar ahora solo porque los populares no hayan digerido aún su enésima derrota parlamentaria y babeen con el sueño húmedo de unas elecciones anticipadas que en ningún caso se van a convocar (tampoco por el fracaso del Gobierno en la aprobación de los presupuestos).

La ley de amnistía emana del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, y no hay mucho más que hablar. No hay ningún proceso constituyente encubierto, tal como en las últimas horas ha proclamado alguna que otra iluminada del PP; no hay ni prevaricación, ni corrupción política, ni ilegalidad alguna, tal como denuncian los patriotas conservadores de PP y Vox que ni siquiera se han leído nuestra Carta Magna.

Por supuesto que la oposición está en su perfecto derecho de promover un recurso de inconstitucionalidad si lo cree oportuno y necesario, faltaría más. La democracia consiste precisamente en eso, en poner en juego las armas legales que la Constitución facilita para alcanzar objetivos políticos. Siempre será mejor recurrir a los tribunales que organizar algaradas o aquelarres fascistas ante Ferraz o subirse a una excavadora y arremeter a palazos contra la sede del PSOE, como ha hecho ese joven exaltado de Almendralejo que ahora implora poder acogerse a la ley de amnistía como cualquier revolucionario catalán. El problema es que hasta el más hooligan de Génova sabe que todas estas bazas o balas a la desesperada tienen escaso recorrido. No parece que la mayoría de magistrados progresistas del Constitucional acepte convertir el Senado en la última trinchera del trumpismo de nuevo cuño, tal como ocurre en Estados Unidos, así que por ahí tienen poco que rascar. Por ese camino del filibusterismo, del bloqueo y del choque institucional entre las dos cámaras de las Cortes españolas, el PP conseguirá dilatar la aprobación de la ley de amnistía, pero al fin y al cabo el desenlace será el mismo. El texto será devuelto al Congreso, que puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros (obviamente, salvo que algún diputado se haga un Alberto Casero, errando torpemente en la votación, serán rechazadas), y en su caso levantar el veto una vez transcurridos dos meses (artículo 90.2 de la Constitución). Así que, con toda seguridad, la ley será remitida al presidente del Gobierno a los efectos de sanción y promulgación por el rey. No hay más historia.

De modo que todo este enfrentamiento entre letrados del Congreso y del Senado (los primeros a favor de la amnistía, los segundos en contra), toda esta guerra de dictámenes e informes (que por otro lado no son vinculantes, es preciso recordarlo una vez más) no es más que ruido, pataleta y propaganda para la agitación social bien amplificada por los medios de la caverna mediática. Como tampoco parece tener demasiado futuro esa amenaza que Feijóo ha lanzado hoy contra el presidente del Gobierno, en medio de la sesión de control, al advertirle de que si vuelve a negarse a dar explicaciones sobre el caso Air Europa promoverá una investigación contra él, “parlamentaria seguro y judicial también, si es necesario”. La pasada semana, la propia Oficina de Conflictos de Intereses archivaba esa denuncia contra Sánchez, a quien la oposición acusa de no apartarse de oficio del Consejo de Ministros en el que se acordó el rescate de la compañía pese a que presuntamente conocía los supuestos vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea. En principio caso cerrado. Pero nada se ajusta ya a un patrón lógico: el ruido propalado por las derechas sigue ensordeciendo la vida pública de este país para degradación de las instituciones y desafección de la ciudadanía.

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