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Evasivas y retrasos en la entrega de datos: así oculta la Iglesia española los casos de pederastia

La Fiscalía reprocha la falta de respuesta de la Conferencia Episcopal a la hora de aportar información sobre los episodios detectados

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análisis

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Según las investigaciones oficiales, hasta el día de hoy han salido a la luz 910 casos de abusos a menores en la Iglesia católica española que han dejado un dramático reguero de 1.741 víctimas contabilizadas. La mayoría de estas historias provienen de denuncias de particulares que se atreven a dar el paso de ir a los tribunales o investigaciones de la prensa. Todo apunta a que estamos ante la punta del iceberg de un inmenso escándalo que se prolongó durante décadas y que la curia vaticana y nacional encubrió miserablemente. Y pese a que la cifra pueda poner los pelos de punta, España sigue apareciendo como uno de los países donde menos casos se han detectado. ¿Simple casualidad o es que quizá se siguen ocultando los delitos? La Conferencia Episcopal insiste en que en nuestro país los casos son muy pocos en comparación con otros estados occidentales y aunque el papa Francisco dio órdenes tajantes de que se investigara hasta la última denuncia, tirando de la manta y desempolvando las alfombras, lo cierto es que la Justicia se está encontrando con serios obstáculos a la hora de llegar a la verdad.

Las diócesis españolas siguen sin informar de los casos

Ayer mismo se supo que la Fiscalía General del Estado reclamará en los próximos días a las entidades y congregaciones religiosas que le envíen datos sobre abusos a menores ante la falta de respuesta de la Conferencia Episcopal y la “escasísima información” recibida de las diócesis, según informa EFE. El Ministerio Público solicitó información sobre abusos sexuales a menores a las 70 diócesis españolas, pero solo han contestado la mitad y la mayoría con evasivas.

Se dirigió a ellas el pasado noviembre y solo han respondido 29 de las 70 diócesis, según ha manifestado este jueves el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Comisión de Justicia del Senado. García Ortiz ha recordado que el año pasado abrió un expediente de coordinación para hacer un seguimiento de los casos no prescritos en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Conferencia Episcopal ha asegurado que ha remitido a la Fiscalía todas las denuncias o testimonios de abusos a menores de los que ha tenido conocimiento y ha garantizado que su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer todos los casos es “absoluta”.

En junio, un representante de la Conferencia Episcopal les remitió un escrito que reproducía la investigación realizada por el diario El País sobre los abusos sexuales en la Iglesia, pero cuando la Fiscalía pidió a los obispos que le informaran de los casos de los que tuvieran conocimiento, respondieron que no envían nuevos datos, “alegando que las oficinas de asistencia a la víctima de cada diócesis tenían personalidad jurídica propia y que no tenían competencia sobre las mismas”.

Ante esa respuesta, la Fiscalía se dirigió a cada una de las setenta diócesis, recordándoles además su obligación legal de poner en conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad sexual de un menor de edad. Pero solo han contestado 29 y con “respuesta de modelo”, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales, denuncia García Ortiz.

Según explicó el fiscal general, a la vista de “la escasísima información recibida”, se va a remitir un oficio a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal “para recabar datos sobre abusos de los que la fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”.

Junto a esta investigación, ha recordado que la Fiscalía participa en la comisión de expertos creada por el Defensor del Pueblo para elaborar un informe sobre las denuncias por estas agresiones sexuales, marco en el que estudian cómo reparar a las víctimas en los casos en los que los hechos han prescrito y los autores han fallecido.

Ese estudio, ha apuntado, analizará los referentes internacionales y autonómicos con el objetivo central de “dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”.

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