España es ese país donde todos se creen el presidente del Gobierno. El líder de la oposición, la lideresa de una comunidad autónoma, el jefecillo del partido de su pueblo, el presidente de la comunidad de vecinos, el presentador de una radio ultra y hasta el sursuncorda, todos se sienten inquilinos de Moncloa. Pero es que además existe una casta funcionarial (no metemos aquí a todos los empleados públicos en el mismo saco, la mayoría son honestos) que piensa que su carguete les faculta para estar por encima de la ley. Los jueces y los fiscales, un suponer. Estamos hablando de simples funcionarios al servicio del ciudadano, de profesionales pagados con el dinero de los contribuyentes que están para aplicar las leyes que va aprobando el Parlamento, no para moldearlas a su antojo. En teoría deberían limitarse a hacer su trabajo, conforme a la legislación vigente y al sentido común, y punto. Sin embargo, les gusta meterse en política, maniobrar, muñir, conspirar individualmente o en grupo, dando lugar a la casta de la que hablábamos antes.
A menudo los detractores de la ley de amnistía suelen poner un mal ejemplo para reforzar su opinión. ¿Qué pasaría si el Parlamento tramitara una ley de pena de muerte o el retorno a la esclavitud?, se preguntan como si hubiesen descubierto el fuego. Pues muy sencillo señores, que esa normativa siniestra sería recurrida por la izquierda (estas cosas salvajes siempre las propone la derecha, así que no se cuelguen medallas) y pertinentemente tumbada por el Tribunal Constitucional. Maquinar en la sombra para reventar un texto o iniciativa legal nunca puede ser propio de un sistema democrático, sino más bien cosa de regímenes bananeros, autoritarios y cloaqueros. Hay que seguir los trámites, los procedimientos, las reglas del juego.
Sin embargo, una vez más, un grupo del cuerpo de funcionarios del Estado se erige en soberano para interpretar las normas a su antojo y decirle a la sede de la soberanía nacional cómo aplicar una ley, en qué términos y cuándo. En los últimos días, jueces y fiscales han llevado a cabo movimientos en ese sentido. Los primeros difundiendo una guía contra la amnistía a través del correo electrónico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según publica La Vanguardia. Más de 5.000 jueces en activo recibieron este documento el pasado lunes, un folleto o prospecto elaborado por una supuesta plataforma cívica por la independencia judicial. Los salvapatrias de siempre, esta vez disfrazados de juristas. La guía facilita formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales sobre la amnistía al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para así paralizar la norma, que se aprobó definitivamente el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Hace poco más de un mes, a principios de abril, la guía “antiamnistía” se difundió en un chat corporativo de jueces y creó polémica entre los magistrados. Para empezar, los chats los carga el diablo y cabría preguntarse qué demonios hacen esos magistrados jugando a la maquinita como adolescentes (o como aquellos reservistas jubilados de la XIX promoción de la Academia General del Aire que se divertían soltando chistes sobre fusilamientos y golpes de Estado en un canal privado). ¿Acaso no tienen nuestros jueces expedientes atrasados y pendientes de resolución amontonados en un rincón de sus despachos? Ahora entendemos por qué hay tanto atasco en la Oficina Judicial. Recursos, se quejan amargamente, nos faltan recursos humanos y materiales. Qué va, hombre, lo que hay es demasiado tiempo libre para dedicarse a lo que no toca, a montar manifestaciones contra el sanchismo y sabotajes contra leyes legítimamente emanadas del pueblo.
Sin duda, estos jueces están jugando a políticos, pasándose a Montesquieu por el arco de triunfo. Una cosa es que se impartan instrucciones concretas para aclarar a los diferentes titulares y suplentes de los órganos jurisdiccionales cómo se debe aplicar la futura ley de amnistía (resolviendo dudas) y otra muy distinta que planifiquen rutinas, artimañas y resquicios para boicotear esa ley, lo cual sería tanto como participar en un caso flagrante de lawfare o guerra sucia judicial. No hace falta decir que algunas de estas cabecitas febriles que fantasean con ser ministros de Justicia algún día se están jugando la prevaricación, aunque obviamente no serán acusados de nada porque vivimos en una democracia laxa de baja intensidad que lo consiente todo, hasta que la extrema derecha se enquiste en los resortes más profundos de nuestras instituciones.
Y por otro lado están los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés, que en los últimos días también se han levantado en armas. Estos se han permitido advertir al fiscal general del Estado (esto antes no pasaba, un fiscal que osaba advertir algo al jefe era inmediatamente fulminado por el principio de jerarquía y autoridad) de que la orden de detención contra el expresident catalán, Carles Puigdemont, no puede ser anulada por la amnistía y que tampoco ven viable aplicar la norma al delito de malversación. Es decir, ya se han proclamado ellos magistrados del Constitucional por una quinta o sexta vía de promoción y ascenso en el escalafón que no existe. Lógicamente, la revuelta ha tratado de ser apaciguada, inútilmente, por Álvaro García Ortiz.
En las dictaduras suele regir el régimen del ciudadano vigilado, o sea el Estado parapolicial (según la RAE,una organización que realiza actos ilegales y funciones propias de la policía al margen de esta). Aquí rige el Estado parajudicial y basta cambiar la palabra policía por la de Justicia para que la definición nos valga de idéntica manera. Es más elegante de cara a la galería, pero igual de perverso para la democracia. Si el PP considera que la ley de amnistía es ilegal, porque incumple con preceptos inconstitucionales, tal como dice Feijóo citando supuestos informes de los letrados del Senado y del Congreso, que la lleve al Constitucional (ya lo ha hecho Ayuso por él, puenteándolo) y que se deje de gaitas, manifestaciones y conspiraciones palaciegas. El Alto Tribunal se pronunciará como hace siempre, habitualmente con acierto, ya que en ese edificio de aspecto monolítico están las personas que más saben de este país sobre la Constitución del 78. Por tanto, cada cosa en su ámbito, cada cual en su sitio. Pero que deje la derecha de malmeter con sus peones judiciales, esa casta que ya trabaja en la sombra como un Club Bilderberg con toga.