En una reciente carta dirigida al Gobierno, un interno de ETA solicita un cambio de grado en su régimen penitenciario y asegura: “En aquel verano abandoné la organización por motivos éticos. Ya me era insostenible la tensión interna que sentía por la contradicción entre el renovado valor primordial que le daba al derecho a la vida de las personas y las sangrientas acciones de las cuales yo también fui partícipe (…) Ya no quiero ser representado por ningún grupo que me relacione con mi pasado violento, ni quiero ser un símbolo de nadie. Hoy puedo afirmar y quiero informarles de que ya no pertenezco al colectivo de presos EPPK. Lo he dejado de forma pública y notoria. Quiero tomar las riendas de mi vida, responsabilizarme tanto de mi pasado como de mi futuro y rehacer mi vida con mi pareja y nuestros hijos. Ruego se me trate como a una persona renovada”. En otro tiempo, este tipo de cartas de renuncia a la violencia hubiese sido causa de “depuración” o purga, tal como le ocurrió a Yoyes en 1986. Hoy, cualquier preso manifiesta su opinión libremente sin que caiga sobre él una sentencia de muerte.
Según el último informe del colectivo de presos de ETA, hay 134 reclusos de la banda en las cárceles de Euskadi y Navarra, 8 en las de Francia, 17 huidos en el extranjero y 4 deportados en Venezuela, Cuba y Cabo Verde. Muchos de ellos llegaron a pensar que se beneficiarían de algún tipo de amnistía como la que liberó a 447 presos norirlandeses tras los Acuerdos de Viernes Santo; o de un gran acuerdo como el de desmovilización en Colombia, donde más de 13.000 guerrilleros de las FARC regresaron a la vida civil tras entregar las armas. Pero no hay nada de eso, ni siquiera en el más lejano horizonte. ¿Puede esa gente frustrada revertir el proceso de paz avivando la llama de un retorno a la lucha armada? No parece.
El pasado mes de enero, decenas de miles de personas, unas 20.000 según la Policía Municipal, se manifestaban en Bilbao pidiendo la aplicación de la política penitenciaria del tercer grado y los permisos ordinarios para los presos de ETA que aún quedan en las celdas. La marcha estuvo encabezada por una pancarta bajo el lema Konponbiderako Giltzak (Llaves para la resolución). Según las encuestas, la solución “Paz por presos” ha sido siempre un presupuesto aceptado por la opinión pública vasca. Un 45 por ciento de los encuestados por el Euskobarómetro son partidarios de una reinserción sin excepciones, pero entre un tercio y un cuarto la rechazan y casi otra cuarta parte la limita a presos sin delitos de sangre. Las medidas previstas por el Gobierno Vasco en su Guía para promover políticas de paz y convivencia en el ámbito local no dejan de ser un elenco teórico de escasa eficacia: más allá de la burocracia política, sigue estando latente el dolor de la víctima y el resentimiento del verdugo.
Sea como fuere, la situación carcelaria de los reclusos se ha convertido en una patata caliente para el Gobierno, para este y para el que venga en el futuro. Con ETA derrotada desde hace años, buena parte de la sociedad vasca reclama indultos y perdón para los condenados como forma de seguir restañando heridas. Ahora bien, ¿se puede perdonar a un sanguinario terrorista con decenas de asesinatos a sus espaldas? La promulgación de la Ley de amnistía a los independentistas catalanes implicados en el procés ha abierto una falsa rendija para los presos, que confían en beneficiarse de medidas de gracia similares. Todo ello mientras en algunas localidades vascas se siguen celebrando los tristemente célebres ongi etorri, actos de exaltación del etarra de turno que regresa a casa tras cumplir su condena. Sólo en 2017 se llevaron a cabo setenta y siete de estos aquelarres proselitistas de la violencia más cruel. La finalidad de estas aberrantes fiestas de homenaje organizadas a mayor gloria del considerado gudari (soldado o guerrero de la patria vasca) es, según la Fiscalía, “mantener viva la idea de que los métodos violentos de ETA siguen siendo válidos”. Es decir, hay una peligrosa llama de aquella guerra todavía encendida en algún lugar del viejo caserío. “Cuando el etarra Ibai Aginaga entró en el frontón de Berango (Bizkaia) el 13 de marzo de 2022, solo unas horas después de salir de la cárcel, se encontró con que cerca de 250 personas lo recibían como a un héroe. El terrorista atravesó un pasillo de honor formado por varios asistentes, mientras el público rompía en aplausos, ondeaba banderas y coreaba consignas en apoyo a los presos de ETA con gritos como “¡La lucha es el único camino!”, “¡Presos a la calle, amnistía total!” y “¡Dale duro hasta la victoria!”. Así lo cuenta el diario El País en un reciente reportaje sobre la situación de los presos.
