El Fondo Complementario de Riesgos que fue creado por el Govern con el objetivo de cubrir aquellas fianzas que se exija a cualquier trabajador por el cumplimiento de sus funciones, está ahora mismo bajo análisis.
El Tribunal de Cuentas, que no ha tenido muy claro si debe o no debe aceptar las fianzas presentadas en la investigación que se está haciendo a diferentes trabajadores y altos cargos de la Generalitat, ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que se pronuncie al respecto.
La clave, según señalan los expertos juristas, se encuentra en el principio de indemnidad, que supone, en base a la propia jurisprudencia asentada por el Tribunal Constitucional, que "ningún servidor público pueda verse perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo que ocupa".
Sobre esta cuestión precisamente versa una de las preguntas que plantea el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado. Quieren que resuelva sobre el hecho de si, tal y como señala el decreto de creación del Fondo, al referirse a este principio, "la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables" se encuentra amparada por este Fondo, o si sólo se puede admitir en casos en los que que no concurra la imputación por hecho doloso o con culpa grave.