El enaltecimiento de terroristas sigue siendo una ignominia que se repite con relativa frecuencia, y con impunidad, en ciertos sectores de la sociedad vasca. Un macabro ejercicio político que humilla a las víctimas y aumenta su dolor. Otra piedra en el camino hacia la reconciliación definitiva y total, ese lejano objetivo que, pese a los pasos dados, sigue antojándose una utopía. Durante años, funcionó la política de la dispersión, es decir, el sistema de distribución de los presos en diferentes cárceles españolas para evitar cualquier tipo de comunicación entre ellos. Más tarde, y como gesto de buena voluntad del Estado español en medio de procesos negociadores para lograr el final de la violencia en Euskadi, se pasó a la política de acercamiento a prisiones vascas, también con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, que trasladaron a más de 800 internos a centros penitenciarios locales, de ellos 574 cuando ETA aún mataba. Sin embargo, el PP sigue haciendo demagogia política con este asunto para tratar de erosionar al Gobierno, al que acusa de preparar una amnistía también para condenados por delitos de sangre. Una mentira más que viene a poner otro palo en la rueda en el difícil camino hacia la normalización. En realidad, el Gobierno Sánchez en ningún momento ha dejado de cumplir la ley penitenciaria en vigor ni ha dado trato de favor alguno a los condenados que aún siguen entre rejas. Es más, la Justicia continúa haciendo gestiones para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. La última hace solo unos días, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió procesar a los exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA José Javier A.R., alias Kantauri; Miguel A.I., Mikel Antza; María S.I., Anboto, e Ignacio G.A., Iñaki de Rentería,por el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. En su auto, el magistrado procesa a los cuatro exmiembros de la cúpula etarra por delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía al considerar que, como responsables de la organización, pudieron haber impedido el asesinato, pero no lo hicieron, lo que evidencia “una voluntad inequívoca en la producción del resultado”.
El proceso de paz debería ser independiente a los cauces abiertos por los tribunales, pero las presiones de la izquierda abertzale (socio del Gobierno) para abordar el asunto de una hipotética medida de gracia son cada vez más fuertes. Al mismo tiempo, la derecha española se opone a cualquier tipo de avance en este sentido. Un crimen nunca debería quedar impune, ni siquiera como excusa para alcanzar la paz, una paz que no puede existir sin justicia. Y en esa tesitura nos encontramos. ¿Qué hacer con los presos? ¿Puede poner en riesgo la actual política penitenciaria todo lo que se ha avanzado? ¿Es posible que ese mundo endogámico sienta la tentación de volver a convertirse en un actor influyente por la fuerza de las armas? Resulta difícil creer que el proceso de paz pueda verse truncado. “Como estaba previsto, ETA se despidió reivindicando esa historia. Sin embargo, la izquierda abertzale oficial preferiría una hoja en blanco para escribir el futuro, que supusiese también una superación del recuerdo de lo ocurrido”, asegura Antonio Rivera. Además, el historiador llega a afirmar que “si un día alguien interpretara que habían regresado las causas (u oportunidades) para volver a la violencia, el terreno se encontraría abonado porque la sociedad y sus instituciones no han hecho lo debido para asentar una cultura democrática que destierre para siempre el recurso al terrorismo”.
Como ese niño que sigue creciendo, la sociedad vasca está aprendiendo a vivir en paz y en libertad. ¿Hay reconciliación plena y total? Todavía no. Pero se ha pasado página, lo cual no es poco. ETA es un mal recuerdo del pasado, un fracaso como proyecto político por medio de las armas. Nadie en su sano juicio quiere volver a los años del plomo. Al menos no a día de hoy. Con el actual sistema democrático, la izquierda abertzale ha alcanzado cotas de poder, a través de las urnas, con las que jamás pudo soñar. Queda mucho camino por recorrer, por supuesto. Y estaciones de paso de obligado cumplimiento como una condena explícita de ETA por parte de Bildu –sin ambages, sin eufemismos, sin artificios retóricos– que no termina de llegar. Mientras quienes apoyaron a los pistoleros no den ese paso, la paz definitiva y completa en Euskadi no será más que una hermosa palabra.
La Iglesia católica está detrás de todos los separatismos y terrorismos.